El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles en la comisión de Territorio y Vivienda el acuerdo entre PSC, Esquerra Republicana, Comuns y CUP para regular el alquiler de temporada. El objetivo es que los propietarios no utilicen el resquicio legal para esquivar los topes al precio del alquiler fijados por ley. No obstante, la nueva ley de vivienda no se podrá votar en el pleno de la próxima semana, como acordó la Junta de Portavoces, porque el PPC ha anunciado que llevará la norma al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Aunque el dictamen del Consejo de Garantías no es vinculante, la ley no se podrá someter a votación de la cámara catalana hasta que haya un pronunciamiento del CGE.
El Parlamento aprobó en abril el decreto del Gobierno de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo. A cambio de recibir los apoyos necesarios, el ejecutivo acordó con los otros tres grupos de izquierda tramitar el texto como proyecto de ley para poder regular el alquiler de temporada. El pacto define como vivienda permanente la que se destina a satisfacer la necesidad de vivienda “con independencia de su duración” con el objetivo de evitar que se utilicen contratos temporales para esquivar los topes al precio del alquiler.
La nueva ley pactada por las izquierdas especifica que se aplican unas normas diferentes a las viviendas que tienen una finalidad “exclusivamente recreativa, de vacaciones o de ocio” y añade que “esta causa o finalidad debe constar en el contrato”. El texto aprobado dice que, incluso cuando haya una finalidad acotada a un tiempo, como puede ser un alquiler vinculado a razones profesionales, de estudios o asistencia médica, «se aplicarán las normas de los arrendamientos de vivienda relativas a la fianza, garantías y a la determinación de la renta». Así pues, solo quedan fuera de la regulación de las viviendas permanentes aquellas que realmente sean alquileres temporales vinculados a usos recreativos y turísticos. Y será necesario que los propietarios lo acrediten.
Así quedan el alquiler de habitaciones y la protección oficial
En cuanto al alquiler de habitaciones, la norma fija que la suma de rentas de una misma vivienda, aunque sea a través de contratos diferentes, «no puede sobrepasar» la renta máxima aplicable a la vivienda. Es decir, la suma de los alquileres de las diferentes habitaciones nunca podrá sobrepasar el tope del precio del alquiler de la vivienda. Otro de los aspectos que regula la nueva ley hace referencia a las viviendas de protección oficial. En este caso concreto, se establece que los plazos de vigencia de las calificaciones se prorrogarán “obligatoriamente” cuando estén en una zona de mercado tensionado con la intención de evitar que los pisos protegidos en estas zonas acaben en el mercado libre al cabo de unos años.
El frente común de las izquierdas
Durante el debate en comisión, la diputada y portavoz de ERC en el Parlamento, Ester Capella, ha celebrado que se “repare” la vulneración de los derechos de los ciudadanos y se dé un paso más para acotar el mercado “salvaje” de la vivienda. “Estamos aquí para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y no para garantizar la especulación”, ha subrayado durante su intervención. La diputada de los Comuns Susanna Segovia, por su parte, ha dicho que es “urgente” regular el alquiler de temporada y que entre en vigor a partir de la próxima semana. Finalmente, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha dicho que esta ley es un “primer paso” para avanzar en el derecho a la vivienda, pero ha admitido que no lo logra. “Hace falta más trabajo, pero es un paso adelante necesario”, ha insistido.
En cambio, Glòria Freixa, de Junts per Catalunya, ha criticado que las políticas en vivienda estén “comandadas” por los Comuns y ha denunciado que se ha legislado “por la puerta de atrás” sin escuchar al mundo municipal. Finalmente, la diputada del PPC Àngels Esteller ha pronosticado que la nueva ley “acabará hundiendo” el mercado de la vivienda en Cataluña y ha calificado la proposición de ley de “ataque” a la propiedad privada. Además, ha afirmado que regular el alquiler de temporada es “inconstitucional” porque, según ha dicho, es competencia del Estado español.
