El bloqueo a la aplicación de la amnistía está sobre la mesa de las autoridades europeas. ERC ha denunciado la situación este viernes ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En concreto, lo ha hecho en una reunión con la misión del órgano europeo que está estos días realizando una visita al Estado para hacer la revisión periódica, que consiste en evaluar el estado de derecho, la democracia y el respeto por los derechos humanos.
El encuentro lo ha encabezado la eurodiputada de ERC Diana Riba y ha contado con la presencia del presidente republicano, Oriol Junqueras, y el diputado Juli Fernàndez. Por parte del Consejo de Europa, han acudido Elvira Kovács (Serbia, PPE/DC) y Valentina Grippo (Italia, ALDE), las dos ponentes del futuro informe que evaluará como comentábamos el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en España. Cabe recordar que la revisión periódica se aplica a todos los estados miembros que no están sometidos a un procedimiento de seguimiento completo, como es el caso de Hungría, Polonia o Turquía, ni a un procedimiento de seguimiento posterior, como Albania o Bulgaria.
En unas declaraciones recogidas por la ACN, Riba ha precisado que la aplicación de la amnistía y la judicatura española han sido las principales preocupaciones trasladadas en esta reunión, señalando que el conflicto con el poder judicial permite ver que «tenemos realmente un problema de democracia en el estado español». La eurodiputada acusa a los jueces españoles de tener un «objetivo político» resistiéndose a aplicar la amnistía a los principales líderes del ‘Procés’ en el caso del 1-O y también ha aprovechado para recordar la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala el grueso de la ley de amnistía ante las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.
Visitas a Barcelona y Madrid
Las dos ponentes del informe de España han realizado una visita a Madrid y Barcelona esta semana para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de pertenencia al Consejo de Europa por parte del Estado. En Madrid se han reunido con las Comisiones Constitucionales del Congreso de los Diputados y del Senado, con representantes del Ministerio del Interior, así como con la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, según informa esta organización. También había previstas conversaciones con jueces del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo General del Poder Judicial, el colegio de abogados y las asociaciones de magistrados y fiscales, así como con representantes de la sociedad civil. En Barcelona las ponentes tenían previsto reunirse con miembros del Parlamento y de la Generalitat.
