El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha dado respuesta a las quejas presentadas por Junts per Catalunya y por el abogado Quim Gunter sobre la campaña institucional 8 milions de raons per disposar d’un nou model de finançament que recientemente ha puesto en marcha el Gobierno y se emite en TV3 y otros canales sobre los cuales el CAC tiene competencias. Las dos quejas cuestionaban la legalidad del anuncio, pero el organismo presidido por Xevi Xirgo ha respaldado la campaña del ejecutivo por «mayoría», y no por unanimidad, del pleno del Consell. La distribución del voto es secreta y, según fuentes del CAC, no se puede comunicar ni la cantidad de votos a favor y en contra.
El organismo está presidido actualmente por Xirgo, nombrado a propuesta de Junts, y el resto de sillas son de la vicepresidenta, Laura Pinyol, y el consejero Miquel Miralles, designados ambos a propuesta de ERC, y el consejero Enric Casas, designado a propuesta del PSC. En el consejo hay una vacante desde que Rosa Maria Molló, que también fue designada a propuesta de los socialistas, renunció para ser defensora del espectador de RTVE. Actualmente, por tanto, el CAC está integrado por cuatro miembros, a la espera de que el Parlamento de Cataluña elija uno nuevo.
El Món ha tenido acceso a una de las dos respuestas, pero ha podido confirmar que el texto de respuesta es exactamente igual para ambas peticiones. Tras recibir las quejas y analizar el contenido y el contexto de difusión de la campaña, el Pleno del Consell de l’Audiovisual de Catalunya traslada a las partes que el organismo «constata, por mayoría de sus miembros, que la publicidad objeto de la queja no vulnera la normativa vigente en materia audiovisual».
«Una iniciativa de relevancia pública»
La mayoría del pleno del Consell defiende que en el artículo 109.2 de la ley de la comunicación audiovisual de Cataluña, que establece que la publicidad institucional emitida por radio y televisión “solo puede tener por objeto la información sobre los servicios públicos” se debe interpretar conjuntamente con el resto de la normativa, y en particular, con la Ley 18/2000, de 29 de diciembre, de publicidad institucional, que establece el régimen jurídico de las campañas promovidas por las administraciones públicas de Cataluña.
En este sentido, el CAC expone que «la referencia a los servicios públicos no se limita estrictamente a la información sobre la prestación concreta de estos servicios, sino que puede comprender también la difusión de la información relativa a iniciativas institucionales o políticas públicas que inciden en la organización, el funcionamiento o la financiación de los servicios públicos».
Asimismo, el organismo hace saber a las partes interesadas que la campaña analizada tiene por objeto «la difusión de información relativa a un proyecto de reforma del modelo de financiación, cuestión que presenta una incidencia directa en la capacidad de financiación de políticas públicas vinculadas a servicios esenciales como la salud, la vivienda, la seguridad o el transporte». «En este contexto, la campaña se interpreta como una acción de comunicación institucional destinada a informar a la ciudadanía sobre una iniciativa de relevancia pública», concluye.
8 milions de raons per aconseguir un nou model de finançament.
— Govern de Catalunya (@govern) March 13, 2026
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Las quejas trasladadas al CAC veían indicios de «propaganda» en la campaña
Tanto la queja que envió Junts por carta a Xirgo como la que dirigió el abogado pidieron al CAC que analizara la campaña institucional porque veían indicios de que era «propaganda» del Gobierno. Desde la formación de Carles Puigdemont consideraban que esta “campaña de propaganda política con mensajes vacíos” era contraria a la ley que rige la publicidad institucional. El mismo argumento que defendió Gunter, quien en la queja que presentó remarcó que veía indicios legales «suficientes” para concluir que la campaña “puede exceder los límites de la publicidad institucional legítima y constituir una forma de propaganda gubernamental sufragada con recursos públicos”. A pesar de las quejas, el CAC ha validado la campaña por mayoría, sin unanimidad.
