El gobierno español ha aprobado el decreto que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para establecer el nuevo sistema de reparto de menores migrantes no acompañados pactado con Junts. El decreto, que deberá ser convalidado en el Congreso en 30 días, sienta las bases para repartir a los menores de manera más equitativa entre los territorios. De momento, servirá para repartir los 4,400 menores que hay en las Islas Canarias, pero la voluntad de la Moncloa es que tenga continuidad en el tiempo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha admitido que Cataluña, País Vasco y Canarias han hecho “un esfuerzo más importante” que otros territorios y, por lo tanto, tendrán que acoger a menos migrantes. En concreto, Cataluña recibirá 26 menores, mientras que la Comunidad de Madrid acogerá 806. Andalucía (796), la Comunidad Valenciana (477) y Galicia (326) también recibirán más menores que la media.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el nuevo sistema de reparto de menores no acompañados corrige una “desigualdad histórica” y permitirá distribuir mejor el esfuerzo para hacerse cargo de ellos. “Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco para acoger mientras otros han mirado hacia otro lado, y eso lo certifican los datos oficiales”, ha remarcado en declaraciones a la prensa desde la cámara baja. Cataluña encabeza la lista de territorios de acogida con 64 plazas de menores no acompañados por cada 100,000 habitantes, cuatro más que el País Vasco (60) y el triple que la Comunidad de Madrid (22), que está a la cola de todo el estado. Nogueras también ha criticado la pasividad de la Generalitat en las negociaciones para pactar un nuevo modelo. “Se constata nuevamente la incomparecencia del señor Illa, que ha elegido no moverse, callar, y no molestar al gobierno español y al PSOE”, ha lanzado.
El nuevo modelo aprobado por el gobierno español establece unos criterios objetivos a la hora de determinar el reparto de los menores no acompañados. El sistema tendrá en cuenta la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de desempleo (15%), el esfuerzo realizado (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), el estatus de ciudad fronteriza (2%), el estatus de insularidad (2%) y la dispersión (2%). Asimismo, se parte de la “capacidad ordinaria” de cada territorio y por eso las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para informar al gobierno español sobre la cantidad de menores no acompañados que atienden actualmente. La Generalitat asegura que asume el pacto con “lealtad” pero evita hablar de cifras. “Queremos tener una visión humanista, apartada de las cuotas, desde la solidaridad y en ningún caso mercantilista”, ha dicho la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque.
La ley “se deberá cumplir” sin excepciones
Fuentes de la Moncloa aseguran que, a pesar de las críticas del PP y la amenaza de acudir a los tribunales de Comunidad de Madrid, la ley “se deberá cumplir” sin excepciones porque una cosa es posicionarse en una rueda de prensa y otra desobedecer una norma. El ministro de Política Territorial ha insistido que el nuevo sistema fija una “solidaridad equitativa” entre los territorios que reciben migrantes en sus costas y el resto del Estado. Torres ha admitido que Cataluña y el País Vasco “históricamente” han recibido más menores migrantes y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “reflexione” y no deje que Vox le marque la agenda.
