Los parasindicatos de la Guardia Civil se rebelan contra los planes del gobierno español de transferir a los Mossos d’Esquadra las competencias de seguridad ciudadana y de orden público en los puertos y aeropuertos catalanes. Nueve asociaciones de guardias civiles han emitido un comunicado oficial en el que muestran su “total y absoluta disconformidad con el posible traspaso de competencias actualmente asumidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los puertos y aeropuertos de Cataluña”. También han protestado, aunque sin tanto alboroto, por la cesión de las mismas competencias a la Ertzaintza, sellada antes del verano.
En el comunicado, las entidades —que en la práctica funcionan como parasindicatos porque la sindicación está prohibida en el instituto armado— critican que el traspaso, que podría materializarse a principios de 2025, “no obedece a ninguna necesidad ni a razones operativas sino a un mero intercambio político” y avisan que se reservan “el derecho al ejercicio de las acciones legales pertinentes en todo aquello que vulnere la legislación vigente y las condiciones de vida de los guardias civiles”. Las entidades firmantes son la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), Justicia Guardia Civil (Jucil), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil, la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Unión de Guardias Civiles (UNIONGC).
La retirada de la Generalitat enciende las alarmas
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció la semana pasada que finalmente el Departamento de Interior solicitará una nueva reunión con el Ministerio del Interior para cerrar el traspaso de las competencias de seguridad en los puertos y aeropuertos catalanes a los Mossos d’Esquadra. Con este anuncio, Illa retrocedía y dejaba en mal lugar a la consejera de Interior, Núria Parlón, que unos días antes había renunciado oficialmente a asumir las competencias por una supuesta falta de agentes. Tras la polémica generada por la decisión, Illa admitió en el Parlamento que el traspaso, gestionado con diligencia por el gobierno de Pere Aragonès antes de convocar elecciones, solo debía ratificarse. Incluso permitió que ERC se colgara la medalla.
El anuncio de Illa, que planea convocar una nueva Junta de Seguridad a principios de 2025, ha encendido las alarmas de las asociaciones de guardias civiles. Las entidades aseguran que la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone que “la competencia sobre la custodia terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos, centros e instalaciones que por su interés lo requieran corresponde a la Guardia Civil” y advierten que tanto el puerto como el aeropuerto de Barcelona son “infraestructuras estratégicas” para el estado español.
Tampoco ha gustado que en la anterior Junta de Seguridad el Ministerio del Interior accediera a dar a los Mossos y a los Agentes Rurales las competencias para investigar delitos contra el medio ambiente que solo afecten a Cataluña, mientras que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) asumirá los casos que traspasen las fronteras catalanas, “relegando a esta especialidad de la Guardia Civil ya no solo a un segundo plano sino a su extinción prácticamente total”. También recuerdan que se han cerrado la unidad de los Grupos de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Lleida y de la unidad de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Girona.”
Los guardias civiles se aferran al argumento de Interior
En su comunicado, las asociaciones de guardias civiles hacen suyos los argumentos iniciales del Departamento de Interior que dirige Núria Parlón. “Salvador Illa no ha considerado la escasez de personal de la policía catalana, que apenas tiene suficientes efectivos para paliar los altos índices de criminalidad con los que cuenta actualmente Cataluña”. Y advierten que “los puertos y aeropuertos de Cataluña perderían efectivos expertos en la materia mientras la policía catalana, sin contar con agentes suficientes, tendría que formarse para realizar las funciones necesarias en este tipo de trabajo”.
