Los ‘parasindicatos’ de la Guardia Civil se rearman contra Marlaska

La decisión de Pedro Sánchez de mantener como ministro del Interior al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska no ha hecho ni pizca de gracia a las poderosas asociaciones de la Guardia Civil. Entidades que funcionan como parasindicatos, porque la sindicación está prohibida en el instituto armado, y que han decidido moverse con «unidad de acción» como aviso a navegantes al ministro renovado. Así, Jucil, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la Asociación Española de Guardias Civiles, la Unión de Oficiales, Independientes de la Guardia Civil, la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil y la Asociación de Escala de Suboficiales de la Guardia Civil han unido esfuerzos y estrategia para no poner fácil la legislatura de la amnistía.

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Después de que algunas de estas entidades desafiaran a Marlaska con declaraciones abiertamente contra la amnistía y contra el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, al ministro no le tembló el pulso para abrirles expedientes. La respuesta de los parasindicatos ha sido presentar un recurso contencioso–administrativo contra el nuevo decreto de estructura del Cuerpo Nacional de Policía -una de las joyas de la corona de la anterior legislatura, que la Guardia Civil considera que le quita competencias en favor del CNP- y organizarse para forzar una reunión del Consejo Extraordinario de la Guardia Civil, el órgano de representación laboral del instituto armado, con el ministro.

La amnistía, la zona de especial singularización de Cataluña, la previsión de la salida del instituto armado de Cataluña y el País Vasco, el relevo del actual director general, la famosa equiparación salarial, la reforma de los turnos de trabajo o el recorte de competencias son los caballos de batalla y las asociaciones ya se han puesto en marcha. De hecho, este mismo martes el ministerio ya ha tenido una muestra de lo que puede venir en una reunión de trabajo de los parasindicatos con el director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.

Punto en boca con la vista puesta en el 14 de diciembre

Las asociaciones del instituto armado solicitaron de manera insólitamente unitaria el pasado 26 de octubre un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil. El malestar se incrementó porque no recibían respuesta por parte del ministerio. Pero, cuando la tensión se hizo llegar al gabinete de Marlaska, Leonardo Marcos remitió una carta convocando una «reunión de trabajo» para este martes 28 de noviembre, a las once de la mañana. Técnicamente, tenía que ser una reunión para preparar un próximo pleno del Consejo. Ahora bien, en la misiva el director no precisaba si sería por el consejo extraordinario pedido o uno ordinario, de inicio de gestión de legislatura.

La respuesta de los parasindicatos ha sido, dentro del marco disciplinario que supone la Guardia Civil, bastante extraordinaria. De entrada, todos han recriminado al director que no se haya convocado el pleno extraordinario que reclamaban. La presión ha sido de tal magnitud que Marcos se ha comprometido a convocar uno, según las entidades, en enero. Pero, antes, celebrarán un pleno ordinario el 14 de diciembre. Los parasindicatos han cargado contra la posición del ministerio, pero han decidido «abstenerse en todos los puntos del orden del día de la reunión». El objetivo era reservarse y no dejar ver su estrategia de cara al próximo 14 de diciembre, en que aseguran que mantendrán «la unidad de acción entre tropa, cabos, suboficiales y oficiales».

Competencias, amnistía y Cataluña

La bienvenida a la renovación del ministro ha sido la presentación por parte de Jucil, la asociación mayoritaria al Consejo de la Guardia Civil, de un recurso contencioso-administrativo contra una de las medidas estrellas del ministro. Se trata de un recurso contra la orden de Interior 859/2923 de 21 de julio, justo dos días antes de las elecciones, con que Marlaska cambiaba de arriba abajo la estructura del Cuerpo Nacional de Policía y le otorgaba ciertas funciones, como por ejemplo el control de fronteras. Una orden que ha agrietado todavía más las relaciones, ya de por sí bastante dañadas, entre el instituto armado y el ministro. Un recurso que tiene que inquietar por fuerza en el ministerio, porque las dos grandes batallas judiciales que ha tenido con nombres de peso de la Jefatura, el coronel Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sanchez Corbí, han acabado con clamorosas derrotas de Marlaska.

Por otro lado, los parasindicatos ya han puesto el grito al cielo por la investigación interna de la Dirección General contra los responsables de las asociaciones que criticaron públicamente el acuerdo de amnistía y la configuración del nuevo gobierno de Sánchez. Un hecho que el gabinete del ministerio consideró que incumplía el deber de neutralidad política de la institución policial. Precisamente, Cataluña es uno de los grandes ejes de tensión entre el ministerio y los parasindicatos, como se vivirá el próximo 14 de diciembre. Las asociaciones están convencidas de que hay un plan del ministerio para echar de Cataluña y el País Vasco a las unidades que todavía quedan de la Benemérita. Un proyecto que el ministerio se ha esforzado en negar, a pesar de que acepta que tanto los Mossos d’Esquadra como la Ertzaintza cogen cada día más competencias como policías integrales. En este punto, las asociaciones piden reforzar el estatus de los agentes desplegados en Cataluña como Zona de Especial Singularidad, un reconocimiento que supondría un incremento sustancial en la nómina y que también se reclama por los efectivos desplegados en el Campo de Gibraltar, por los riesgos que supone el narcotráfico.

Equiparación, derechos, jornada y relevo del director

Todavía en relación con Cataluña, las asociaciones alertan de que esta legislatura tiene que servir para completar la famosa «equiparación salarial» entre cuerpos policiales. Precisamente, es una reivindicación por la cual nacieron algunas de las entidades profesionales más importantes, como Jucil. Y el ministerio ha dado pasos para hacerla posible. De hecho, se han hecho aportaciones extraordinarias a los presupuestos generales del Estado para esta compensación que, curiosamente, se empezó a reclamar a las puertas del referéndum sobre la independencia de Cataluña del primero de octubre de 2017. Una de las primeras manifestaciones se celebró en Barcelona, ante la delegación del gobierno español, a cuatro días del 1-O.

Las grandes peticiones, más políticas, también incorporan demandas de mejoras laborales como una «jornada laboral digna», o el reconocimiento de grupo de riesgo para poder acceder más rápidamente a la jubilación. En este sentido, la Guardia Civil empieza a marcar distancias con los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, que han conseguido más reconocimientos de los derechos laborales que ellos, una fuerza policial que todavía tiene carácter militar. Por eso, también exigen sistemas de control de la productividad para defender mejoras salariales, así como un nuevo concepto de representación laboral de los efectivos del cuerpo. Una de las demandas que también tiene el apoyo unánime de las asociaciones es el relevo del director general, Leonardo Marcos. Una decisión que, hoy por hoy, «ni está ni se la espera» en el ministerio. La batalla parasindical con Marlaska continúa y con más munición.