La ejecutiva nacional de Junts per Catalunya se reunió este 1 de octubre de urgencia, de manera telemática, para abordar el posicionamiento final sobre los dos decretos en materia de vivienda aprobados por el gobierno de Pedro Sánchez. Tras una reunión que comenzó a las 21 horas, el partido de Carles Puigdemont emitió un comunicado a las diez y cuarto donde anunció que pedirá la retirada de los dos textos y que no será hasta que haya un nuevo texto «que comience a revertir la grave situación de la vivienda» que votarán a favor. La ejecutiva aprobó por unanimidad esta propuesta. Esta posición se traduce en que si el gobierno de Sánchez no pospone el debate para negociar un nuevo redactado, los de Junts votarán que no tanto al primer decreto –que era el que tenía más posibilidades de reunir los apoyos– como al segundo, auspiciado por Sumar y centrado en establecer la renovación automática de los contratos de alquiler.
Los argumentos
Junts defiende su decisión, que lo deja como el único miembro de la llamada «mayoría de la investidura» que votará en contra, porque entiende que «una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a él para las familias de clase media y trabajadora».
Para los de Puigdemont, «muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario del que pretenden: reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica». «Con menos oferta, los inquilinos tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas», añaden. También pronostican que los decretos no detendrían los fondos buitre. «Con el redactado actual, estas entidades podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables», dicen. Afirman, además, que la norma propuesta por el gobierno español «no resuelve adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables, porque no se garantiza el pago por parte de la administración», que «determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias» y que «buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado de alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora, mientras que los compradores con más capacidad económica dispondrán de más opciones para adquirirlas».
Míriam Noguera había anunciado que se sentía «decepcionada» con los textos
La decisión se produce después de que Nogueras, en las últimas horas, haya evidenciado el desacuerdo con el contenido de la normativa elaborada por el ejecutivo español. En declaraciones en los pasillos del Congreso, la líder de Junts en Madrid afirmó sentirse «decepcionada» y «preocupada» tras haber hecho un primer análisis del texto. Nogueras cuestionó el paquete legislativo que incluye medidas como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan o la limitación de la compra de inmuebles a fondos buitre hasta 2028 porque duda que pueda realmente «proteger a las familias».
La posición de Junts se conoce horas después de que el PNB Coalición Canaria hicieran público el suyo. Con el «sí» del PNB y de Coalición Canaria, la norma solo puede salir adelante si Junts se abstiene. Sin embargo, el único decreto que tiene posibilidades de prosperar es el primero, que cuenta con el ‘sí’ de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Podemos, Compromís, BNG y Coalición Canaria, 172 votos. Superan los 171 votos que suman PP, Vox y UPN. Con la abstención de Junts, el texto quedará aprobado. Un ‘no’ de Junts, sin embargo, supondría la derogación del decreto.
Sánchez pedía «altura de miras»
Antes de conocer el posicionamiento de la formación de Carles Puigdemont, desde el gobierno de Pedro Sánchez se trasladó un discurso de confianza. El mismo presidente del ejecutivo español reclamó “altura de miras” a los grupos, y que dejen “de lado la ideología y las confrontaciones partidistas». La ministra portavoz, Elma Saiz, se mostró «razonablemente optimista» ante el resultado de la votación de este viernes y remarcó que «es el momento de que ahora los grupos políticos tengan su análisis y se produzca esta importante votación». Saiz evitó ponerse en el escenario de una eventual derrota parlamentaria y defendió que hay un trabajo previo intenso con los socios de gobierno y de investidura en cuestiones «que mejoran la vida del conjunto de la ciudadanía».
