El contrato de la gestión del agua de Almonte, un municipio de Huelva de cerca de 25.000 habitantes, se ha convertido en una de las polémicas presentes en la precampaña para las elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo. Con el concurso público que sacude la política de Andalucía están en juego 200 millones de euros, en un contrato de 25 años de duración, para hacerse cargo de servicios esenciales como el suministro de agua, el saneamiento y la depuración en las zonas del municipio llamadas Matalascañas y El Rocío. Lejos de ser una crisis estrictamente local, el caso está ganando importancia por la proximidad de los comicios que terminarán decidiendo quién preside la Junta de Andalucía los próximos cuatro años. Y, además, se da la circunstancia de que dos de las empresas enfrentadas en este conflicto luchan también por un contrato en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Aqualia y Gestagua.
La polémica, seguida con detalle por toda la prensa andaluza y recogida también por las agencias de noticias, como Europa Press, surgió a raíz de la revelación de un correo electrónico que apuntaba a una posible manipulación de las valoraciones técnicas, con informes “a la carta” y conflictos de intereses que podrían cuestionar la legalidad del proceso de adjudicación. El correo en cuestión revela que el técnico que elaboró el primer informe técnico para la consultora Aymed, Ángel Francisco Cárdenas, habría ofrecido dos versiones de la valoración: una con observaciones y otra que podía no tener ninguna. El Ayuntamiento es dirigido por el ex socialista Francisco Bella, que ya fue alcalde con el PSOE años atrás y que ahora encabeza el equipo de gobierno con una candidatura llamada Ilusiona. El correo iba dirigido al jefe del gabinete de alcaldía e indicaba que el consistorio podría haber elegido la versión que considerara más conveniente de las dos que se le ofrecían para el informe. Finalmente, se incorporó al proceso el segundo informe, sin observaciones, elaborado por la empresa Are Asesores, que además no constaba, inicialmente, en la plataforma pública de contratación. Este hecho ha generado sospechas sobre la transparencia del proceso, ya que la consultora terminó jugando un papel decisivo en la adjudicación del contrato a la UTE Aqualmonte, liderada por la firma Gestagua. Y aquí es donde salta el conflicto abierto entre esta firma y FCC Aqualia, que ha pedido al Ayuntamiento de Almonte que paralice el proceso de adjudicación, alegando las posibles irregularidades descubiertas, y ha solicitado una investigación a fondo del caso para garantizar que el contrato se adjudicó de manera justa y transparente.
Un informe alerta que el procedimiento podría ser «nulo de pleno derecho»
Según el dictamen elaborado por el asesor jurídico externo del Ayuntamiento, firmado por el catedrático de derecho administrativo Francisco Javier Jiménez de Cisneros, el procedimiento seguido por la mesa de contratación estaría “viciado desde el punto de vista legal” y debería ser considerado “nulo de pleno derecho”. Este informe concluye que la mesa vulneró la Ley de Contratos del Sector Público al incorporar un segundo consultor técnico sin la autorización preceptiva del pleno municipal ni publicidad previa de la identidad de los técnicos intervinientes, lo que impide a los licitadores conocer quién evaluaba las ofertas y ejercer derechos como por ejemplo la recusación de los evaluadores. El dictamen sostiene que las aperturas de los sobres económicos y la propuesta de adjudicación “podrían no ser válidas” y deben ser anuladas.
Las conexiones de Cárdenas con Aqualia, empresa con la que trabajó como gerente en Algeciras y como responsable de la empresa mixta Emalgesa con el Ayuntamiento de Algeciras, en una relación que terminó mal, han añadido más inquietud sobre la imparcialidad del proceso de adjudicación. Cárdenas fue despedido en el año 2008 por “gestión irregular”, según confirmó la misma empresa, que ha afirmado que, si hubieran sabido de su implicación en el proceso, “habrían presentado una recusación” por conflicto de intereses.
Rechazo de la oposición
Desde la oposición política, varios grupos como Vox, Mesa de Convergencia y Almonte 100×100 han cargado contra la administración local. El concejal José Joaquín de la Torre, de Vox, ha denunciado “el oscurantismo” sistemático del consistorio y ha señalado que “el contrato del agua es solo un ejemplo de una serie de contratos millonarios que están hipotecando el futuro de Almonte”. Por su parte, Rocío del Mar Castellano, de Mesa de Convergencia, ha calificado la gestión municipal “de absolutamente opaca” y ha reclamado una investigación exhaustiva sobre el proceso de adjudicación. Miguel Ángel Jiménez García, de Almonte 100×100, ha registrado una solicitud de información pública exigiendo no solo los pliegos y actas del contrato, sino también la “totalidad de las comunicaciones” —correos y mensajes— entre la Alcaldía y las empresas asesoras. Jiménez ha denunciado que “el contrato del agua se ha tramitado a la sombra” y que el Ayuntamiento bloquea el acceso a la información tanto a la oposición como a las empresas licitadoras. Y también el PSOE, antiguo partido del alcalde, ha hablado públicamente de «oscurantismo», en una rueda de prensa en la que amenazó con llevar el caso a la justicia.
En licitación la gestión del agua de 8 municipios del AMB
Mientras se libra esta batalla en Andalucía, en plena precampaña, en Cataluña las dos empresas más abiertamente enfrentadas, Gestagua y Aqualia, participan en un concurso público convocado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para gestionar el servicio de abastecimiento de agua a ocho municipios metropolitanos durante 25 años, un contrato que puede superar los 900 millones de euros y que se ha convertido en una de las licitaciones más relevantes del sector en Cataluña. En este proceso, Aqualia ha formado una alianza con Global Omnium para presentar una oferta conjunta, mientras que Gestagua figura entre las grandes operadoras que se han presentado al concurso. La concesión aspira a poner fin a la situación anómala con contratos caducados desde hace años en que se encuentran Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Tiana, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei y Ripollet.
Las ofertas serán analizadas por una mesa de contratación metropolitana, cuya composición ya está establecida en los pliegos de la licitación. El presidente de la mesa será Miquel Comino (PSC), consejero metropolitano delegado de Vivienda del AMB y alcalde de Sant Vicenç dels Horts. En caso de ausencia, su relevo será asumido por Antonio Balmón (PSC), vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat. La mesa contará con tres vocales: Juan Antonio Pérez, como secretario; Silvia Rodríguez, como interventora; y Xavier Herranz, como vocal. Finalmente, Gemma Rodríguez, coordinadora general de los Servicios de Contratación del AMB, actuará como secretaria.
