Los números son el principio de todas las cosas. Esta es una idea pitagórica clave. Los datos permiten conocer, evaluar, analizar, demostrar o contextualizar cualquier hecho. En la administración pública son una herramienta indispensable para aplicar políticas y gestionar los recursos. Tener conciencia de la estadística y de los casos que tiene entre manos un departamento del Gobierno es imprescindible para dirigir o gestionar un servicio, utilizar de manera eficiente los recursos públicos y detectar y prever las carencias.
El caso de la hasta hace poco Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la DGAIA, aún es más punzante, sobre todo, después de que el mismo conseller de Derechos Sociales, Raúl Romero, haya admitido en un informe al Parlamento, elaborado a petición de la diputada del PP Lorena Roldán y al cual ha tenido acceso El Món, la falta de datos «exactos» sobre la situación personal de los menores tutelados por la Generalitat. Una falta de información que defienden por la «complejidad» de algunos procesos, aunque el conseller asegura que se están llevando a cabo cambios para tener estadísticas que afectan de lleno el modelo de atención de los menores. «Trabajamos para mejorar los sistemas de información y recolección de datos, con el objetivo de avanzar hacia modelos más precisos, sistemáticos e integrados», argumenta el conseller Moreno.
Así, Moreno reconoce que la actualmente renombrada Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) no tiene datos concretos de qué infantes o adolescentes tutelados están en tratamiento o atendidos por la red de salud mental -solo una aproximación; tampoco tienen los datos de los que siguen tratamiento farmacológico; ni de los tutelados que han cometido violencia filoparental; ni de los que han sido víctimas de abuso por parte de otros menores residentes en el mismo centro -solo datos del primer cuatrimestre de 2026-; ni de los tutelados que han cometido algún delito penal, tienen medidas cautelares o están bajo monitoreo del sistema de Justicia Juvenil; ni de los que han sido víctimas de abuso o agresiones sexuales por parte de adultos, familiares, tutores, acogedores, conocidos, desconocidos o parejas con quienes mantienen relación mientras están bajo el cuidado de la DGPPIA. De hecho, los únicos datos completos que ofrece es el grueso de menores que han requerido una intervención «inmediata» por conductas suicidas o autolesivas.
Tratamiento en la red de salud mental
Con relación al número de menores tutelados en centros de protección de la DGPPIA que están en seguimiento, tratamiento y/o reciben atención médica y asistencial por parte de la red de recursos de salud mental, el departamento admite que «actualmente no se dispone del dato exacto solicitado» aunque «se trabaja en colaboración con los servicios de salud mental desde hace años para reforzar la atención a los infantes y adolescentes tutelados» por la DGPPIA. La falta de datos responde, según informa Moreno al Parlamento, al «sistema actual de recolección y explotación de datos, que no permite obtener esta información con el nivel de detalle requerido».
Aun así, el conseller apunta que «desde la instauración del programa de colaboración en salud mental entre los Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) y los centros de protección de la DGPPIA, se ha implementado un cuestionario de valoración anual como mecanismo de seguimiento y de evaluación continuada». Un «instrumento» que describe como «útil para conocer mejor la situación y evolucionar en la calidad de la atención, aunque no recoge específicamente el número total de casos atendidos». En todo caso, el conseller calcula por «estimaciones técnicas» que aproximadamente entre el 55% y el 65% de los infantes y adolescentes ingresados en el conjunto de los centros de protección (Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), Centros de Acogida (CA) y Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI)) son derivados a los Centros de Salud Mental Infantil Juvenil (CSMIJ).
Derechos sociales padece el mismo problema con el número de menores tutelados que siguen pauta farmacológica por problemática de salud mental. «La DGPPIA continúa trabajando en la mejora de los sistemas de información y coordinación interdepartamental para reforzar el conocimiento sobre las necesidades de los infantes y adolescentes tutelados, así como para mejorar la planificación de las políticas públicas en este ámbito», contextualiza el conseller. Y en esta línea reconoce que la DGPPIA «no dispone de esta información en los términos requeridos» porque en el sistema de información actual «no se recoge de manera sistemática ni explotable el número de menores tutelados que siguen tratamiento farmacológico vinculado a problemáticas de salud mental». De hecho, pasa la pelota al Departamento de Salud.
Víctimas de abuso o agresión sexual
Uno de los puntos más delicados de la respuesta parlamentaria es sobre el número de menores tutelados y bajo la guarda de la DGPPIA que han sido víctimas de conductas abusivas (abuso o agresión sexual) por parte de otros menores del mismo centro donde están ingresados. El conseller explica que estos datos no se recogían de manera específica en el sistema de información SINIA «hasta el primer cuatrimestre de 2026». Por lo tanto, no hay la estadística de 2023, 2024 y 2025. Es decir, las cifras que reclamaba la diputada y que coinciden en el tiempo con la eclosión del caso DGAIA. Moreno detalla que, para corregir esta situación de falta de datos, se ha iniciado un «trabajo conjunto con los territorios con el objetivo de incorporar esta recolección de datos de manera sistemática». Por ahora, solo se dispone de información correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, y sumarían 13 casos. En concreto, 2 en el mes de enero; 3, en febrero; 3, en marzo y 5 casos en abril.
Con relación al número de menores tutelados y bajo la guarda de la DGPPIA que han sido víctimas de abuso o agresiones sexuales por parte de adultos, familiares, tutores, acogedores, conocidos, desconocidos, parejas con quienes mantienen relación, el conseller firma que «no es posible proporcionar el número de menores». La falta de datos, siguiendo el criterio del conseller, es porque «los casos de abuso y agresión sexual en la infancia y la adolescencia son atendidos mediante el modelo Barnahus, el cual no establece una diferenciación en el registro de datos entre infantes y adolescentes tutelados y no tutelados». «Este principio responde a criterios de no-discriminación en la atención e intervención, motivo por el cual esta variable no se recoge específicamente ni se puede explotar estadísticamente», sentencia Moreno.
Compromiso de recoger más datos
Sobre los menores tutelados que han protagonizado conductas autolesivas, autoagresivas y suicidas, el conseller enfatiza que es «una realidad compleja que se manifiesta con diferentes grados de intensidad y que requiere una atención especializada y coordinada». En este sentido, admite que solo puede hacer una «aproximación a las situaciones de más gravedad» a través de los datos recogidos por el cuestionario de valoración en la variable «número total de infantes y adolescentes atendidos en urgencias en salud mental por conductas autolíticas». Pero esta vía solo recoge las situaciones que han requerido una «intervención inmediata y no la totalidad de conductas autolesivas o de riesgo existentes». Contado y debatido, el año 2023 se registraron 225 casos; el 2024, 75 y 62 casos el 2025. El departamento aún no tiene los datos de 2026, ni por trimestres, porque no recogerá la estadística hasta 2027.
En cuanto al número de menores tutelados en centros que habían cometido violencia filioparental, el conseller también reconoce que «en el momento actual no se dispone de datos agregados ni explotables que lo permitan cuantificar». Una afirmación sorprendente porque el mismo Moreno admite que sería «relevante» tener estas cifras para «disponer de herramientas cada vez más completas para el análisis y la toma de decisiones». «En esta línea, se prevé avanzar en la incorporación progresiva de esta tipología específica en los sistemas de registro, con la voluntad de poder disponer, en el futuro, de indicadores más precisos que faciliten la trazabilidad de los casos y la adecuación de las respuestas profesionales», añade.
Finalmente, Moreno también expone que no tiene datos sobre el número de menores tutelados y en guarda de la DGPPIA que han cometido «delitos de naturaleza penal, cuáles de estos han pasado por los circuitos de Justicia Juvenil o son atendidos por los Equipos de Medio Abierto del Departamento de Justicia, y el tipo de medidas judiciales se han acordado». De hecho, Moreno razona que obtener el dato «requeriría una revisión caso por caso de los expedientes de las personas menores de edad atendidas por el sistema de protección». Sin embargo, el conseller pronostica que esta clase de información es «actualmente objeto de valoración en el marco de los trabajos de mejora y evolución de los sistemas de información, con el objetivo de reforzar la disponibilidad de datos para el análisis y el conocimiento de las diferentes realidades presentes en el sistema de protección».
