La amnistía ha llegado a los tribunales antes incluso de tramitarse en el Congreso de los Diputados. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid ha aceptado una demanda presentada por un particular que pide como medida cautelar la paralización del procedimiento parlamentario de la ley de amnistía y que apunta contra los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC, Sumar, así como contra la Mesa del Congreso y la Presidencia de la Cámara Baja.
El magistrado encargado de estudiar esta posible paralización de la ley es José Ramón Manzanares Codesal, un juez que fue apartado del poder judicial el 2001 después de ser condenado por prevaricación y a quien el gobierno de José María Aznar indultó en 2004. Tal como se ha encargado de recordar a través de las redes sociales el político de Izquierda Unida (IU) Carlos Sánchez Mato, Manzanares recibió una pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial que incluía la pérdida definitiva de su posición como magistrado, un castigo que no llegó a cumplir, puesto que fue indultado en el último Consejo de Ministros celebrado antes de las elecciones del 2004.
Se da la circunstancia que este juez es hijo de José Luís Manzanares Samaniego, que fue consejero de Estado, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado en el Tribunal Supremo.
Vulneración del derecho a la igualdad
En la demanda que ahora tiene sobre la mesa el titular del Juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid se alegan, entre otras cuestiones, una posible vulneración del derecho a la igualdad, «puesto que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia». El firmante de la denuncia entiende que «la futura aprobación de esta amnistía puede estar vulnerando» sus derechos y el «principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos» recogido en la Constitución.
