Debate sin posibilidad de dar frutos este viernes en el Congreso. Esta es la perspectiva que se abre, si nada cambia antes de las 11 horas, después de que Junts haya pedido la retirada de los decretos de vivienda para rehacerlos y el gobierno español haya replicado que no lo hará y que la votación se mantendrá. En este caso, el grupo parlamentario del partido de Carles Puigdemont votará que no a los dos textos y no se podrán aprobar, porque no es suficiente con los votos del resto de los socios de investidura de Pedro Sánchez, que ya han anunciado su ‘sí’.
La ejecutiva nacional de Junts per Catalunya se ha reunido este 1 de octubre de urgencia, de manera telemática, para abordar el posicionamiento final sobre los dos decretos. Después de una reunión que se ha iniciado a las 21 horas, el partido ha emitido, a un cuarto de once, un comunicado donde ha anunciado que pedirá la retirada de los dos textos y que no será hasta que haya un nuevo texto «que comience a revertir la grave situación de la vivienda» que votarán a favor. La ejecutiva ha aprobado por unanimidad esta propuesta. Esta posición se traduce en que si el gobierno de Sánchez no aplaza el debate para negociar un nuevo redactado, los de Junts votarán que no tanto al primer decreto –que era el que tenía más posibilidades de reunir apoyos– como al segundo, auspiciado por Sumar y centrado en establecer la renovación automática de los contratos de alquiler.
Poco antes de la medianoche, fuentes del gobierno español replicaban que no harán lo que pide Junts y que seguirán adelante con el debate y la votación: una vez tienen claro que la perderán, la intención es ganar el relato. «Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores», han advertido.
Los argumentos de Junts
Junts defiende su decisión, que lo deja como el único miembro de la llamada «mayoría de la investidura» que votará en contra, porque entiende que «una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a él para las familias de clase media y trabajadora».
Para los de Puigdemont, «muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden: reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica». «Con menos oferta, los inquilinos tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas», añaden. También pronostican que los decretos no detendrán a los fondos buitre. «Con el redactado actual, estas entidades podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables», dicen. Afirman, además, que la norma propuesta por el gobierno español «no resuelve adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables, porque no se garantiza el pago por parte de la administración», que «determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias» y que «buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado de alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora, mientras que los compradores con más capacidad económica dispondrán de más opciones para adquirirlas».
Míriam Noguera había anunciado que se sentía «decepcionada» con los textos
La decisión se produce después de que Nogueras, en las últimas horas, haya evidenciado el desacuerdo con el contenido de la normativa elaborada por el ejecutivo español. En declaraciones en los pasillos del Congreso, la líder de Junts en Madrid afirmó sentirse «decepcionada» y «preocupada» tras haber hecho un primer análisis del texto. Nogueras cuestionó el paquete legislativo que incluye medidas como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan o la limitación de la compra de inmuebles a fondos buitre hasta 2028 porque duda que pueda realmente «proteger a las familias».
El posicionamiento de Junts se conoce horas después de que el PNB Coalición Canaria hicieran público el suyo. Con el «sí» del PNB y de Coalición Canaria, la norma solo puede salir adelante si Junts se abstiene. No obstante, el único decreto que tiene posibilidades de prosperar es el primero, que cuenta con el ‘sí’ de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB, Podemos, Compromís, BNG y Coalición Canaria, 172 votos. Superan los 171 votos que suman PP, Vox y UPN. Con la abstención de Junts, el texto quedará aprobado. Un ‘no’ de Junts, sin embargo, supondría la derogación del decreto.
Sánchez pedía «altura de miras»
Antes de conocer el posicionamiento de la formación de Carles Puigdemont, desde el gobierno de Pedro Sánchez se ha trasladado un discurso de confianza. El mismo presidente del ejecutivo español ha reclamado “altura de miras” a los grupos, y que dejen “de lado la ideología y las confrontaciones partidistas». La ministra portavoz, Elma Saiz, se ha mostrado «razonablemente optimista» ante el resultado de la votación de este viernes y ha remarcado que «es el momento de que ahora los grupos políticos tengan su análisis y se produzca esta importante votación». Saiz ha evitado ponerse en el escenario de una eventual derrota parlamentaria y ha defendido que hay un trabajo previo intenso con los socios de gobierno y de investidura en cuestiones «que mejoran la vida del conjunto de la ciudadanía».
