Los decretos de vivienda que el gobierno de Pedro Sánchez ha convertido en su bandera esta semana han fracasado. Aprobados apresuradamente y llevados al Congreso a toda velocidad, no se han podido convalidar en el Congreso después de que la negociación iniciada con Junts descarrilara. Junts per Catalunya cumplió lo que anunció anoche y los ha rechazado. La formación de Carles Puigdemont, reunida anoche en una ejecutiva nacional de urgencia antes del pleno, había pedido la retirada de los textos para abrir una negociación discreta. La negativa del ejecutivo estatal a frenar la tramitación ha abocado la cámara baja a una votación, que se ha hecho en voz alta y por llamamiento, que ha evidenciado la fragilidad de la mayoría de la investidura y que, incluso antes, ya ha desatado los rumores de un posible adelanto electoral en el Estado, que podría ser el 29 de noviembre. El mismo Sánchez ha hecho uso de la palabra antes del inicio de la votación para advertir que si caen los decretos la culpa la «tendrán aquellos que voten ‘no’ desde su escaño», y ha pedido que votaran a favor porque «si no la historia los juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan». «Esta vez la culpa no la tendrá la troika, la tendrán aquellos que voten no desde su escaño”, ha sentenciado. El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos en contra —del PP, Vox, Junts y UPN— frente a los 172 votos favorables del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Podemos, Compromís, BNG y Coalición Canaria. El segundo texto tampoco ha conseguido la convalidación y ha sumado, además, el voto contrario del PNB y Coalición Canaria.
A la desesperada, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido hasta el último momento el apoyo o la abstención de Junts ofreciendo la tramitación de las iniciativas como proyectos de ley para introducir «puntualizaciones o correcciones técnicas». A pesar de la propuesta, fuentes de Junts han trasladado a El Món su total desconfianza hacia la oferta de la ministra. La formación recuerda que el ejecutivo ya prometió la misma vía con el decreto de pensiones y las mismas fuentes subrayan que, en los ocho años de mandato de Pedro Sánchez, ningún real decreto tramitado posteriormente como proyecto de ley ha acabado publicado en el BOE con cambios reales.
Durante su intervención en el atril, la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, ha defendido la necesidad de elaborar un nuevo texto «a puerta cerrada y lejos de los titulares», dejando claro que votarían en contra del primero de los dos decretos. Nogueras ha cargado contra el contenido de la norma alegando que «se ensaña con los pequeños propietarios en lugar de combatir la especulación de los fondos buitre» y ha revelado que su grupo ha recibido cartas de pequeños tenedores pidiendo el rechazo a la ley. «La gente no se merece cualquier decreto; no pondremos en riesgo el país que tantas generaciones han ayudado a construir», ha sentenciado, acusando a la ministra de «populismo» y de disponer de tiempo ilimitado para defender «engaños».
Pinza de ERC y Comuns contra Junts
El rechazo de Junts ha provocado una reacción encendida por parte de los socios soberanistas y de izquierdas. El portavoz de Esquerra Republicana en Madrid, Gabriel Rufián, ha vuelto a mostrar un billete de 50 euros desde la tribuna para cargar contra los de Junts: «Esta es su estelada». Rufián ha acusado a la formación de pagar «una deuda» con el sector inmobiliario y de «fastidiar a miles de personas», instantes antes de pedir a Nogueras que deje de «imitar a Ayuso» y de proclamar que él no descansará hasta que la formación de Puigdemont no pinte nada en el escenario político.
En una línea similar se ha expresado el diputado de los comunes, Gerardo Pisarello, quien ha asegurado que hay una alianza de voto entre el PP, Vox y Junts y que es una «infamia» y ha advertido que los de Puigdemont serán «corresponsables del dolor de miles de personas». Pisarello ha dado apoyo explícito a la huelga general convocada por el Sindicat de Llogateres —que este mismo viernes se manifestaba ante la sede de Junts en Barcelona— para combatir la «ofensiva de la patronal rentista».
El horizonte de un adelanto electoral
La caída de los decretos dificulta aún más la gobernabilidad del Estado en una situación crítica y reabre el escenario de unas elecciones generales anticipadas. Fuentes socialistas admiten a la ACN que el contexto de presión social y la persistente pinza parlamentaria entre la derecha y Junts abren una ventana de oportunidad política. Si el presidente español convocara elecciones, los comicios deben celebrarse 54 días después de la entrada en vigor de la convocatoria. Por lo tanto, podría haber elecciones el 29 de noviembre. Aunque Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones que las elecciones generales serán el año 2027, fuentes consultadas por Europa Press ven un «99%» de posibilidades de que cambie de planes y anuncie la convocatoria electoral de manera inmediata.
Aun así, la posición oficial del entorno de Pedro Sánchez mantiene por ahora la prudencia, pero el jefe del ejecutivo se ha ausentado de toda la sesión plenaria y ha estado manteniendo contactos desde el área del gobierno en el Congreso. El equipo de la presidencia niega la existencia de un «gabinete de crisis» activado y asegura que no trabaja directamente en esta hipótesis. Desde el ejecutivo, sin embargo, el ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, ha reconocido que el «run-run» electoral es generalizado y ha afirmado que unas nuevas elecciones se convertirían en un «referéndum» sobre la vivienda. En cambio, el ministro Ángel Víctor Torres ha rechazado «hacer cábalas» sobre la convocatoria de elecciones.
Podemos, por su parte, tampoco descarta que Sánchez opte por adelantar elecciones. Sin embargo, desde ERC, Gabriel Rufián ha pedido a la Moncloa «tener la cabeza fría», y ha recordado a Sánchez que no tiene opciones de articular una mayoría con formaciones a la izquierda del PSOE si decide disolver las Cortes. Finalmente, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha reclamado «elecciones ya» a través de las redes sociales, y ha acusado a la Moncloa de convertir la política española en «una tómbola». Vox, al igual que los populares, consideran que se deben convocar elecciones «cuanto antes mejor».
