El actual vicepresidente del Consejo de la República y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ha presentado su candidatura para presidir la entidad, que celebrará elecciones entre el 8 y el 12 de febrero tras la renuncia de Puigdemont y el resto de la cúpula. Comín ha anunciado que da el paso a pesar de que una auditoría interna del Consejo de la República destapada por este diario lo ha señalado por gastar más de 15.000 euros en “gastos no justificados”, una acusación que él rebate asegurando que siempre ha cumplido con los criterios establecidos por la entidad.
En un comunicado, Comín ha asegurado que quiere dar un paso adelante porque el Consejo de la República “continúa siendo del todo imprescindible para culminar el camino hacia la independencia”. El plazo para presentar candidaturas termina el 22 de enero. El vicepresidente de la entidad defiende que el Consejo está “indisolublemente vinculado al exilio desde su origen” y considera que “la internacionalización debe ser, ahora más que nunca, una prioridad del movimiento independentista”.
Más vínculos con el independentismo y control de las finanzas
Si es elegido presidente, Comín se compromete a “fortalecer y ampliar” su “red diplomática republicana” para compensar la inactividad de las delegaciones de la Generalitat, que ahora están en manos del PSC y, por tanto, “al servicio del unionismo y su narrativa”. También ha prometido dinamizar los consejos locales; “garantizar la independencia del Gobierno del Consejo respecto de cualquier partido u organización”; y buscar una “coordinación estable” con otras entidades independentistas como la ANC y Òmnium Cultural. Otro compromiso de Comín es garantizar una “buena gestión” y la “máxima transparencia” de las finanzas de la entidad. En esta línea, propone designar un síndico de Cuentas y hacer que la Comisión Mixta Gobierno-Asamblea Territorial se reúna cada dos meses para “fiscalizar las finanzas”.
Se trata de una propuesta significativa porque todavía sigue la auditoría interna de la entidad que destapó “gastos no justificados” por valor de 15.000 euros. El Consejo, que sobre el papel ha avalado los gastos a pesar de considerar “moderadamente preocupante” la auditoría, tomó cartas en el asunto y retiró a Comín la competencia exclusiva de la gestión de las finanzas de la entidad e incorporó a dos miembros más de la cúpula para participar de las decisiones económicas.
Comín siempre ha defendido que los gastos bajo sospecha cumplen de manera “inequívoca” los criterios establecidos por el gobierno del Consejo de la República y ha acusado en varias ocasiones a El Món de “tergiversar” las informaciones sobre la auditoría para iniciar una “campaña de desprestigio” contra su persona.
