El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado a España por haber impedido la investidura de Carles Puigdemont después de las elecciones del 21-D de 2017. La decisión, la primera relativa a un miembro del exilio catalán y a la cual ha tenido acceso El Món, considera que el estado español violó los derechos políticos de Puigdemont por haberlo suspendido como diputado en el Parlamento en 2018. Además, evitó su reelección como presidente de Cataluña. La resolución llega pocas semanas antes de que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea.
Puigdemont ha resaltado que el informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –un órgano prestigioso, pero no vinculante– resuelve que España ha violado el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la participación política, un principio que la ONU considera “la esencia del gobierno democrático”. El eurodiputado de Junts ha asegurado que la resolución demuestra que España “no es una democracia plena” y que está “lejos” de cumplir con los requisitos de serlo.
El estado español dispone ahora de 180 días para informar de las medidas que ha tomado para aplicar el dictamen del Comité de Derechos Humanos y se le reclama que “publique el dictamen del Comité y le dé amplia difusión”. También pide al estado que adopte todas las medidas necesarias “para evitar que se cometan violaciones parecidas» en el futuro. «Estaremos atentos por ver cómo España informa la ONU sobre qué ha hecho, y que todo el mundo lo pueda leer», ha dicho Puigdemont.
Mensaje contundente del Comité de Derechos Humanos
Después de las elecciones del 21-D, Puigdemont, ya en el exilio, tenía todos los números para salir reelegido presidente, pero el Tribunal Constitucional consideró que su investidura no se podría hacer de manera telemática. El entonces presidente del Parlamento, Roget Torrent, suspendió el pleno previsto para finales de enero del 2018. La decisión del comité avisa que, a pesar de que exigir la presencialidad para ser investido no vulnera los derechos políticos, su “retorno al estado español habría derivado inevitablemente en su prisión preventiva” y que la única manera que tenía Puigdemont de prevenir la violación de sus derechos era “mantenerse fuera del territorio del estado”.
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