El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró hace casi un año, en la toma de posesión de los 16 consejeros que conforman su Gobierno, que la lengua catalana era la «columna vertebral de la nación». Pero el catalán se está convirtiendo en una piedra en el zapato para el jefe del ejecutivo y para el poder institucional del PSC, más amplio que nunca. En Barcelona, Jaume Collboni y su equipo de gobierno, especialmente la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay, están enredados en el asunto de la obra de teatro catalanófoba que se representó en un acto de la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento. La Generalitat debe enfrentar las denuncias constantes por discriminación lingüística en la sanidad, mientras contiene la respiración ante la sentencia supuestamente inminente del TC sobre la ley y el decreto que se aprobaron de urgencia para frenar el 25% de castellano en la escuela. Y, además, Illa debe enfrentar otros pequeños incendios, como la polémica por el hecho de que miembros de su ejecutivo se han decantado por usar el diccionario de la Real Academia Española, en lugar de consultar el del Institut d’Estudis Catalans, a la hora de definir una palabra en intervenciones en el Parlamento de Cataluña.
Concretamente, se trata del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, que recurrieron a la RAE para definir las palabras «mimesis» y «fraude». Esta actitud ha sido criticada por el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, que preguntó por escrito al consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, si «se hace un buen servicio a la lengua catalana y a las instituciones del país cuando miembros del Gobierno citan la Real Academia Española en lugar del Institut d’Estudis Catalans a la hora de definir una palabra». Y lo instaron a «pedir al resto de consejeros que cambien esta práctica».
En una breve respuesta publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC), Vila evitó contestar las preguntas que le formulaba el grupo parlamentario de Junts y se limitó a contestar que el ejecutivo de Salvador Illa «reconoce plenamente al IEC como entidad de referencia, autoridad normativa y fuente lexicográfica, y valora el papel imprescindible que tiene y ha tenido desde su creación en la codificación de la lengua y la investigación en catalán». En este sentido, señala que el Gobierno, a través del Pacto Nacional por la Lengua, «ha aumentado sustancialmente el apoyo a sus proyectos, tanto en la elaboración del nuevo diccionario normativo como en la financiación del Observatorio de la Calidad Lingüística».
Dos casos recientes de la debilidad por la RAE
Junts formuló la pregunta al consejero de Política Lingüística después de que el pasado 13 de marzo, durante la sesión de control al Gobierno, Albert Dalmau, recurriera a la RAE para definir el término «mimesis». Lo hizo en una respuesta al portavoz del PP, Alejandro Fernández, que le preguntó sobre la «cesión de competencias exclusivas del Estado en favor del Gobierno» y le reprochó que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «ha venido a unir Esquerra y Junts y a servir los intereses de Esquerra y Junts y no los intereses de los catalanes». En su réplica, Dalmau dijo que al PP le pasa «una cosa que se llama ‘mimesis'». «Si quiere, me voy a la RAE, que dice que es una ‘imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de una persona‘», apuntó, y, a continuación, añadió: «En el DIEC, ‘imitación'». «Y de verdad, esta aproximación que tienen ustedes de estar sentados al lado de Vox se les está empezando a pegar», sentenció.
Eva Menor, por su parte, mencionó el diccionario de la RAE el 10 de abril, en respuesta a una interpelación de Vox sobre el supuesto «fraude de los empadronamientos masivos». «Acabo con una pregunta al aire, porque cuando me estaba preparando esta interpelación lo primero que hice fue recurrir a la RAE para dimensionar las palabras», destacó la consejera, que leyó las definiciones: «Fraude. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a las personas contra las cuales se comete» y «masivo: en masa, en grandes cantidades». «Si un fraude es una acción contraria a la verdad, a la rectitud, que perjudica a las personas contra las cuales se comete, y masivo es hacerlo en masa, yo me pregunto: ¿quién está haciendo fraudes masivos a la ciudadanía?», preguntó. Tras la intervención de la consejera de Igualdad y Feminismos, la portavoz de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, recordó en un tuit que el Institut d’Estudis Catalans es «la entidad de referencia normativa para la lengua catalana en su conjunto», y lamentó que el Gobierno recurra a la RAE cuando debe definir una palabra en sede parlamentaria».
