Cataluña sigue avanzando en la protección del mercado de alquiler. El Parlamento ha aprobado, con el apoyo del bloque de izquierdas -PSC, ERC, CUP y Comuns- la regulación del alquiler temporal tras llegar a un acuerdo el martes por la tarde. Por su parte, Junts, PP, Vox y Alianza Catalana han votado en contra. Esta luz verde otorgada por la cámara catalana ha sido celebrada por la consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, quien ha asegurado que este es el «primer gran acuerdo» del bloque de izquierdas desde hace mucho tiempo. A pesar de que el bloque de las brechas ha votado en contra, Paneque ha instado a los grupos a unirse, ya que la situación de la vivienda «interpela a todos». «El acuerdo no resuelve la crisis estructural, pero abre un camino», ha sentenciado Paneque.
Con el acuerdo el bloque de izquierdas ha podido modificar la ley de vivienda y diferenciar el alquiler temporal de los alquileres residenciales, ya que se establece que los alquileres temporales son los destinados a “usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea esta de verano o cualquier otra”.
Las medidas que contempla el acuerdo entre ERC, CUP y Comuns
Uno de los puntos clave del acuerdo que han rubricado en el Parlamento el bloque de izquierdas es la creación de la figura de un inspector de vivienda, quien tendrá la capacidad y las competencias para poder “verificar el cumplimiento de los contratos, detectar fraudes y proponer sanciones” y estarán vinculados a la futura Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda, con la participación de la Agencia de Consumo y la Agencia de Vivienda. La creación de esta figura no es la única medida que ERC, CUP y Comuns han rubricado, ya que otro de los aspectos contemplados en el acuerdo es que se establezca una prórroga de las viviendas con protección oficial situadas en zonas tensionadas, una de las condiciones que imponían la CUP y los Comuns. Esta prórroga contempla 30 años adicionales en el caso de promociones en suelo de reserva urbanística de destino a vivienda protegida y si se obtienen ayudas directas; 10 años en el caso de promociones en suelos sin reserva urbanística de destino a vivienda protegida y sin obtener ayudas directas; y 20 años para el resto de supuestos.
Una de las novedades que modificarán la ley de vivienda 18/2007 es la del «contrato de fraude», y se define como «Cualquier acuerdo contractual que, de manera intencionada, incorpore cláusulas o prácticas engañosas que vulneren los derechos de los consumidores o que desvirtúe el equilibrio contractual en materia de vivienda en los términos contenidos en el derecho aplicable».
En el caso del alquiler de habitaciones, se establece que la suma de las rentas de varios contratos de una vivienda en una zona tensionada nunca podrá sobrepasar la renta máxima aplicada a esa vivienda.
