El presidente español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, han rubricado este mediodía el acuerdo de gobierno cerrado a última hora del lunes en una reunión de alto nivel entre los dos dirigentes. Y lo han hecho en una comparecencia sin preguntas en la cual han esquivado hablar de todas las carpetas pendientes de negociar con el independentismo: la ley de amnistía, la oficialidad del catalán en la UE, el nuevo sistema de financiación autonómica o el traspaso de Cercanías. Sánchez y Díaz han preferido centrarse en explicar con más detalles el acuerdo, que tiene 230 puntos y aborda demandas importantes de Sumar como la reducción de la jornada laboral, el aumento del SMI o el endurecimiento de los despidos.
“Firmamos este acuerdo con la voluntad de ofrecer estabilidad, convivencia y progreso en España para los próximos cuatro años”, ha afirmado Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, que ha sido la encargada de anunciar todos los acuerdos sociales, ha agradecido el esfuerzo del PSOE para meter en el pacto cuestiones que generan polémica en el partido. “Sé que llegar a acuerdos es muy difícil, pero lo que nos mueve es defender a España y su gente. Esto nos une y siempre encontraremos una manera de continuar avanzando”. La comparecencia, con presencia de la plana mayor del gobierno español, ha transcurrido con un tono triunfalista y sin ninguna mención a la España plurinacional o a la reforma del sistema de financiación que reclaman los partidos independentistas y nacionalistas.
La Generalitat resta importancia al acuerdo PSOE-Sumar
La portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, ha restado trascendencia al acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar porque será “papel mojado” si no hay pactos de investidura con los independentistas y se satisfacen los “compromisos” con Cataluña. Plaja ha reiterado que la Generalitat prioriza la amnistía, una hoja de ruta hacia un referéndum, el traspaso de Cercanías y el fin del déficit fiscal. El gobierno catalán ha anunciado que mirará “con lupa” la letra pequeña del acuerdo para evitar que haya una invasión de competencias, pero ha evitado hacer comentarios más allá de pedir diálogo social antes de implementar medidas como la reducción de la jornada laboral.
Poco antes de la presentación del acuerdo, el Consejo de Asuntos Generales de la UE ha acabado sin una postura definida sobre la oficialidad del catalán. Los 27 todavía tienen muchas dudas sobre las implicaciones legales de la propuesta y han pedido más tiempo para estudiarla. El gobierno catalán ha urgido a Pedro Sánchez a conseguir adelantos “más pronto que tarde”, puesto que la oficialidad del catalán es una línea roja del independentismo en general, pero especialmente de Junts, que lo ha convertido en uno de sus caballos de batalla para negociar con el PSOE. El gobierno español asegura que la maquinaria diplomática no se para y es optimista, pero cada vez parece más difícil que se consiga un acuerdo antes del 27 de noviembre, fecha tope para evitar la repetición electoral.
