Esquerra Republicana se ha quedado sola defendiendo el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, por la polémica sobre la promesa electoral de Campuzano con el alcaldable de ERC en Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, de la construcción de una segunda residencia. La oposición, en dos mociones de Junts y PSC para reprobar el consejero, ha acusado los republicanos de utilizar las instituciones para objetivos electorales, mientras que desde ERC lo han negado y considera que Campuzano el que hizo es «explicitar las condiciones que el Gobierno de la Generalitat se exigirían a la administración municipal para poder concertar estas plazas, ganara quién ganara las elecciones».
Junts y PSC encabezan la opa en el Gobierno
El PSC considera «impropio» el hecho de «vincular la victoria de ERC a la construcción de una segunda residencia en Santa Coloma de Gramenet». Su diputado Raül Moreno asegura que es un «hecho muy grave» y más «teniendo en cuenta su experiencia». «Es un uso indebido del cargo de Muy Honorable consejero», considera Moreno, que opina que Campuzano no puede ir «repartiendo residencias en función del municipio en cuestión». «Es un claro menysteniment a la institución», afirma Moreno, quien critica que los republicanos «negaran» a incorporar la residencia en los presupuestos de la Generalitat y quiera que lo pague el ayuntamiento.
Junts ha criticado, en la misma línea del PSC, que se «condicione decisiones gubernamentales a unas elecciones». «La Generalitat no puede hipotecar infraestructuras y residencias a resultados electorales del país», opina su portavoz, Mònica Sales, quien cree que es «inaceptable para los ciudadanos del país». Con esto, los otros grupos parlamentarios, desde Vox hasta la CUP, han ido en la misma línea, acusando el Gobierno de utilizar las instituciones por hasta electorales.
ERC y el Gobierno se quedan solos
Por su parte, Esquerra ha criticado que «se quiera utilizar el pleno para intentar hacer campaña electoral». Así lo ha explicitado su portavoz, Marta Vilalta, mientras que el diputado Jordi Orobitg ha explicado que el que hizo el consejero de Derechos Sociales es «explicitar las condiciones que el Gobierno de la Generalitat se exigirían a la administración municipal para poder concertar estas plazas, ganara quién ganara las elecciones». Así mismo, ha negado que la residencia estuviera vinculada a la victoria de Esquerra y también ha acusado la oposición de electoralismo.
De hecho, Orobitg ha acusado los junters de «no tener vergüenza», puesto que es afirma que es un mecanismo que ha utilizado su espacio político. «El señor Santo Vila vino en Lloret con una autopista bajo el brazo diciendo que si ganaba Convergència se ejecutaría esta autopista», ha explicado Orobitg en sede parlamentaria.
La consellería de Derechos Sociales, en su momento, se defendía que la construcción de la residencia “tiene que ir a cargo del Ayuntamiento y, una vez esté construida, se estudiará la concentración de plazas o el convenio por parte de la Generalitat”. “La voluntad de reducir la lista de espera y, por lo tanto, atender el máximo número de personas posible es la única motivación del consejero en esta declaración”, aseguran.
