La ruptura del bloque de las derechas españolistas provocó a mediados de año que el PSOE viera una oportunidad de llevar al Partido Popular a un hipotético ‘centro’ de la esfera política española, y los dos grandes partidos españoles cerraron en junio un gran acuerdo de estado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tenía el mandato caducado desde hacía 5 años y medio. Parecía que socialistas y populares acercaban posturas para llegar a acuerdos en la línea clásica del régimen del 78, pero en la segunda parte del año la crispación y la batalla política se ha incrementado en las Cortes españolas, donde el PP rechaza presentar una moción de censura contra Sánchez, y ha dado el salto al terreno judicial. Los casos cruzados entre unos y otros evidencian la crisis de un sistema que se basaba en el pacto con altibajos entre las dos principales formaciones españolas.
En medio de este serial está el caso Koldo, que salpica al exministro José Luis Ábalos, la investigación por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, la causa por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y otra causa consecuencia de esta: la imputación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez por un delito de revelación de secretos, tras la filtración contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Unos casos judiciales que el PP se encargó de recordar en la última sesión plenaria del año. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, leyó una lista con todos los nombres que salpican al gobierno español y que se encuentran inmersos en una causa judicial. «Portavoz de delincuentes confesos», le replicó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El caso Koldo: el punto de partida
El punto de partida a este tsunami judicial entre el PP y el PSOE lleva dos nombres clave: el de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex número tres del PSOE, y el de Koldo García, su exasesor; pero el blanco principal de las críticas por parte de los populares es Pedro Sánchez porque consideran que Ábalos fue hasta 2021 un cargo de su máxima confianza. Todo se inició el 10 de octubre con el informe de la UCO sobre el caso Koldo y las presuntas irregularidades en los contratos de material sanitario, la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y la adquisición de varios bienes inmuebles. En este documento, la Guardia Civil apuntaba al «papel relevante y de responsabilidad» que habría tenido el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien fue número dos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La aparición del nombre del presidente español en el informe de la UCO por las conversaciones que mantenían Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor d’Aldama se convirtió en el argumento de los populares para exigir su dimisión.
Con el estallido de este caso, el PP fue con todo contra el PSOE y presentó una querella por presuntos delitos de financiación ilegal, soborno y tráfico de influencias, en un caso que tiene como protagonista al exministro Ábalos, pero la Audiencia Nacional desestimó en octubre. Esta acusación fue en su momento uno de los puntos importantes de la ofensiva judicial y política de los populares contra su rival político, pero basaba la denuncia en publicaciones periodísticas sobre un supuesto entrega de dinero a cambio de favores políticos. El Supremo ha enviado un suplicatorio al Congreso para poder enviar a Ábalos, pero este no se resolverá antes de febrero y, como consecuencia, el tribunal ha decidido dejar en suspenso el ‘caso Koldo’ en lo que respecta al exministro.
El caso de la pareja de Ayuso y el contraataque contra el fiscal general
Otro caso que enfrenta a socialistas y populares es el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal y falsedad documental en un juzgado de Madrid. Hace ocho meses estalló la noticia del fraude fiscal, un asunto bien atado por la Agencia Tributaria, que concluyó que el empresario había defraudado 350.000 euros por los ejercicios del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, y un problema político para la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero pasado este tiempo el caso ha virado el centro de atención hacia el futuro legal y político de otras personas a raíz de la filtración de los correos sobre la propuesta de un pacto de conformidad del abogado de González Amador. Concretamente, la imputación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez por un delito de revelación de secretos fue aprovechada por los populares para cargar, de nuevo, contra Pedro Sánchez.
El juez del Supremo, Manuel Marchena, tomó la decisión de investigarlos, pero quien va con todo, alentada por su jefe de gabinete, es la presidenta madrileña. Ayuso y su equipo, que presentan al empresario como una víctima de una trama de conspiración del PSOE, exigen la dimisión de García Ortiz, pero también la de Pedro Sánchez, quien ha salido en defensa del fiscal general del estado después de que la Guardia Civil no ha encontrado ningún mensaje en el teléfono móvil los días que se investiga la filtración. «No hay ningún mensaje que pruebe esta acusación tan grave que han hecho medios y partidos políticos de la oposición a la reputación del Fiscal General del Estado. ¿Quién pedirá disculpas? ¿Quién pedirá perdón al Fiscal General”, espetó Sánchez, quien en otras ocasiones se ha defendido pidiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por actuar con el objetivo de proteger a su pareja, que admitió haber cometido varios delitos en los correos que se investigan.
«La infamia y la acusación sin pruebas no pueden ser gratis», sentenció el presidente español en el último capítulo de este serial que no está cerrado, porque el Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid ha citado al presidente español a un acto de conciliación el próximo 12 de febrero por la demanda presentada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. González Amador le ha puesto una demanda por vulneración al derecho al honor por haberle llamado “delincuente confeso” y le reclama 100.000 euros de indemnización. Sánchez no tiene obligación de comparecer personalmente en el acto de conciliación, y puede delegar su representación a la Abogacía del Estado, pero, en cambio, si opta por no conciliar la pareja de Ayuso podrá decidir si continúa con la demanda interpuesta o recurre a la vía penal con una querella por injurias y calumnias.
La causa contra la esposa de Sánchez y su hermano
Otra causa que la derecha utiliza para cargar contra el presidente español es la que lleva el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez. A pesar de que el ejecutivo español niega que la causa tenga fundamentos y contraatacara con una querella de la Abogacía del Estado contra el juez, esta no fue admitida. Así, la esposa del jefe del ejecutivo español, investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, ya declaró ante el juez por su relación con la Universidad Complutense de Madrid y negó que fuera contratada por el Instituto de Empresa por su condición de esposa de Pedro Sánchez, dado que en 2017 -cuando fue contactada- este aún no era presidente del gobierno español.
Sin embargo, el PP no ha dejado pasar la ocasión y en la última sesión plenaria del año, celebrada la misma semana de la declaración de Gómez ante el juez, acusó a la portavoz del ejecutivo español, Pilar Alegría, de usar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer de «abogada defensora» de la esposa del presidente del gobierno español. El gobierno español, por su parte, acusa a los populares de beneficiarse de las «mentiras» que difunden organizaciones ultras y que solo persiguen el ataque contra «políticos progresistas honrados y sus familias». En definitiva, que los socialistas acusan a los populares de «estar en manos de ultraderechistas que propagan mentiras».
Otro familiar del presidente español que está inmerso en otro proceso judicial es su hermano David Sánchez. El sindicato Manos Limpias lo denunció por un delito contra la Hacienda Pública, malversación de fondos públicos y fraude, alegando que estaba cobrando sin “sin asistir a su lugar de trabajo” y que reside en Portugal para ahorrarse impuestos, y el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz lo ha citado como investigado con ocho personas más por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. Una decisión que la defensa de Sánchez ha recurrido, apoyando así la apelación previa de la fiscalía que cuestionaba la falta de concreción de los indicios en los que se basa la imputación.
