El gobierno español vuelve a salvar un punto de partido con el decreto de medidas anticrisis para contener los estragos económicos de la guerra en Irán. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante el proyecto con la única oposición de la extrema derecha españolista. Ha sumado el apoyo de sus socios de investidura, incluido Junts per Catalunya, que ha dado su sí a cambio de sacar adelante otras iniciativas propias, como la ley de multirreincidencia o la proposición no de ley para bonificar el IVA a los autónomos con ingresos más bajos. Ha sumado, así, 173 votos favorables, 33 en contra y 142 abstenciones; las correspondientes al Partido Popular y a Podemos. Los conservadores ya habían avisado que se abstendrían en el pleno, dado que consideran «insuficiente» el paquete de medidas de contención económica de la Moncloa. Pedían, según una carta enviada este mismo martes, la deflactación del IRPF; un movimiento que no contempla el gobierno español por el momento.
El decreto, cabe recordar, entró en vigor el pasado viernes, tras ser aprobado en Consejo de Ministros; y permanecerá en vigor durante tres meses, hasta finales de junio. Entre otras medidas, recogía la rebaja al 10% del IVA de los carburantes, el gas natural y la electricidad; central para poner un tope a los precios energéticos, que se habían disparado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. También recoge las ayudas sectoriales que habían reclamado las industrias más afectadas por la crisis de precios de los últimos dos meses, con bonificaciones y ayudas directas al diésel profesional. Esta rebaja la habían puesto sobre la mesa segmentos económicos diversos, desde agricultores y ganaderos hasta transportistas y trabajadores de la logística. De cara al primario, beneficia a los productores que tengan que comprar fertilizantes, un producto especialmente afectado por la ruptura de las cadenas de suministro en la región.
Protección laboral
Fuera de las ayudas empresariales, el decreto de medidas anticrisis prohíbe despidos objetivos por causas económicas vinculadas a la guerra. También impide que despidan a sus empleados aquellas empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con el conflicto, aunque los recortes de plantilla no estén relacionados. Además, da herramientas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para fiscalizar el negocio de aquellos sectores que podrían «beneficiarse» de la guerra; como el petrolero, con subidas de precios excesivas. Los operadores de carburantes de todos los niveles, cabe decir, aseguran que han aplicado correctamente la normativa, y que no están viendo incrementos de facturación extraordinarios por la escalada bélica en Irán. Competencia, así, mantendrá un ojo sobre gasolineras, refinerías, importadores y otros actores del mercado de los hidrocarburos para «establecer limitaciones a sus beneficios».
