El 14 de septiembre es la fecha señalada para que el Tribunal Supremo revise los indultos a los presos políticos que les concedió el presidente español Pedro Sánchez. Interpelada al respecto, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado que el Gobierno no prevé ni se plantea la posibilidad que el Supremo los «revise o revoque» porque «no tendría ningún sentido». En una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, Vilagrà ha recordado que ya hace dos años que el Consejo de Ministros otorgó los indultos y que sería extraño que ahora hubiera una «interferencia» de los tribunales. En el mismo sentido, preguntada por la amnistía, Vilagrà ha dicho que la justicia no tiene que intervenir en cuestiones políticas. «Que cada cual se mantenga en su ámbito de responsabilidad», ha remachado.
Este jueves se supo que la fecha fijada por esta revisión es el próximo jueves 14 de septiembre y que los primeros recursos de Vox y Ciutadans contra los indultos afectan los exlíders de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Si la sala del Supremo decidiera revocar los indultos -una situación que el Gobierno no contempla y que no ha sucedido nunca- sería el juez instructor del caso quien tendría que decidir en qué situación quedan los dos ex-tomados políticos, dado que el delito por el cual fueron condenados a nueve años de prisión ya no existe al Código Penal.
Los primeros afectados serían los Jordis, después el resto de presos políticos
Aun así, si se decidiera revocar los indultos a los Jordis, el Supremo abriría la puerta a revocar posteriormente los del presidente de ERC, Oriol Junqueras, el ex consejero de Exteriores, Raül Romeva, el ex consejero de Presidencia y actual secretario general de Juntos, Jordi Turull y la ex consejera de Trabajo Dolors Bassa. En caso de que todo esto sucediera, ninguno de los ex-tomados políticos entraría inmediatamente a prisión, puesto que podrían recorrer esta decisión al Tribunal Constitucional.
