Miquel Salazar (Barcelona, 1956) es un licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en Función Gerencial en Administraciones Públicas por ESADE que lleva años y años manejando las finanzas públicas y las concertadas, a través de diversos cargos en la administración. Tiene un currículo extraordinario desde que tomó posesión como funcionario de la Diputación de Barcelona en 1983. Una trayectoria laboral que lo hace ideal para el cargo para el que fue designado, síndic mayor de la Sindicatura de Comptes, el 15 de marzo de 2022. Es miembro del pleno de esta institución desde el 3 de septiembre de 2013. Por si todo este bagaje no fuera suficiente, Salazar es un conversador extraordinario, plástico y con un uso hábil del sujeto y predicado que hace entendible la tarea de explicar lo que hace la institución que representa: fiscalizar las finanzas públicas y, sobre todo, alertar de lo que no se hace bien o que, simplemente, se puede mejorar. Su figura y la institución son el mejor antídoto contra las mentalidades y las inercias que pueden debilitar un sistema público transparente, fuerte y respetado.
Permítame una primera pregunta sobre un tema que me tiene intrigado: según usted, ¿uno de los modelos a seguir sobre cómo debe ser una Sindicatura de Comptes es Nueva Zelanda?
Sí.
¿Y eso?
Bueno, los modelos a seguir son todos los de estados democráticos porque tienen varias premisas. Una es la transparencia, la otra es el sentido de la fiscalización como crítica de lo que haces mal sin tener una sensación de que van contra ti, de reproche. Es decir: «Escucha, esto está mal y lo tenemos que resolver». Y eso es Nueva Zelanda, es Australia, es Canadá, el Reino Unido o Luxemburgo. Todos en general tienen esa cultura de decir qué es fiscalizar.
No sé si será casualidad o no, pero, por ejemplo, cuando estudias un poco la historia de las agencias tributarias, estos estados que usted mencionaba primero son muy colaborativos. Es decir, confían mucho en la gente.
Sí, porque hay un tema, que es la reputación, que también nos debería preocupar.
Hay una corresponsabilidad entre administrado y administrador.
Sí. Pero nosotros somos latinos. Somos más individualistas y nos cuesta más creer en lo común. Los protestantes, o los nórdicos, o los frugales, como se llaman a sí mismos, tienen un sentido más comunitario de la sociedad. Y, por tanto, eso hace que, por ejemplo, un latino siempre mire la agencia tributaria con recelo.
¿Les temen cuando van a supervisar un organismo?
Creo que no. Pero sí que somos un estorbo. Sí, lo notas. Nuestra cultura no es de fiscalizarnos. No nos engañemos. Uno, cuando quiere ser exigente, también debe dejar que lo controlen. Y, al final, nosotros trabajamos para el Parlamento, que entre sus tareas se encuentra la de controlar el ejecutivo. Por eso, no solo debemos hacer el informe sino que debe entenderse bien. También hay a quien le gusta que vayamos. Fiscalización es más transparencia y, por tanto, más democracia y más seguridad jurídica. Y menos arbitrariedad.
¿Qué entendemos por fiscalizar?
Fiscalizar es, por mandato del Parlamento, observar la acción del gobierno y decir aquellas cosas que, desde muchos puntos de vista y no solo uno, como ahora el financiero, el del cumplimiento de las leyes, el de eficacia y eficiencia, o mirar aspectos concretos, se está haciendo bien o mal.
¿Y quién lo hace?
Eso lo hacen auditores, es decir, profesionales entrenados para saber auditar, mirar, originalmente cuentas. Los auditores tienen una cultura económica y financiera, pero que en el curso de su trabajo ha ido evolucionando y ahora miran cuentas, miran cumplimiento de legalidad, ahora miran la eficacia y la eficiencia, es decir, la operatividad de esa política, e incluso ahora estamos mirando ciberseguridad. Como miramos contratación, también miramos ciberseguridad.
¿Y el propósito de todo esto?
Decir al Parlamento que nuestro juicio, que siempre es un juicio de humanos, y por tanto podemos equivocarnos, pero es un juicio muy, muy técnico, qué creemos que el gobierno no está haciendo bien y debería corregirlo. De ahí que nuestros informes terminen con dos elementos que son comunes: las objeciones, que nosotros llamamos observaciones, y las recomendaciones.
¿Qué son las recomendaciones?
Cosas que, según nuestro criterio, siempre nuestro criterio, entendemos que el Gobierno debería cambiar, corregir o mejorar. Por eso decía que nos fijamos mucho en los de fuera, porque afortunadamente nuestro trabajo está muy homologado. Y esto es interesante, al menos a mí me lo parece, porque trabajamos con normas comunes. Las normas vienen de organismos internacionales y fiscalizamos aquí como fiscalizan en Chile.
¿Con los mismos parámetros?
No, no, las bases, los principios generales y las normas. Es decir, hay unas declaraciones de intenciones, las declaraciones que hacen las asociaciones internacionales, y luego están lo que son las normas internacionales de fiscalización. Que muchas vienen del sector privado y que luego las adaptamos al sector público. De hecho, en España las adapta, en una primera instancia, la Intervención General del Estado, para sus fiscalizaciones internas, y estas normas nosotros las adaptamos a través de los otros órganos de control, incluido el catalán, a los órganos de control externos autonómicos. Y, en el fondo el Tribunal de Cuentas también tiene unas normas bastante similares.
¿Qué significa esto?
Que toda nuestra fiscalización actúa con reglas, con reglas que son públicas, esto es importante. Y que, por tanto, todos los procedimientos que hacemos son procedimientos que se hacen con un propósito, detectar lo que no funciona, ponerlo de manifiesto, y recomendar las modificaciones.
¿Y proponer soluciones?
Sí, pero, tanto como la solución final, no. Decimos que esto se debe cambiar y al final, si se debe hacer A o B o C depende más del Gobierno. Es decir, yo recomiendo como Sindicatura que prestes atención a esto o bien que contrates mejor. Que cuando hagas unas subvenciones las bases de las subvenciones estén mucho más claras y sean mucho más identificables de cuál es el propósito de la subvención. Que los procedimientos para ejecutar la subvención, es decir, el receptor que la recibe, sean mucho más claros. O bien que el sistema en el que te dan la información de la subvención también sea muy inequívoco.
Más transparencia, más seguridad jurídica…
Más todo, sí.
No sé si es una interpretación más mental, pero uno tiene la percepción de que el Tribunal de Cuentas español tiene una capacidad sancionadora superior, ¿por qué? ¿Es diferente su sistema?
El régimen español, el Tribunal de Cuentas, tiene una competencia que los demás no tenemos, que es la responsabilidad contable. Todos nosotros somos fiscalizadores, el Tribunal de Cuentas y las 14 entidades como la Sindicatura que funcionan en España en las diferentes comunidades. Pero al Tribunal de Cuentas la ley le otorga un procedimiento singular, que es el de la responsabilidad contable, una jurisdicción especial. Esto es, un procedimiento judicial interno, con tribunales de consejeros, y tienen una unidad de fiscalía con 5 fiscales, con el cual desarrollan un proceso que puede terminar en que aquel que no ha hecho bien las cosas a efectos administrativos pueda responder contablemente, es decir, pueda responder con su patrimonio. Esto solo lo tienen ellos. Otra cosa es que nuestra ley, como la mayoría de leyes de estatutos de autonomía, lo que dicen es que, cuando nosotros hacemos un informe, debemos enviarlo obligatoriamente al tribunal.
O sea que el Tribunal de Cuentas se alimenta de sus informes?
No todos los procedimientos que ellos hacen de responsabilidad contable salen de informes. Solo es uno de los supuestos de denuncias. Hay otras vías de entrada, como una denuncia o, simplemente, a veces, de los mismos interventores del sector local, que tienen un reglamento que permite que determinados procesos contables mal resueltos al final entren en un procedimiento contable.
A la vista de la experiencia de los últimos años, ¿es suficientemente cuidadosa la administración de Cataluña en general, el sector público en general, con el dinero público?
Cuidadosos… Digamos que si hubiera malversación la habríamos denunciado, si la detectamos, porque, entre otras cosas, está tipificada. Es un delito.[Sonríe]. Pero más que cuidadosos, lo que debemos valorar es decir que nuestro trabajo no es perseguir. Si vemos malversación, como cualquier ciudadano, debemos decirlo. Pero nuestro trabajo no es perseguir si la administración cumple, si tiene un comportamiento que no entra dentro del Código Penal. Esta no es nuestra tarea inicial. Nuestro trabajo es ver el comportamiento de la administración de acuerdo con las leyes, de acuerdo con la normativa contable, y también si las actividades que realiza tienen un nivel de eficacia y eficiencia y economía razonable.
¿Qué significa esto?
Significa que pueden pasar muchos supuestos. Pondré ejemplos de informes que hemos vivido. Uno es que se contrata mal. Es decir, usted contrata, sin decir si es caro o barato, pero le estamos diciendo que usted no cumple la ley de contratos. Aquí entra mucha casuística: la incumplo porque soy incapaz de cumplirla porque no tengo suficiente personal, la incumplo porque me despisté, e incluso la incumplo porque a veces quise hacer algo que no tocaba. No es simple. Este es el problema de nuestro trabajo y por eso tenemos un cuerpo técnico y un cuerpo de conocimiento que es muy complicado.
¿Otro supuesto?
Otro caso, analizamos unas concesiones y decimos, hombre… vemos que el concesionario se gana muy bien la vida. El precio que se le paga a este concesionario por gestionar este servicio es muy alto. No hay malversación. Si no, lo habríamos dicho, si nosotros lo hubiéramos apreciado indiciariamente. Pero sí que vemos que, si tú miras el mercado, este señor está obteniendo un rendimiento muy alto y se lo decimos. Así como contrataciones que son mejorables, o que las reglas de la competencia no sabemos si se han llevado bien o no… Por tanto, nosotros vamos avisando. Si viéramos malversación, la ley nos obliga a ir a la Fiscalía. O incluso, a la Agencia Tributaria, donde por ejemplo, hemos comunicado algún informe donde detectamos que se hacía mal el pago del IVA.
Cada organismo es un mundo…
Nuestra administración es muy compleja. Nosotros tenemos una autonomía, que será la que sea, para unos poca, para otros, demasiada. Pero es compleja, es una trama muy compleja. Estamos hablando de casi 300.000 empleados, nadie se acuerda de esta cifra. Estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de diversidad de funciones y de competencias. Universidades, sanitarios… por tanto, todo esto tiene una casuística. Cuando analizas una universidad, ves unas cosas, cuando analizas el sistema penitenciario, ves otras, y cuando analizas unos consorcios que gestionan agua ves otras. Por tanto, ahora debemos ir analizando y viendo. Nuestro trabajo es, sobre todo, centrarnos en decir las cosas con mucho rigor, con una base, con una palabra que a nosotros nos gusta mucho: evidencia.
¿Qué significa ‘evidencia’?
Es una palabra de auditor, que significa lo que tú has visto y que has contrastado que es así. Que no te lo inventas, que no lo supones.
No especulas, vaya.
No, exacto. Esto es un tema clave. Nosotros odiamos el juicio de valores, la especulación. Nosotros cuando decimos algo es porque hemos estado mirando y esto es evidente que es así. Porque lo hemos contrastado entre nosotros, porque lo ha mirado uno, lo ha mirado otro. Por tanto, sobre esta base, poner de manifiesto, y este es el trabajo del auditor público, poner de manifiesto situaciones que se deben cambiar la administración a nuestro criterio.
A veces, sin embargo, leyendo las adjudicaciones públicas, parece que no haya suficiente control político del dinero público
Todo es mejorable. Todas estas cosas tienen una exigencia permanente. Es decir, hoy funciona, pero mañana no. Por tanto, no es un problema de decir que todo va muy mal y lo tenemos que arreglar. No, esto no va así.
¿Es un plebiscito de cada día?
Exacto. Mira, muy buena frase. ¿Por qué este precio y no otro? Los procedimientos de contratos requieren que tú justifiques los precios. Los precios no te los puedes inventar. Por tanto, la ley es suficientemente inteligente para pensar que tú, cuando sacas algo por 60, lo tienes que explicar. Hay un principio, que los actos administrativos deben ser explicables. Se deben poder motivar. La arbitrariedad sería lo contrario. Nuestro derecho, que es un derecho europeo que de momento nos lo dejan tener, pide que las cosas estén motivadas. Yo lo adjudico a este porque es el que tiene la oferta más barata. O que, aunque no tiene la más barata, resulta que me ofrece esto y esto.
¿Por tanto, está suficientemente controlado?
Nunca está suficientemente controlado. ¿Que hay deficiencias? Sí. Pero que las deficiencias no son ni de ayer ni de anteayer. Sobre todo, es muy importante no bajar la guardia. Es un ejercicio permanente. La cosa pública es muy complicada y la gente piensa que es lo más fácil que hay. No es verdad. Es al revés.
¿Pero ha mejorado la conciencia de los administradores de la cosa pública?
La mayoría, sí.
O sea, ¿se ha evolucionado en positivo, digamos así, en el control más escrupuloso del dinero público?
Yo creo que sí. Querría creer que sí. Además, la inmensa mayoría de los empleados públicos no quieren sentirse parte de supuestos no deseados. No quieren sentirse parte de episodios que han pasado en este país, o en España, o en Francia, o en Italia. Todo nuestro entorno de corrupción. Por tanto, la gente intenta, la mayoría, hacer las cosas bien. Ahora, evidentemente, tú no puedes bajar la guardia.
De hecho, hay algunos informes que, por ejemplo, se remiten a recomendaciones que habían hecho en informes anteriores, que aún no se han cumplido.
Sí, esto es un procedimiento. Por ejemplo, decimos el año 2017 hicieron un informe y les dijeron esto y esto. Ahora hemos revisado si lo habían aplicado las cosas que les indicaban, y estas sí y estas no. Entonces dicen que estas no las podemos hacer por tal… Pero, como mínimo, es un recordatorio. Nuestro trabajo no es fácil, pero es muy interesante desde el punto de vista de estar atentos. Y cuando hacemos un informe de un hospital, es importante para este hospital, pero es importante para todos los hospitales. Porque, en el fondo, estás diciendo ‘esto que estáis haciendo, señor hospital tal, es extrapolable a los demás’.
El informe del Arnau de Vilanova era muy contundente. Incluso se llegaba a decir que mejor administrado se habrían salvado más vidas… ¡Se deben tener las cosas muy claras!
Ahora haremos más, de estos sobre las urgencias. Haremos unos cuantos más. Se debe tener evidencia. Es muy importante. Y todo lo que escribimos, detrás hay mucho trabajo. No nos inventamos nada. Duermo muy tranquilo pensando que todo lo que nosotros contamos, detrás hay un trabajo muy cuidadoso, de auditores, de los mismos síndicos…
¿Cuál es el procedimiento?
No es un procedimiento fácil. Decidimos que vamos a un lugar. Lo ponemos en un plan. Lo aprobamos. Vamos al Parlamento. Un departamento se encarga de este informe. Designa unos auditores. Hablamos con ellos. Les explicamos. Nos explican cómo están. Cuando la auditoría está hecha, internamente, si son necesarios abogados que miren determinados episodios o partes de la auditoría, los miran. Luego viene un debate interno de los síndicos. Los síndicos deben aprobarlo por mayoría. Por tanto, los siete síndicos deben leerlo, debemos revisarlo… Hacemos dos debates. Un primer debate en el que decimos que nos parece bien y entonces el síndico ponente envía las alegaciones que ha hecho el órgano fiscalizado. El segundo debate es cuando viene el informe con las alegaciones. Será el síndico ponente el que evalúa las alegaciones y cuáles acepta y cuáles no y por qué razón. Entonces, los demás decimos, estamos de acuerdo o no y al final se votan. Por tanto, el procedimiento y las alegaciones, muy importante, forman parte del informe. Siempre están aportadas.
Unas alegaciones que se aportan al informe público.
¡Y estamos muy contentos de eso! Había gente que le parecía que eso era un horror. A mí me parece perfecto escuchar la voz del fiscalizado de decir, escucha, él ha dicho esto porque, obviamente, no somos infalibles. Nos legitima.
En el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), hicieron un informe que ha levantado bastante polémica desde abril del año pasado, incluso usted se tuvo que cuadrar ante el Parlamento, como si no aceptaran el juego de contrapoderes.
Nosotros no somos un contrapoder. Nosotros somos los fiscalizadores, el control externo por encargo del Parlamento. Los diputados pueden no estar de acuerdo con lo que decimos. Tienen todo el derecho del mundo. Pero yo lo que quise explicar… Somos muy serios. Y muy importante, nosotros no hacemos política. Al contrario. Que nadie se equivoque. La política la deben hacer los diputados del Parlamento. Nosotros no. A nosotros nos designan ellos. Nosotros hacemos fiscalización. Es una herramienta para mejorar la administración. Para poner de manifiesto conductas no deseadas. Y sobre todo para poner de manifiesto situaciones que son mejorables. Y son mejorables porque nos ahorraremos dinero o porque seremos más eficaces, o porque será mejor para el ciudadano o por lo que sea. Que nosotros, en nuestra humilde condición de auditores, vemos que no están bien. Pero nosotros no estamos haciendo política. Por tanto, cuando ponemos de manifiesto un problema, no vamos contra nadie en concreto. Ni de ningún gobierno.
¿Qué significa?
Fíjese en una cosa. Muchos de los problemas de la administración catalana son endémicos. Nuestros gobiernos pasan. Ahora uno, ahora otro. Eso es la democracia. Y está muy bien. ¡Felizmente y gracias a Dios! Nuestros problemas en la administración, muchas veces, no son de este o del otro. Son endémicos. No nos engañemos. Endémicos y de situaciones que no se han podido resolver porque lo que ha primado ha sido la inmediatez. Muchas veces lo que encuentras es que la inmediatez es más importante… Porque el problema, a veces tú lo resuelves, te quemas y lo resuelves a largo plazo, pero el problema de mañana no lo resolverás. Por tanto, nosotros cuando explicamos un problema es decir que hay este problema, lo deben arreglar, pero no estamos poniendo el dedo en el ojo a nadie. Si piensan que si le ponemos el dedo en el ojo, ellos sabrán. Pero nosotros no lo estamos poniendo en este o en el otro. Hay muchos problemas que son endémicos, insisto. Hay muchos problemas…
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, este que explicábamos de la DGAIA. No es un problema de hace cuatro días. Como pasa también con determinadas carencias en el sistema de salud, no hace cuatro días. Son cuestiones muy importantes. Además, es importante tener presente que nuestra administración es muy grande y muy complicada, pero a veces mandan más los adjudicatarios que los adjudicadores.
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque los adjudicatarios tienen un interés, que es ganarse la vida, muy legítimo, y, por tanto, técnicamente, a veces, son más potentes que nosotros.
O solo ellos tienen las herramientas para hacer ese servicio.
También, también. Y, por tanto, ¿qué les decimos? Hombre, sean fuertes, y a veces es muy difícil. Pero esto pasa mucho. Es decir, a pesar de la potencia que puede tener la legalidad, a la hora de negociar, a veces, hay un desequilibrio. Ya no te digo cuando un ayuntamiento medio debe negociar el contrato de limpieza o de basura. Por tanto, ¿qué les decimos? Les estamos diciendo, escucha, esto no va, y no es fácil. Entiendo, a veces, que nos puedan decir estos de la sindicatura son unos pesados. Y pueden tener razón. Pero nosotros nos limitamos a decir, por ejemplo, ‘este contrato es caro, comparado con otros es mejorable’. Háganse valer, que son la administración. Aunque, a veces, no hay suficiente con los recursos que tiene el organismo. En determinados sectores, saben más los adjudicatarios que los adjudicadores.
¿Fichan a los técnicos, verdad?
Aún te sorprende que haya gente tan buena en la casa. Cuando dices que hay problemas no lo estás diciendo al presidente Illa, o al presidente Aragonès, o al presidente Torra. Estamos diciendo al sector público que esto se debe arreglar. Y esto también les pasó al presidente Montilla, al presidente Maragall o al presidente Pujol. Por tanto, arreglémoslo.
¿También le pasa al Estado, esto?
¡Y tanto, y tanto! Hay un tema de desequilibrio entre lo público y lo privado. Ahora, que nadie malinterprete que la sindicatura está en contra de la contratación privada, ¡eh! Si hay externalizaciones, que las haya. Pero que sean bien pagadas y que se controlen, por ejemplo, los sueldos de la gente que trabaja en ellas. Sobre las externalizaciones, las concesiones, yo no entro, ideológicamente no puedo opinar. Eso es trabajo del Parlamento. Pero sí que les puedo decir que una concesión no funciona. O que un contrato de servicios no va… O que revisen las retribuciones de la gente que hay dentro o que revisen que los beneficios que tiene una empresa con una adjudicación nos parece muy alto.
Ha habido informes muy interesantes, como por ejemplo en el caso del AMB y el Trambaix, donde se asevera que se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas.
Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es decir, escuche, controle. Luego, eres consciente de que no es fácil controlar. Además, el gestor público siempre está en un cierto estado de ansiedad.
¡Es que el dinero no es suyo!
También. Pero también que el problema es la inmediatez.
Bueno, si te llega una pandemia como la covid…
Bueno, pero nosotros la hemos mirado. Y a algunos no les gustó lo que vimos: la mayoría de cosas estaban bien hechas. Y lo miramos con los cinco sentidos. Al final, no podemos decir que nuestra administración no funciona, es un desastre. ¡Es mentira! No, no, no. Nuestra administración tiene problemas, muchos, y debemos ser conscientes… Pero funciona.
