Al final, a pesar de lo que afirma un anuncio de una famosa tarjeta de crédito, todo se puede contar con dinero. Así lo creyó la Guardia Civil en 1934, que reclamó más dinero por haber sofocado los Hechos del Seis de Octubre, que el lunes cumplen 91 años. Un documento del gobierno de la Generalitat de Cataluña intervenida después de la declaración del Estado catalán dentro de la República Federal Española, del presidente Lluís Companys, muestra la reclamación del instituto armado para cobrar unos honorarios especiales.
El documento, que guarda el Archivo Nacional de Cataluña y al cual ha tenido acceso El Món, permite enlazar ese momento histórico con la etapa post Primero de octubre de 2017. En concreto, porque también fue motivo de polémica las condiciones laborales con que el ministerio del Interior y la Moncloa de Mariano Rajoy calentaron a los diez mil policías y guardias civiles que se movilizaron en Cataluña para intentar, sin éxito, detener el referéndum.
De hecho, tal como publicó El Món, los policías que actuaron por el 1-O y garantizaron la aplicación del artículo 155 cobraron 21 millones de euros. Una cifra en concepto de “plus productividad Cataluña”. Es decir, el complemento del sueldo que percibieron los policías antidisturbios o de información destinados a tierras catalanas por la operación Copérnico. En el caso de los guardias civiles del 6 de octubre del 34, la cantidad fue de 368.627 pesetas de la época.
Un decreto bastante explícito
El documento es un decreto del Gobierno del 30 de marzo de 1935, registrado con el número 1.796 del Boletín de la Generalitat. La firma es del entonces presidente de la Generalitat –intervenida desde Madrid– y gobernador general de Cataluña Manuel Portela Valladares. Según el decreto, «con motivo de la actuación y servicios extraordinarios prestados por las fuerzas del instituto de la Guardia Civil entre los días 6 y 31 de octubre», se habilita un crédito extraordinario en el presupuesto para atender el pago de las dietas y pluses acreditados. El importe, a la vista de que no hay disposición de caja, se realiza a través de crédito y se elevó a las 368.627 pesetas.
Curiosamente, el plus no solo lo cobraron los integrantes «concentrados en el orden público», sino todos los integrantes del cuerpo en la Quinta región de la Guardia Civil, es decir, de todos los miembros del cuerpo destinados al Principado, aunque tuvieran condición «de administrativos». Una decisión para no caer en la «desigualdad». La perversión además, es que el gobierno de la República acordó este pago, habilitó un crédito y lo transfirió a la Generalitat, para que fuera la institución catalana la que abonara los pluses y las dietas a los guardias civiles que detuvieron a los miembros del Gobierno de Lluís Companys.
