El proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el gobierno español, y que se ha abierto esta madrugada, margina el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia, a pesar de que el Govern había presentado una enmienda para que la regularización extraordinaria incluyera la lengua en la primera renovación de los permisos, y, según la norma publicada en el BOE, solo aparece en un informe de arraigo opcional en casos concretos. Junts per Catalunya y Plataforma per la Llengua han denunciado esta situación, y denuncian que el proceso «ignora» el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia. El partido de Carles Puigdemont ha explicado en un comunicado que ha encargado a su departamento jurídico que prepare una denuncia ante las instituciones europeas por la «vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración».
«En este real decreto el catalán desaparece», ha denunciado la líder de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, en una entrevista a El matí Catalunya Ràdio. Además de la denuncia ante estamentos europeos, la formación de Puigdemont también ha anunciado que llevará a todas las cámaras donde tiene representación una serie de iniciativas para intentar corregir esta situación. El partido ha asegurado que el catalán no es requisito obligatorio y que solo aparece en un informe de arraigo opcional en casos concretos, pero que, aunque se trate de una vía excepcional, si las personas regularizadas ya trabajan en Cataluña «no hace falta que acrediten ningún conocimiento de la lengua», señalan.
También han lamentado que se ha modificado el decreto de manera que excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia y que ni los trámites de renovación ni la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están disponibles en catalán. «El Gobierno español, una vez más, ha optado por un decreto ley que no se ha podido ni enmendar ni votar en el Congreso y externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos, que están desbordados, sin financiación y capacidad administrativa para abordar este proceso con garantías», han apuntado los juntaires.
Junts acusa a Illa de engañar a los catalanes y Plataforma per la Llengua carga contra el Govern
Junts también ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el Govern, que anunció que quería hacer del catalán un requisito para renovar la residencia al cabo de un año en la regularización extraordinaria aprobada esta semana. «Una vez más, el Govern ha engañado a los catalanes y vuelve a demostrar que la existencia de una consejería de Política Lingüística es solo una fachada y que acuerdos como el Pacto Nacional por la Lengua son papel mojado», han apuntado.
Por otro lado, Plataforma per la Llengua también ha lamentado que la normativa publicada en el BOE no incluya la medida anunciada por el Govern hace dos meses para hacer del catalán un requisito para renovar la residencia al cabo de un año en la regularización extraordinaria de ayer. «El catalán no es ningún requisito obligatorio, solo aparece en un informe de arraigo opcional en casos concretos», subraya la entidad en defensa de la lengua, que exige al ejecutivo de Salvador Illa que «haga efectivo» su compromiso e «incorpore el catalán como requisito en la primera renovación de los permisos».
El català no és cap requisit obligatori, només apareix en un informe d'arrelament opcional en casos concrets.
— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) April 16, 2026
👉 Parlem d'una via excepcional, però si les persones regularitzades ja treballen a Catalunya no cal que acreditin cap coneixement de la llengua. pic.twitter.com/TiNSZGZf5m
En este sentido, la ONG del catalán defiende en la red social X que «si queremos integrar, hay que hacer necesario el catalán», y, por otro lado, denuncia, al igual que Junts, que «ni los trámites de renovación ni la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están disponibles en catalán». «El catalán debe ser lengua de cohesión, y exigirlo en la regularización extraordinaria, como ya hacen países como Andorra, es el primer paso», concluye.
