Después de meses de trabajo en un escrupuloso silencio, el Consell de la República ha recibido laauditoría sobre las cuentas de la entidad en el exilio y los gastos de su principal vicepresidente, Toni Comín. Un informe que detecta «posibles irregularidades» en gastos del eurodiputado de Junts per Catalunya por un valor de 15.530,35 euros, en diferentes partidas que incluyen alquiler de coches y aparcamientos, pagos de multas de tráfico y retiros de efectivo de hasta 6.000 euros.
La auditoría, a la que ha tenido acceso El Món, con fecha de 14 de octubre y firmada por Miquel Verdaguer, de Senior Auditing SL, consta de 12 páginas e incluye también propuestas para ordenar los números y el estado contable del Consell de la República, de las entidades asociadas y ponerlas de acuerdo con la legislación belga. El objeto del informe era determinar «la situación económica y financiera de Cat Global», la entidad que daba cobertura legal y financiera al Consell, a fecha 31 de diciembre de 2023. Todo ello después de las informaciones avanzadas por El Món sobre los gastos polémicos de Toni Comín que provocaron una grave crisis interna en la entidad en el exilio. El documento presenta una «propuesta de mejoras organizativas y de gobernanza que podrían contribuir a su eficiencia y transparencia».
«Posibles irregularidades»
El estudio pericial financiero detecta «cuentas corrientes con Antoni Comín por importe de 15.530 euros» que «se tratan de importes no justificados», a juicio del contable, «relacionados con la defensa del exilio». También descubre pagos diversos de impuestos de personal de diciembre por importe de 13.875 euros y pagos sin factura, básicamente liquidaciones de Visa, no contabilizadas, por importe de 21.479 euros. Tres partidas con las que el auditor se lleva las manos a la cabeza, al igual que el contable flamenco, porque la legislación belga no permite «provisionar ni incluir en la cuenta de resultados».
En cualquier caso, respecto a los 15.530 euros de gastos que surgen de las gestiones de Comín, el informe es bastante concluyente. Según afirma el auditor, «estos gastos incluyen el pago de varios conceptos». En concreto, un importe «arrastrado del 2022» de 363 euros que responde a una multa de tráfico; el alquiler de vehículo por 15 días, con un importe total de 1.997,35 euros; el alquiler de un apartamento durante 15 días, 2.562 euros; el pago de los impuestos del apartamento de Lovaina, 4.608 euros y retiros de efectivo por valor de 6.000 euros. De hecho, los conceptos del alquiler de coche y apartamento fueron la chispa que encendió la crisis dentro de la entidad en el exilio con la dimisión de su gerente contrario a abonar estos gastos.
«Gastos que no parecen estar justificados»
«A priori, estos gastos no parecen estar justificados dentro del marco de la defensa del exilio, dado que están destinados a un cargo electo que ya dispone de ingresos propios», remarca el auditor. «En cualquier caso», añade, «es fundamental que se presente una justificación detallada del uso de estos fondos en relación con los intereses y finalidades de la entidad, así como la aprobación por algún órgano colegiado de la entidad, función que en la actualidad desarrolla el Consejo de Administración». De hecho, apunta que los viajes pagados con fondos del Consell podrían ser de «carácter personal».
Asimismo, el informe pericial responde a la versión del eurodiputado de Junts y vicepresidente del Consell. «El señor Comín me ha explicado que las partidas sobre los viajes corresponden a actos realizados en Cataluña Norte y por tanto son los gastos de viaje correspondientes», recoge el documento. Ahora bien, el auditor considera que no es suficiente: «Haría falta un acta del Consell en que se apruebe la realización de estos viajes, susceptibles de ser considerados de carácter personal».
En cuanto a las partidas de los impuestos de Lovaina y los retiros de efectivo, Comín alegó que «formaban parte de su parte correspondiente a la repartición del fondo de Defensa Exilio». «Con independencia de que sea necesario el sufragio de defensa del exilio en cargos electos es cierto que hay un acuerdo de reparto de ingresos del 3 de octubre de 2023 en que se establece un sistema de reparto de las donaciones recibidas en CatGlobal, otorgando un importe de 6.338,10 a cada uno de los tres exiliados», describe el auditor. De hecho, Clara Ponsatí no entraba en esta terna. Y razona: «La cantidad recibida de 10.608,00, suma de los dos conceptos excede de esta cantidad».
Propuestas de mejora
El auditor no se está de tirar de las orejas al Consell por la «gobernanza» de las finanzas de la entidad. En este marco, propone una serie de medidas como «identificar una disfunción significativa entre las personas que toman las decisiones sobre el destino de los fondos y los responsables en un sentido jurídico de la entidad, que son los miembros del Consejo de Administración». Una situación, que según el auditor Verdaguer, «genera un riesgo innecesario y es insostenible, dado que los miembros del Consejo están asumiendo unos riesgos que no les corresponden, en la medida que no controlan el gasto y compromisos adquiridos, a pesar de ser responsables jurídicamente de la entidad». «Podrían llegar a controlar la caja de la entidad, pero no los compromisos que se toman en forma de facturas meritadas pero no pagadas», alerta.
Por otra parte, el auditor tilda «de erróneo» que «el control sobre el destino de los fondos que provienen de donantes de buena fe esté en manos de una sola persona, sin poner en duda en ningún caso la idoneidad de la persona escogida». Así, cree «fundamental» la creación de un órgano colegiado, como una terna o comité de tres miembros que pueda actuar como nuevo Consejo de Administración y que rinda cuentas mensualmente. También califica de «necesario unas normas básicas de gobernanza claras, incluyendo criterios para la selección de proveedores» así como la exigencia de pedir presupuestos previos para gastos.
