El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que, “si hace falta”, el Estado español está dispuesto a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para conseguir la oficialidad del catalán en la UE. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albares ha matizado que ahora mismo “no hay obstáculos reales” para que el catalán, el vasco y el gallego sean oficiales en la Unión Europea y ha denunciado que las reticencias de los Estados miembros son de carácter “político” y que proceden mayoritariamente de países gobernados por el PP europeo, a menudo con la ayuda de la extrema derecha.
La oficialidad del catalán en la UE formaba parte del acuerdo de Junts con el PSOE para investir Pedro Sánchez y ha vuelto a recuperar protagonismo después de que la aprobación de los presupuestos españoles cuelgue de un hilo por la negativa del partido de Carles Puigdemont a aprobar el techo de gasto. Con la presión de Junts, y también de ERC, el gobierno español ha vuelto a recuperar la iniciativa. Albares ha explicado que mantienen conversaciones con los Estados miembros y que “negociará políticamente” para que la oficialidad del catalán se materialice. “Si la negociación es política, revisaremos las cuestiones donde otros estados necesitan nuestra ayuda para decirles que no se puede pedir nuestra ayuda cuando no se ayuda en España en una cosa tan vital como es nuestra realidad nacional, que es plurilingüe”.
Los argumentos del Estado español
“Si nosotros utilizamos estas lenguas en el Parlamento, las tenemos reconocidas en la Constitución estamos dispuestos a afrontar el coste para que a nadie le suponga un esfuerzo económico, estas lenguas tienen que ser oficiales y tienen que estar recogidas a los tratados de la Unión Europea”, ha defendido Albares. Durante la presidencia de turno de España de la Unión Europea, que acabó a finales de diciembre del 2023, la oficialidad del catalán y el resto de lenguas cooficiales estuvo en el orden del día del Consejo General de la UE, pero las dudas y la falta de información clave como el coste y la afectación del precedente sobre otras lenguas imposibilitaron un acuerdo. Desde entonces, la medida ha decaído.
Según el ministro de Exteriores, el gobierno español reclamará la aplicación de los tratados que defiendan que el multilingüismo es un “valor de la Unión” y que tienen como principio “la defensa de la identidad nacional” de los Estados miembros. “El hecho de disponer de traductores no es un problema, el coste tampoco, porque España está dispuesta a asumirlo, y tampoco crea un precedente porque hemos establecido elementos que solo se cumplen en España”, ha dicho.
El catalán en el Parlamento Europeo, pendiente de Metsola
El gobierno español también ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que permita el uso del catalán en la Eurocámara. Esta era una medida pactada con ERC y que a priori era más sencilla de implementar porque no requiere grandes cambios normativos, sino voluntad política. Albares ha reconocido que Metsola no ha contestado, pero ha avanzado que la intención del gobierno español es conseguir que se haga una reunión, analizar el reparto de fuerzas en el Parlamento Europeo y que Metsola “lleve a un orden del día” el uso del catalán en la cámara para que se pueda votar.
El ministro de Exteriores considera que la legislatura europea, que apenas ha empezado ahora después de las elecciones de junio, “no puede acabar sin que esto se lleve a la Mesa” de la Eurocámara. Albares no ha querido fijar ninguna fecha y ha insistido que el gobierno español trabaja para que salga adelante “con la posibilidad que esto sea una realidad tan pronto como sea posible” y que “todos los embajadores tienen instrucciones para hacer todas las gestiones” para la oficialidad, ha concluido.
