La oficialidad del catalán divide, y mucho, a la Unión Europea. Es una cuestión de gran complejidad jurídica, con importantes repercusiones económicas y que, además, tiene un trasfondo político que va más allá del simple reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales. El pasado mes de mayo, cuando parecía que había muchas posibilidades de que finalmente el Consejo de Asuntos Generales de la UE votara, la cuestión decayó a última hora del orden del día por las reticencias de un grupo de estados y la incapacidad del gobierno español de resolver las dudas. Este martes se ha vuelto a reunir el consejo y la oficialidad del catalán también ha quedado fuera de la agenda y la Moncloa ni siquiera ha intentado incluirla. “El gobierno de España continúa trabajando con todos los países para resolver cualquier duda, de manera que queden disipadas en el texto final, que se llevará a adopción tan pronto como sea posible”, explican a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
¿Qué piensa cada estado de la oficialidad del catalán?
Tanto el PSOE como Junts tenían muchas esperanzas puestas en la reunión de mayo. Incluso el mismo secretario general del partido independentista, Jordi Turull, había dicho días antes en público que las negociaciones habían entrado en la “recta final”. Según Exteriores, hasta 20 países estaban en “condiciones de avanzar”, pero hubo siete que pidieron abiertamente que se retirara la votación sobre la oficialidad del catalán porque aún tenían muchas dudas “financieras y jurídicas”. Se trata de Alemania, Austria, Italia, Finlandia, Suecia, Croacia y la República Checa. Fuentes diplomáticas amplían hasta una decena los estados reticentes.
Alemania es uno de los estados que más claramente se han posicionado en contra de la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. Junto con Suecia, el gobierno de Friedrich Merz reclamó más garantías después de que los servicios jurídicos del Consejo de la UE hayan indicado que la medida podría obligar a reformar los Tratados de la UE, un extremo que echaría atrás a la mayoría de los países y que la Moncloa insiste en negar. De hecho, Alemania llegó a amenazar con votar en contra si España persistía en llevarlo a votación en la reunión de mayo. Italia también tiene muchas dudas, pero en su caso es más por el aspecto económico. El gobierno español se ha comprometido a pagar los costos de traducción, que Bruselas estima en unos 132 millones de euros, pero varios estados temen que si el PP llega al gobierno deje de pagar.
En el equipo de los países que apoyan a España están Bélgica, Hungría, Irlanda, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Dinamarca. Este último país ostentará la próxima presidencia de turno de la UE, que comienza en julio. El gobierno socialdemócrata de Mette Frederiksen tendrá en sus manos si introduce de nuevo la oficialidad del catalán como tema de debate o tema de votación en las reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE. La primera oportunidad será el 18 de julio, aunque de momento fuentes diplomáticas aseguran que el gobierno español, más preocupado por salvar la legislatura tras el estallido del caso Cerdán, no ha hecho ningún movimiento para incluir la cuestión.
Los temores y prejuicios que juegan en contra del catalán
Uno de los grandes temores que planea desde el primer día sobre la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego es que podría suponer un “precedente” para otras lenguas minoritarias y podría “abrir la caja de Pandora”. Los países bálticos temen que Rusia intente usar el precedente catalán para convertir el ruso en lengua oficial de la Unión, mientras que Chipre no quiere que el turco obtenga estatus de oficial. Un informe reciente del Parlamento Europeo ha identificado once lenguas que, al igual que el catalán, son oficiales a escala nacional o regional, pero no son oficiales en la UE. Además del vasco y el gallego, también están el aranés, el turco, el luxemburgués, el feroés, el groenlandés, el frisón y el papiamento.
España asegura que su propuesta está “hecha a medida” para el catalán, el vasco y el gallego y que no se podrá usar como precedente. Entre los motivos que esgrime el estado español destaca el hecho de que son lenguas reconocidas en la Constitución desde hace décadas, que son oficiales y que se pueden utilizar tanto en el Congreso como en el Senado, algo que no ocurre con el resto de lenguas mencionadas. El secretario general de la Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN, por sus siglas en inglés), Davyth Hicks, asegura en declaraciones a la ACN que los temores a un efecto contagio son exagerados y recuerda que ningún otro estado está haciendo gestiones para impulsar lenguas minoritarias. Hicks cree que el gran problema es la “mentalidad monolingüe” que impera en la UE. “Una nación, un estado, un idioma”, dice. “Es una especie de techo de cristal, no se puede imaginar que haya otros idiomas dentro de un mismo estado”.
