Los críticos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que han impulsado un manifiesto contra los postulados de la dirección de la entidad presidida por Lluís Llach ante la próxima celebración de la Asamblea General Ordinaria (AGO) de la entidad, que votará la reforma de los estatutos y del reglamento de régimen Interno de la entidad, plantean cuatro grandes razones para rechazar la reforma propuesta por el sector oficialista y pedir activamente a los socios de la entidad que voten ‘no’. Para “salvar la esencia y el espíritu” de la entidad independentista, según afirman.
Los secretarios nacionales Roser Campi, Jaume Giménez y Pep Tomàs aseguran en conversación con El Món que, según su punto de vista, la modificación de dos artículos de los estatutos –el 21.1 y el 24.4– y dos del reglamento –3.12.1 y 3.13.6– ponen «en peligro» la transversalidad de la ANC, un elemento «inherente a su carácter unitario y aglutinador». Y advierten que la asociación se encuentra «en una situación delicada». Campi, Tomàs y Giménez señalan que estos cuatro cambios son los que «modifican la esencia política» de la entidad. «Modifican la esencia de la transversalidad, el debate, la contraposición de ideas y el espíritu de fijar un objetivo y llevarlo a cabo», sentencian. Esta reforma que se votará entre el domingo, 29 de junio, y el lunes siguiente, día 30, y requiere el apoyo de los 2/3 de los socios.
Los argumentos de los oficialistas
La ANC ha difundido un vídeo con argumentos a favor de la reforma a través de las redes sociales y Toni Strubell y Pep Cruanyes, dos miembros de la entidad del órbita de Llach, han defendido lo mismo en un artículo publicado en El Món. Pero los críticos con los postulados oficialistas lamentan que la Asamblea no mantenga la neutralidad —cosa que implicaría limitarse a estimular la participación. Y dejan claro que no están de acuerdo con la propuesta de reforma por «la forma en que se ha hecho» –porque se creó, según denuncian, la Comisión Organizadora de la Asamblea General (COAG) y una Comisión de Enmiendas para la modificación o revisión de los estatutos y del reglamento de régimen interno sin ni siquiera haber convocado la Asamblea General Ordinaria ni haber discutido en el Secretariado Nacional la conveniencia de modificar los estatutos o el reglamento de régimen interno– ni por los objetivos. «El Comité Permanente aprobó un borrador de modificaciones que estaba preparado con anticipación. En ningún momento se pensó contar con otras personas del Secretariado para preparar sus bases. No hubo ningún tipo de debate previo», lamentan.
Un cambio que puede eternizar cargos, según los críticos
Por otro lado, los críticos alertan que la modificación del artículo 21.1, que limita a 4 años el cargo de secretario nacional, puede eternizar los cargos y, según recuerda Giménez, es contrario a la regeneración democrática que defiende la entidad en su hoja de ruta. «Si la ANC dice que los demás deben regenerarse es contradictorio que se abra la posibilidad de que exsecretarios puedan volver al Secretariado», expone el secretario. El texto actual de los estatutos deja claro que «los miembros del Secretariado ejercerán el cargo durante un período de dos años y podrán ser reelegidos, únicamente, por otro período de igual duración». En cambio, la enmienda de la ponencia propone lo siguiente: «Los miembros del Secretariado ejercerán el cargo durante un período de dos años y podrán ser reelegidos, por otro período de igual duración. Después de cumplir dos mandatos consecutivos o de manera alternada, se podrán presentar a una nueva elección, después de dejar transcurrir el tiempo equivalente a dos mandatos».
Los críticos consideran que el actual redactado es válido porque promueve la «renovación de liderazgos» en la ANC, y rechazan la propuesta planteada en la ponencia porque se contradice con el punto 3.2 de la hoja de ruta y, además, remarcan que se limitaron los mandatos con el objetivo de que «nadie pueda eternizarse en los cargos de responsabilidad, a diferencia de lo que ocurre en los partidos políticos y otras organizaciones». Por todo esto, defenden que es necesario garantizar «la renovación democrática» de los miembros del Secretariado Nacional para que la entidad «pueda mantenerse independiente de los intereses de los partidos u otras entidades políticas». La secretaria nacional Roser Campi defiende que es necesario regenerar el movimiento y no abrir la posibilidad de que exsecretarios de la entidad puedan volver al Secretariado. Además recuerda que los dirigentes que formaron parte del estado mayor que nos llevaron al fracaso pactando con el Estado son aún los actuales dirigentes de los partidos autodenominados independentistas y de la actual Asamblea y remarca la vinculación política de Llach que formó parte del Estado Mayor en el año 2017, del Debate Constituyente y del Consejo de la República. «Recuperar la credibilidad pasa por el cambio», sentencia.
Los peligros que ven en la intención de limitar las votaciones que exigen los 2/3
El tercer elemento que los críticos ponen sobre la mesa para rechazar la modificación de los estatutos y del reglamento interno es la modificación del artículo 24.4 sobre las votaciones dentro de la asamblea, que quiere limitar la necesidad de alcanzar el apoyo de los 2/3 y acaba con «la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo» y también «suprime la necesidad de consenso para tomar decisiones». El redactado actual establece que «en caso de votaciones que afecten el nombramiento o la separación de personas para las diferentes funciones de la Asociación, se requerirá el voto favorable de dos tercios (2/3) de los miembros presentes en la reunión del Secretariado, excepto la elección de coordinadores de las comisiones, en la que solo se requerirá la mayoría absoluta de los presentes del pleno del Secretariado. En estos casos la votación será secreta si así lo solicitan al menos cinco miembros del Secretariado».
En cambio, la enmienda de la ponencia establece que «si después de dos votaciones ningún candidato/a obtiene 2/3 de los votos, en las siguientes votaciones será elegida el/la candidato/a que obtenga la mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en la reunión del Secretariado». En este sentido, subrayan que el redactado actual del artículo 24.4 exige el consenso, en lugar de una mayoría, para la elección de los principales cargos de la Asamblea. Esto, además, remarcan, obliga a elegir personas de consenso y a debatir y consensuar las estrategias para que no puedan responder a los intereses particulares de un grupo o facción.
«Para solucionar la fractura que hay en la ANC, proponen eliminar los 2/3», critica Campi, que remarca que la necesidad de consenso «hace que la minoría se vea involucrada porque tienes un ámbito minoritario de decisión, pero si no pintas nada… ¿Qué haces? Pues, hay gente que ya ha renunciado». «Es un peligro enorme cambiar esto porque romperá la transversalidad de la entidad». «Esta modificación, en la práctica, hace que no sea necesaria la amplia mayoría de 2/3, ya que en la tercera votación solo se requeriría el 50%+1 de votos», resumen los críticos.
Modificaciones de reglamento interno que afectan la soberanía de las territoriales
Por otro lado, los críticos señalan que las enmiendas de la ponencia a dos puntos del reglamento interno, el 3.12.1 y 3.13.6, afectan la soberanía de las territoriales de la ANC. Según detalla Tomàs el primero «fiscaliza la actividad económica» y el segundo «fiscaliza la actividad que puede hacer cada territorial». El redactado actual del 3.12 establece que «las asambleas territoriales que lo consideren adecuado podrán optar a una cantidad superior siempre y cuando no supere el 50% de las cuotas, que se mantendrá hasta nueva indicación por parte de las Asambleas Territoriales», pero la enmienda de la ponencia plantea un cambio sustancial: «Con carácter especial, siempre que se justifique y fundamente adecuadamente, las asambleas territoriales que lo consideren adecuado podrán optar a una cantidad superior siempre que no supere el 50% de las cuotas, y por un período previamente determinado en la solicitud».
Los críticos subrayan que esta modificación «resta autonomía financiera y de gestión para llevar a cabo sus actividades porque quedan sujetas a las finalidades y las estrategias que en un momento concreto pueda decidir una mayoría del Secretariado Nacional», y pone condiciones que, según dicen, «complica la gestión del día a día y puede desincentivar la actividad territorial». «Además, restringe la capacidad de respuesta rápida de las territoriales ante proyectos o situaciones imprevistas, la Asamblea deja de serlo y se convierte en un ente piramidal y jerárquico». «La estabilidad económica de la Asamblea no puede depender de circunstancias puntuales ni de decisiones de unas pocas personas», advierten.
Finalmente, el 3.13.6, actualmente, establece que «los miembros del Secretariado Territorial son responsables del buen uso de los fondos puestos a su disposición», y la enmienda de la ponencia añade al redactado actual que «los gastos de las territoriales deben gestionarse con criterios racionales y quedan sujetos a los objetivos, finalidades, actividades y estrategias propias de la Asamblea». Este cambio, según defienden los críticos, «pone en cuestión la soberanía de las Asambleas de Base para la organización de actividades que promuevan las finalidades de la Asamblea en su correspondiente ámbito». «Da por hecho que las Territoriales no gestionan con criterios racionales sus recursos y demuestra desconfianza», critican.
Piden votar ‘no’ porque consideran que la reforma «no es fruto del consenso»
Ante esto, los críticos dejan claro que la reforma «no es fruto de un amplio consenso» y añade que «hace unos malos estatutos llenos de artículos impecables técnicamente». «La ANC no tiene ningún futuro si no recuperamos la voluntad de consenso para trabajar juntos y remar en la misma dirección», advierten. Además, avisan que si se lleva adelante la reforma, podría «facilitar la toma del control de la Asamblea por parte de grupos o facciones organizadas», y convertirla en «un ente piramidal y jerárquico con el objetivo de tener el control político, el control del procedimiento y el control de los recursos de las bases».
Con todo, dejan claro que la decisión final es de los socios, que, según dicen, deberán decidir «si quieren mantener el modelo original de funcionamiento o transformarlo de manera radical». «Se trata, en definitiva, de si la organización se continúa basando en la regla del consenso o a partir de ahora pasa a funcionar por la regla de la mayoría. Los socios decidirán si la ANC mantiene las garantías para evitar que sea controlada por ningún grupo, partido o facción del independentismo o si se eliminan», concluyen.
Con todos estos argumentos, que ponen sobre la mesa, los críticos con los postulados oficialistas proponen a los asociados de la entidad votar NO los días 29 y 30 de junio a la ponencia final de la propuesta de reforma. Si la propuesta de reforma no sale adelante porque el SÍ no alcanza las 2/3 partes de los votos necesarios, reclaman al Secretariado Nacional que «impulse un grupo de trabajo abierto a las Asambleas de Base y a antiguos cargos de la entidad para que se recojan todas las propuestas de mejora y se impulsen aquellas que generen consenso».
