El gobierno español asegura que ha mantenido conversaciones con Bélgica, que ostentará la próxima presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, para mantener la oficialidad del catalán en la agenda de trabajo de los líderes europeos. Este martes hay la última reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE bajo la presidencia española y ya se ha descartado que la propuesta se lleve a votación por falta de apoyos. “Por supuesto”, ha dicho el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, cuando se le ha preguntado si el gobierno español había tratado la cuestión con las autoridades belgas.

La Generalitat ha anunciado en las últimas semanas que ya abierto diferentes canales de comunicación con el gobierno de Bélgica para intentar que la oficialidad del catalán no caiga en el olvido, pero la implicación del gobierno español será clave por su estatus de estado. Pascual Navarro ha garantizado que los trabajos para modificar el régimen lingüístico de la UE “continuarán” y ha reivindicado el “compromiso” de los estados miembros para negociar más allá de la presidencia española. El secretario de Estado para la UE ha reconocido que, a pesar del acercamiento de posturas, las conversaciones “no han avanzado suficiente”.

El secretario de Estado por la UE, Pascual Navarro, interviene en el Parlamento Europeo / ACN

La oficialidad del catalán va para largo

La propuesta española para oficializar el catalán, el vasco y el gallego llevará más tiempo de lo que la delegación había previsto por las fuertes reticencias que han mostrado algunos países. Letonia y Lituania fueron los primeros en mostrar en público sus dudas sobre la necesidad de incorporar nuevas lenguas de trabajo a la Unión Europea. También los países nórdicos han hecho objeciones, sobre todo en cuanto al coste de la medida, que la Comisión Europea cifra en unos 132 millones, a pesar de que el gobierno español se ha comprometido a sufragar los gastos.

El fracaso de las negociaciones para oficializar el catalán ha hecho que Junts, el partido que más ha presionado a Moncloa para impulsar la medida, haya reclamado al gobierno español que redoble sus esfuerzos para culminar el proceso en los próximos meses. Carles Puigdemont considera un “incumplimiento” de Pedro Sánchez que la propuesta española no se haya podido votar en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, pero le ha dado más tiempo y le ha exigido que use todos sus recursos diplomáticos para acabar con la resistencia de algunos estados miembro.

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