La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y la líder de Comuns, Jéssica Albiach, han anunciado este viernes un pacto para posponer el decreto ley de la tasa turística hasta octubre a cambio de, entre otras medidas, destinar 60 millones de euros al tercer suplemento de crédito a políticas de vivienda. En la rueda de prensa para oficializar el acto, han destacado que la mitad del dinero será para ejercer el derecho de compra a través del tanteo y retracto por parte de la Generalitat y 30 millones, para el fondo de cooperación local de este año.
Albiach ha destacado que estos 60 millones compensan los recursos que la Generalitat no ingresará por el retraso en la aplicación de la tasa turística hasta octubre. El acuerdo entre el Gobierno y uno de sus socios prioritarios también prevé la aceleración de la puesta en marcha del registro de horquillas, que deberá hacerse efectivo en un plazo de tres meses, y que permitirá aplicar el incremento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y el régimen sancionador de la ley.
Además, se creará un programa específico de inspección y control sobre la liquidación de la tasa turística y se realizará una campaña específica para controlar el fraude y actualizar el censo de viviendas de uso turístico. El pacto también incluye una convocatoria del Plan de Barrios entre junio y julio de este año para que llegue a 20 municipios al año.
Romero: «La tasa no ha perjudicado la llegada de visitantes»
La consejera Romero ha explicado que la nueva tasa turística es para que «los recursos ayuden a los ayuntamientos a dirigir mejor la avalancha de turistas» que reciben. En este sentido, ha recordado que desde que se aplica la tasa, en el año 2013, el número de turistas en Cataluña ha pasado de 15 millones a 20 millones, y por eso «la tasa no ha perjudicado la llegada de visitantes». «Esperamos que permitan generar los recursos para gestionar mejor a los visitantes, no solo en Barcelona, en toda Cataluña. Los turistas son bienvenidos, pero generan algunos inconvenientes que hay que gestionar de la mejor manera posible», ha añadido. Albiach, por su parte, ha calificado la situación actual de «absurda y de bloqueo» y ha explicado que han querido dar un paso adelante para desbloquear el escenario.
El acuerdo del Gobierno con los Comuns se produce después de que la semana pasada el Parlamento rechazara el decreto que posponía su puesta en marcha y tres días después de que el ejecutivo de Salvador Illa aprobara en la reunión del Consejo Ejecutivo un nuevo decreto para garantizar el aplazamiento para «dar seguridad jurídica y confianza» al sector, y apeló a la «responsabilidad» de los grupos para convalidarlo «lo más rápido posible». La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, defendió que el nuevo decreto da «confianza» al sector tras los días de «inseguridad jurídica».
