El gobierno español quiere sumar un
La Ley de Vivienda se planteó por primera vez el febrero de 2022 y es un compromiso de legislatura de Pedro Sánchez que, después de meses intentándolo, ahora se hace realidad. El límite de los precios del alquiler ha sido uno de los apartados de la norma que ha generado más disputas, pero con el apoyo de los republicanos y de Bildu esta medida llegará a las zonas más tensadas. El tope se aplicará en aquellas áreas consideradas de riesgo, es decir, los lugares donde el alquiler y los gastos generales ocupan más del 30% del sueldo de los ciudadanos, o bien el precio de compra o alquiler haya aumentado tres puntos del IPC en los últimos cinco años. El Ministerio de Transportes, encabezado por Raquel Sánchez; y el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra; también han tenido un papel importante en las negociaciones que han conducido al anuncio de este viernes.

Aprobarla en menos de 45 días
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que la intención del gobierno español es, a partir de ahora mismo, «agilizar mucho todas las gestiones parlamentarias» con el objetivo de poder aprobar la ley «tanto en el Congreso como en el Senado» durante el mes de mayo. En declaraciones a los medios, Bolaños ha asegurado que esta legislatura se hará «larga» por la derecha y la ultraderecha, puesto que promete que el ejecutivo seguirá «trabajando mucho» en los meses que vienen para «conseguir que esta sea la legislatura de los jóvenes».
El ministro ha remarcado que este acuerdo supone «un paso decisivo» para «resolver un problema histórico». «Hoy el gobierno de España resuelve una deuda de país con los jóvenes por el acceso a la vivienda», ha dicho.
Una ley «equilibrada» con «beneficios y bonificaciones»
La nueva Ley de Vivienda, como la describe Bolaños, es una «ley equilibrada porque establece beneficios y bonificaciones en los pequeños propietarios para que puedan reducir el coste del alquiler» y que «protege los inquilinos» de aumentos desequilibrados y evita que los desahucios dejen «gente en la calle con su familia». El ministro ha explicado que la norma también permitirá incrementar el parque de alquiler público, y dice «adiós» a los fondos buitres a la vivienda de protección oficial. «No se podrá traspasar vivienda de protección oficial a los fondos buitres», ha añadido, y «el objetivo es que España se vaya acercando a los porcentajes de vivienda de protección oficial de la Unión Europea».