Van mal dadas al entramado del Consejo de la República. Si las quejas de varios miembros de la Asamblea de Representantes por la decisión del presidente Carles Puigdemont d‘haberla disuelto, eran un rumor de fondo, ahora el malestar se presenta escrito negro sobre blanco. La Comisión de Acción Política Interior (CAPE) de la Asamblea de Representantes ha emitido un comunicado muy crítico en que califican la forma de hacer de Puigdemont del pasado 28 de agosto por la noche, cuando remitió la carta, de «prepotente y española». Incluso, llegan a tildar de «bonapartista» la decisión de disolver la cámara con el argumento que se inicia un proceso de reforma por desdoblar la cámara y reformular el entramado institucional del Consejo de la República.

En el comunicado, al cual ha tenido acceso El Món, los miembros de la comisión denuncian como se anunció por «sorprendida» la decisión de disolver el «parlamento al exilio». Un hecho que se registra, según los miembros de esta comisión, 79 días antes de la finalización del mandato y antes de cumplir con la celebración de un pleno solicitado en tiempo y forma por 47 diputados. «Es una cosa mucho al estilo de la política española», reprochan y recuerdan la disolución de las Cortes del 1982 o las reformas constitucionales a hurtadillas del 1992 o del 2011. «Esta manera prepotente y española de hacer es propia de las cúpulas de los partidos políticos con poca o nula democracia interna y es contraria a los valores de la república en que pretendemos vivir», concluyen.

Parto del Comunicado de la CAPE contra la decisión de disolver el Parlamento al exilio
Parte del Comunicado de la CAPE contra la decisión de disolver el Parlamento al exilio

Vulneraciones del Código General

En el comunicado, dirigido directamente al Gobierno del Consejo de la República, en nombre de quien Carles Puigdemont, como presidente, ha tomado la decisión, también se arguyen motivos jurídicos. Así, consideran que la carta vulnera el Código General del Consejo, aprobado el septiembre del 2022. También critican el «menosprecio» a los 47 miembros de la Asamblea de Representantes que pidieron la celebración de un plenario para aprobar documentos y «cerrar la legislatura de manera digna, provechosa y solemne».

Por otro lado, añaden contundentes críticas al fondo de la reforma. Consideran que es un «atentado contra la democracia directa y participativa» la propuesta de abolición de la cámara y quererla sustituir por dos cámaras de designación «indirecta» y «parcial» y de «composición indeterminada». «No es esto un ejercicio de autoritarismo de corte bonapartista, incompatible con los valores y la significación del Consejo de la República?», se preguntan socráticamente los miembros de la Comisión.

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