Los casos de corrupción que acosan a los principales partidos políticos españoles, ahora con el Partido Socialista salpicado por el escándalo Santos Cerdán, han vuelto a llamar la atención de la Comisión Europea. Bruselas ha dirigido reproches agrios contra España por la pasividad con la que las instituciones enfrentan el «alto riesgo de corrupción» en torno a la financiación de las formaciones políticas. La alerta del gobierno comunitario se desprende del informe anual sobre el estado de derecho, que dedica a cada uno de los países miembros para analizar la calidad de sus democracias. En el caso español, el principal agravio es la ausencia de un plan anticorrupción, en el cual, critican, la Moncloa «no ha comenzado a trabajar».
Este año, la corrupción ha pasado al primer plano de las críticas de Bruselas a España. Antes, la renovación del Consejo General del Poder Judicial acaparaba la atención del ejecutivo comunitario; pero el pacto que usaron PP y PSOE para cerrar la crisis judicial borró del mapa este agravio. Ahora, con el PSOE en el punto de mira por los casos de corrupción vinculados a sus dos últimos secretarios de Organización -Cerdán y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos-, Europa gira la mirada hacia la financiación de los partidos políticos, un «ámbito de alto riesgo» en el cual «no se han tomado medidas para reformar la legislación de acuerdo con las recomendaciones del tribunal de cuentas».
Es decir, a pesar de que la Moncloa tiene indicaciones claras para revisar las herramientas contra la corrupción en el sistema político, no se ha movilizado para hacer los cambios necesarios. «La falta de una estrategia unificada corre el riesgo de provocar la fragmentación y la supervisión ineficiente de las medidas anticorrupción», alerta el informe europeo. Lo hace, además, con unos datos de percepción de la corrupción mucho más elevados que en el resto del continente: según Bruselas, el 40% de las empresas españolas piensa que la corrupción les ha impedido ganar algún tipo de contrato público; mientras que la media en los países miembros es del 25%.
Tebis con la amnistía
Entre otras cuestiones, el informe anual sobre la salud democrática del Estado también apunta hacia la ley de amnistía y su aplicación, si bien la CE ha decidido no involucrarse en exceso en este ámbito. El documento reconoce que la norma ha provocado una «gran controversia», pero no hace ninguna valoración específica al respecto. Se limita, de hecho, a constatar que la CE «ha estado evaluando la pertinencia de la ley desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, cuyos aspectos son objeto de peticiones prejudiciales ante el TJUE». El año pasado, cabe recordar, sí dejó una crítica velada al procedimiento por el cual se aprobó el texto, apuntando que fue «urgente, que permite solo un período limitado de consultas».
