Òmnium Cultural ha reclamado al Comité de Derechos Humanos de la ONU que exija la “aplicación plena” de la ley de amnistía en España, además de una “investigación efectiva” sobre el ‘Catalangate’, el espionaje y las infiltraciones policiales.
La entidad catalana ha participado en la reunión entre los miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU con otros representantes de la sociedad civil para preparar la evaluación que este comité hará de la aplicación de los derechos civiles y políticos en España, que tendrá lugar el miércoles y jueves.
En esta reunión, la entidad ha querido denunciar diversas cuestiones como el ‘Catalangate’ como “el mayor caso de ciberespionaje del mundo contra un movimiento democrático”, las infiltraciones policiales para intentar “controlar y desmantelar” el movimiento independentista y la “represión y la aplicación deficiente de la ley de amnistía”, según ha explicado la entidad. Además, han puesto sobre la mesa la violencia policial del 1-O y la obstrucción judicial de la investigación sobre las torturas del franquismo, como la de la comisaría de Via Laietana.
La constitucionalidad de la ley de amnistía
A finales de junio, el Tribunal Constitucional avaló, aunque dividido, la constitucionalidad de la ley de amnistía del Procés. Por seis votos a cuatro, la ley superó el trámite de la constitucionalidad con solo tres retoques de interpretación. La constitucionalidad de la ley de amnistía, sin embargo, no supondrá un retorno automático de los exiliados, ya que el Tribunal Supremo no levantará las órdenes de detención. Tampoco implicará el levantamiento o la suspensión de la inhabilitación a la que están condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Ahora bien, la resolución refuerza los recursos de amparo interpuestos por la inaplicación de la amnistía.
Según datos de Òmnium Cultural, más de 1.600 personas se pueden beneficiar de la aplicación de la ley de amnistía. Concretamente, la entidad cuenta 697 personas encausadas penalmente y 919 administrativamente.
