La oficialidad del catalán ha vuelto a chocar con las reticencias de varios países de la Unión Europea. En esta ocasión el principal escollo para desbloquear la presencia del catalán a los organismos comunitarios ha sido Finlandia. Así, el ministro de Asuntos Europeos del país escandinavo, Anders Adlercreutz, ha asegurado este martes que la «principal preocupación» de su país sobre la oficialidad del catalán, el eusquera y el gallego en la UE son las «repercusiones» que pueda tener en sus lenguas minoritarias. Hay que apuntar que el ruso es la tercera lengua más hablada dentro de Finlandia. A la llegada a la reunión de ministras en Bruselas, Adlercreutz ha asegurado que la principal preocupación de Finlandia es «hacia donde puede conducir» la posible oficialidad de las tres lenguas. Todo y esta excusa sobre los idiomas, hay que apuntar que el partido que gobierna Finlandia es el Partido de la Coalición Nacional, considerado de centroderecha y que está afiliado al Partido Popular Europeo.
A la llegada a la reunión, el ministro finlandés ha remarcado que su país está «abierto» a estudiar la propuesta y ha añadido que hay que esperar a ver «como va» la discusión de este martes. «Entendemos la necesidad. He vivido en Cataluña y entiendo la situación lingüística, pero cuando tomamos una decisión tenemos que mirar hacia donde nos conduce», ha sentenciado Adlercreutz. Por su parte, la secretaria de estado del ministerio de Exteriores de Rumanía ha apuntado que la petición española tiene «muchas dimensiones», principalmente jurídicas, financieras y de traducción. «El que ha hecho hasta ahora España es presentar todos los pasos para dejar claro que no creará un precedente y sobre la determinación de financiar las traducciones. Son argumentos suficientes para apoyar», ha subrayado Grigore.
El gobierno español culpa el PP del bloqueo del catalán
Por otro lado, el gobierno español ha responsabilizado al PP del bloqueo en la oficialidad del catalán, el eusquera y el gallego en la UE. A la llegada a la reunión de ministras de Asuntos Europeos donde se expondrán los argumentos políticos y legales para la oficialidad de las tres lenguas, el secretario de estado para la UE, Fernando Sampedro, ha asegurado que el hecho que el PP rechace apoyar a esta iniciativa hace que países gobernados por populares, como por ejemplo Finlandia, le apoyen a la propuesta.
Además, Sampedro ya ha avanzado que el gobierno español enviará más documentos a los diferentes socios comunitarios en caso de que sea necesario para intentar convencerlos, tal como ya hizo con el memorándum antes del encuentro de este martes. A la vez, el secretario de estado ha añadido que el texto «demuestra que es una propuesta sólida y legítima» y que la petición responde a la «identidad nacional» y «cultura» de España. «El mensaje que enviamos es que España no abandonará la reivindicación», ha dicho.
Según ha indicado Sampedro, hay una «comprensión» por parte de los socios europeos sobre los argumentos aportados por el ejecutivo español, pero hay «resistencias políticas» por parte de los gobiernos populares. En este sentido, ha apuntado que el apoyo del PP a la propuesta «facilitaría» su aprobación porque gobiernos populares también le apoyarían. La petición de oficialidad necesita la unanimidad de los 27 para salir adelante.
¿Qué dice el memorándum?
Este memorándum que el estado enviaron a los 26 otros países de la UE se centra en argumentos legales y políticos que defienden la oficialidad del catalán, el gallego y el eusquera. El documento asegura que es «perfectamente viable» tener legislaciones autonómicas y locales que se adoptan en lenguas cooficiales «aunque no sean las lenguas propias de la Constitución» y que no hace falta que sean «lenguas de los tratados» para ser reconocidas como oficiales en la UE.
A la vez, el texto recuerda que la UE tiene que «respetar la identidad nacional de los estados miembro» y que, en el caso de España, esto incluye «la diversidad lingüística». «El catalán, el vasco y el gallego son lenguas cooficiales con profundas raíces históricas, un gran número de hablantes y un lugar en nuestra Constitución». En este sentido, el ejecutivo español afirma que tiene la obligación de «proteger los derechos lingüísticos» de sus ciudadanos y que esto «se extiende a todas las esferas, también a la europea».
