La reforma del Consell de la República (CdR) que ha propuesto el presidente al exilio, Carles Puigdemont, ha despertado tensiones dentro del órgano independentista al exilio. Incluso, con duras acusaciones contra el gobierno del Consejo y el mismo Puigdemont, a quien un comunicado de la Comisión de Acción Política Interna tildaba de «bonapartista» y de tener maneras de hacer «españolas». La respuesta del oficialismo del Consell no se ha hecho esperar, e insisten que la reforma es necesaria porque refuerza un «concepto clave para la independencia que es el control del territorio».
Fuentes del Consell remarcan la importancia de «reforzar el papel de los Consells locales por la República». Unas entidades que se han quejado de no tener una vía institucional clara para influir en el funcionamiento del órgano y de estar «desaprovechados» cuando pueden ser una fuerza de choque de la «confrontación inteligente». «La reforma propuesta tiene este sentido, otorgar representación e influencia a los Consejos locales y, crear otra cámara de representación que haga tareas legislativas», insisten las mismas fuentes. El objetivo es como tener «control del territorio» y «rearmar el Consell en todo los Países Catalanes».
«Acciones en el territorio»
La reforma planteada, que cuenta también con el apoyo de varios consejos locales, está dirigida a «generar recursos organizativos» que «permitan llevar a cabo acciones en el territorio, orientadas a su control». Es decir, que el brazo territorial del Consell tenga más influencia y protagonismo. «Buscamos la capilaridad, y tener las herramientas para controlar el territorio en caso de confrontación inteligente», apuntan fuentes oficialistas. «Los consejos locales son claves, básicos y primordiales para nutrir la acción del Consell, sin los pueblos y los municipios y su gente no podemos hacer nada, hay que tener vías y protocolos para que puedan comunicarse y debatir con el Gobierno, y la doble cámara es la manera más efectiva», concluyen.
En esta línea, los oficialistas consultados lamentan que la Asamblea «no se ha aprovechado cómo hacía falta». «No se han presentado prácticamente ninguna moción y no ha habido un control estricto del Gobierno ni una función legislativa clara», admiten. «Por otro lado, los miembros de los Consells Locals tampoco se han visto representados y ni sus iniciativas llegaban ni las nuestras se hacían efectivas, había un colapso de doble sentido», reprochan los oficialistas. «En este proceso de nueva legalidad republicana, el territorio es esencial, y con la actual estructura, no podía funcionar», insisten.
«Hacer leyes»
Por otro lado, desde el Gobierno del Consell argumentan que hacía falta una «reconversión» de lo que «se denomina el
«Hay que terminar la definición de los contenidos y de las reglas del juego de la República catalana», aducen. Con este objetivo, la cámara quiere hacer participar «todos aquellos expertos y profesionales necesarios para esta tarea de que cuenta la base de registrados del Consell». Es decir, una cámara de funciones casi técnica, que se complementará con la Cámara de Representantes, con representación de los Consells locales y también de las bases del Consell, que tendrá «el objetivo de deliberar y tomar decisiones sobre las acciones que el Consejo tiene que hacer al conjunto de los Países Catalanes». «Necesitaba una sacudida», remarcan las mismas fuentes que ven un aval a su propuesta a una reunión del pasado 12 de septiembre que reunió a Calonge un centenar de coordinadores de los Consells Locals de Cataluña con miembros del Gobierno del Consejo como Toni Castellà, Teresa Vallverdú y Montserrat Rodillos.
