Nuevo informe del Departamento de Interior para justificar el gran despliegue policial de los Mossos d’Esquadra durante el día de la investidura del presidente Salvador Illa, el pasado 8 de agosto. Un dispositivo marcado por el posible regreso del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, para asistir al debate en el Parlamento de Cataluña. La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, presentó el pasado 20 de noviembre un informe en la Mesa del Parlamento en el que defiende las razones por haber destinado cientos de efectivos de diversas unidades y de recursos técnicos para celebrar el debate con «seguridad y total normalidad».
Según el documento, al que ha tenido acceso El Món, el nivel de amenaza terrorista, tanto yihadista como de ultraderecha, hacía que «todos los que participaban en el acto de investidura se podrían incluir como potenciales objetivos». Parlon deja claro que «proporciona información genérica» porque en este caso los Mossos actúan como policía judicial y, por lo tanto, los atestados enviados al juzgado no son «de información pública». Aún así, expone «antecedentes, desarrollo y resultados» del operativo, así como la justificación del uso de gas pimienta para dispersar a participantes en la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Curiosamente, tampoco hace referencia a la presencia de Puigdemont en sí mismo.
Protección y normalidad ante la amenaza terrorista
Parlon informa que el «principal objetivo del dispositivo del 8 de agosto era garantizar la seguridad ciudadana y el orden público para lograr que el debate de investidura en el Parlamento de Cataluña se llevara a cabo con seguridad y total normalidad». «Por este motivo, se debía evitar que las movilizaciones convocadas, antagónicas entre ellas, afectaran al normal desarrollo de la actividad parlamentaria», contextualiza la consejera de Interior. La consejera, sin embargo, incluye como primer motivo del dispositivo neutralizar el «nivel de amenaza terrorista».
De hecho, establece un argumento un tanto contradictorio. Por un lado, asegura que «el nivel de amenaza terrorista del acto era moderado, dentro de la situación de nivel 4 sobre 5 establecida actualmente». «El acto de investidura tenía lugar en un momento en que las organizaciones cercanas al movimiento yihadista global han intensificado la llamada a atacar intereses occidentales, especialmente las democracias», dictamina el informe. En cuanto al terrorismo de «matriz ultraderechista», pasa lo mismo, según el texto de Parlon: la amenaza era moderada, pero, en cambio, «todos aquellos que participaban en el acto de investidura se podrían incluir como potenciales objetivos».
«Diferentes conflictividades» e «infiltraciones»
Además, añade como un segundo motivo las «diferentes conflictividades de carácter social y político» que podían afectar al normal desarrollo de la investidura. «A pesar de la previsión de carácter pacífico de las movilizaciones previstas para ese día, la complejidad de actores e individualidades que las componían, junto con el elevado número de personas que participaban en las convocatorias, podía hacer que se produjeran episodios de riesgo vinculados a las grandes aglomeraciones de personas en la vía pública», destaca.
Asimismo, Interior suma al algoritmo de las causas la «posibilidad de que algunos individuos se pudieran infiltrar dentro de la movilización pacífica para llevar a cabo acciones más contundentes contra figuras políticas». Incluso, Parlon asevera que se preveía la «irrupción» de «grupos minoritarios en el interior del Parlamento, concentraciones en los accesos para dificultar la llegada, pintadas y daños al mismo edificio». Todo esto, añadiendo al paquete la «presencia de actores ideológicamente antagónicos» que podría generar una «escalada de tensión» con «agresiones físicas o situaciones de compromiso de la seguridad ciudadana».
«Acciones violentas» que justifican el gas pimienta
Por otra parte, Parlon argumenta que fue necesario que la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra, la unidad de élite de antidisturbios de la policía de la Generalitat, utilizara el gas pimienta para dispersar a los manifestantes. Mayoritariamente, activistas de la ANC. Según el relato de la consejera, presionaron mucho el cordón policial, con «empujones con la clara finalidad de romper el cordón y poder acceder en masa al parque de la Ciudadela». «La situación se fue agravando con acciones violentas por parte de algunos individuos contra el cordón policial, con intentos de intrusión cada vez más organizados, haciendo que la contención de los manifestantes empezara a ser comprometida», añade la consejería, que ese día aún no ocupaba el cargo porque ni siquiera estaba investido Illa.
Para evitar «el acceso descontrolado y violento de los manifestantes al interior del Parque, los agentes hicieron uso de las defensas policiales de la dotación, pero no se logró reducir la presión ejercida desde la parte trasera de la manifestación». De ahí que decidieran utilizar el gas pimienta. Pero, eso sí, con el consuelo de que sabían que había allí mismo una unidad del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que podría atender a las personas afectadas por el gas. El informe también reprende a los manifestantes porque «aunque el derecho a reunión y manifestación no está sometido al régimen de autorización previa», la comunicación previa y la valoración que hizo la Dirección General de administración de la Seguridad (DAS) del Departamento de Interior había permitido establecer el pacto de no traspasar la línea policial.
