Nacho Martín Blanco (Barcelona, 1982) hizo una transición relámpago de Ciutadans (Cs) al PP. Una semana después de las elecciones municipales, donde el partido por el cual era diputado sufrió uno de los batacazos del 28-M, anunciaba que dejaba la formación naranja y el acta de Parlamento. Al día siguiente, se filtraba que estaría en la lista del PP por Barcelona en las elecciones españolas convocadas repentinamente por Pedro Sánchez para el 23 de julio, en otra reacción a los males resultados del 28-M, en este caso del PSOE. Y pocos días después, se sabía que sería el cabeza de lista. Un fichaje en toda regla en el mercado de verano. Ahora evita dar su opinión sobre las causas del desastre de Cs para no tener que hablar de los «errores» de sus excompañeros. Periodista, politólogo y desde hace unos años político, defiende como si nunca hubiera hecho otra cosa la camiseta del PP y de Alberto Núñez Feijóo.
La encuesta del CEO de la semana pasada les daba entre 6 y 8 diputados en el Congreso por Cataluña. ¿Encaja con sus previsiones?
Aspiramos a más porque creemos que Cataluña puede ser importante en el cambio que haya en el conjunto de España y en la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Si en lugar de 9 pueden ser 11, fantástico. Pero quiero ser realista, y de todas maneras lo que nos dan las encuestas ya sería un resultado muy bueno. Creo que podemos tener un resultado histórico.
¿Histórico en qué sentido? Porque en 2011 obtuvieron 11 diputados, estaban por encima de lo que se prevé ahora…
Es que lo de 2011 fue un resultado histórico y todo el que sea acercarse a eso sería histórico.
Usted, días antes de ser el jefe de lista del PP era diputado de Cs. Lo han hecho candidato muy poco antes de empezar la campaña. ¿Basan sus expectativas principalmente en la marca PP o la marca Feijóo?
Yo creo mucho en la marca PP y en la marca Feijóo y, modestamente, creo que mi incorporación también ayuda a reforzar esta idea del PP como un partido confiable, sensato, razonable, centrado.
Define el PP como “sensato” y “centrado”, pero está haciendo pactos con la extrema derecha, Vox, en muchos lugares. ¿Usted se ve, pactando y gobernando con Vox?
La moderación, el sentido común y el pragmatismo están a estas alturas en el PP. Pero el Partido Popular no está solo y tiene una serie de posibilidades para los pactos después de unas elecciones en las que podría ser la fuerza ganadora. Podría haber un pacto de estado con el otro gran partido estratégico de España, el PSOE, y muchos españoles verían esta posibilidad con buenos ojos. Y mucha gente en Cataluña también lo vería con buenos ojos. Sería un pacto sensato, razonable, que tendería en el centro. Es verdad que con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esto no parece fácil.
De hecho, el PP dice que quiere acabar con el ‘sanchismo’…
Es que el ‘sanchismo’ representa la banalización de la misma idea de la unidad entre los ciudadanos españoles. Y esto me preocupa profundamente. Pactar y poner la gobernación de España en manos de partidos a los que, en el mejor de los casos, les importa un pepino la gobernación de España es una enorme irresponsabilidad.
¿Lo dice por Podemos o por los pactos de investidura?
Sobre todo por los pactos de investidura con ERC y, diferenciándolo de todo el resto, por los pactos reiterados con Bildu, y también por el pacto con Podemos. Un partido al cual la unidad del país no le parece una cuestión central no es un partido que tenga un proyecto para el conjunto de España. Si a ti te da igual que España continúe unida, no tienes un proyecto para España.
¿Podemos/Sumar es esto? Yolanda Díaz dice que el referéndum de autodeterminación para Cataluña no está sobre la mesa.
Dice cosas erráticas en este sentido. El compromiso con la continuidad del proyecto colectivo de España, en el mundo de Podemos y Sumar, no es sólido. Sánchez decidió ponerse en manos de estos socios en lugar de explorar una vía mucho más sensata que es la vía de los grandes acuerdos de estado. Esta vez, si a Sánchez le preocupa tanto que el PP pueda pactar con Vox, lo que tiene que hacer es girar su política y decir que si el Partido Popular gana las elecciones apoyarán a la investidura de Feijóo. Quien no evita el pacto PP-Vox es quien se resiste de forma incomprensible a un acuerdo entre los dos grandes partidos, el PSOE.
¿Quiere decir que será culpa del PSOE si el PP acaba pactando con Vox?
No, esto no. Si tú llegas a un acuerdo de gobierno, la responsabilidad es tuya. Y se tiene que ver en qué términos. Si el PP tiene que llegar a acuerdos con Vox, en comunidades autónomas o para el gobierno de España, tiene que ser con la base de un respeto escrupuloso por el programa del Partido Popular. Y esto es posible si se consigue una victoria sólida del PP, que nos permita gobernar en solitario, con pactos para la investidura, para determinadas leyes, para los presupuestos. Esta geometría variable tiene que pasar por fuerzas respetuosas con el marco democrático constitucional.
Hay dos grandes partidos estratégicos que son el PP y el PSOE. Lo más lógico es que un país esté gobernado por partidos que tienen la visión del conjunto del interés general. Después, las comunidades autónomas tienen inercias propias que hacen comprensible la presencia de partidos que tengan intereses más particularistas. Pero el conjunto de España no puede estar en manos de partidos que quieren liquidar la unidad de España.
Usted tuvo una dura intervención contra Vox hace unos meses en el Parlamento de Cataluña. Como diputado de Cs, calificó de ”abyecta” una intervención anterior del diputado del partido de extrema derecha Joan Garriga. Por eso le pregunto si se ve pactando con ellos.
Recuerdo perfectamente aquella intervención. El adjetivo “abyecto” solo lo uso en cuestiones que me parecen especialmente graves. Y una cuestión estructural que me parece abyecta es que el PSOE haya pactado con Bildu. Y también me lo parecen algunos aspectos de la aproximación de Vox a la cuestión de la inmigración, que es central en nuestro debate público. Se tiene que tratar con sensibilidad y respeto por humanidad. Nunca aceptaré como normal un discurso que deshumanice a nadie por su raza, por su orientación sexual o su manera de entender la vida.
Queda claro que Vox no es su preferencia. El caso es que ha crecido mucho mientras Cs iba desapareciendo y el PP tenía dificultados. ¿Por qué se ha dejado crecer tanto?
Vox crece en un momento concreto de la historia de España, en el surgimiento de movimientos populistas a izquierda y derecha. Populismos que sobredimensionan problemas y generan miedo entre la ciudadanía, un caldo de cultivo que divide la sociedad entre buenos y malos. Vox forma parte de esto, que es un fenómeno que no es solo español.
¿Y los dos grandes partidos españoles que usted define como “estratégicos” no tienen ninguna responsabilidad?
Es evidente que a algunos partidos, como por ejemplo el PSOE, les interesa el crecimiento de Vox. Por eso está todo el día alimentando un discurso de miedo, sobre la supuesta llegada del fascismo, de la extrema derecha, un discurso tremendista, apocalíptico. Apelar constantemente al miedo de los ciudadanos es una arma política quizás legítima pero perversa.
¿Por qué cree que el PSOE está interesado en el crecimiento de Vox? ¿Con qué objetivo?
Porque el PSOE se mueve bien en clave guerracivilista, en una confrontación maniquea, con buenos y malos, sin grises. Como ciudadano y español, me resisto a asumir que la vida política de nuestro país tiene dos extremos irreconciliables y que nunca podremos tener un proyecto nacional para todos.

¿Cuando Feijóo dice que quiere recuperar el delito de sedición y volver a introducir el Código Penal en el debate político no genera la crispación que usted lamenta?
En contra de lo que ha dicho el gobierno español para justificarse, en un acto propagandístico que desprecia la inteligencia de los ciudadanos, la reforma penal que ha hecho no es para homologarnos con Europa sino todo el contrario. Muchos países de nuestro entorno tienen delitos homologables al de sedición. Delitos que tienen que ver con los atentados contra la integridad territorial del país, que son castigados con dureza. En Alemania se castiga con mucha más dureza que en España el intento de subvertir la orden constitucional desde las instituciones, que es lo que pasó en Cataluña el 2017. Una de las muchas mentiras que ha dicho Sánchez es que hizo la reforma del Código Penal para homologarnos a Europa, cuando la hizo para contentar sus socios parlamentarios. Y alimentar el victimismo de los independentistas.
¿Pero tienen claro que volver a introducir la sedición en el Código Penal reabriría precisamente lo que denomina ‘victimismo’ del independentismo?
El delito de sedición es para garantizar la integridad territorial, un principio básico de cualquier democracia constitucional moderna. Está en todas partes y en España también tiene que existir, para evitar tentaciones como la del 2017. Es fundamental para la convivencia.
Pero si el tipo penal era tan homologable con lo que hay en otros países, ¿por qué los tribunales europeos no lo han aceptado en el caso catalán? Ni Alemania con Puigdemont, ni Bélgica con Lluís Puig.
Lo que pasa es que la tipificación penal de varios países hace hincapié en determinadas cuestiones y España tiene sus especificidades jurídicas, como los otros países. Pero en los códigos penales de Francia, Alemania, Italia y otros países hay delitos la lectura literal de los cuales muestra que son perfectamente homologables al de delito de sedición de España. Otra cosa es la interpretación que haga cada juez. Si un juez alemán o un juez belga consideran que los hechos del 2017 en Cataluña no encajan con lo que está tipificado como delito de alta traición en Alemania o en Bélgica con el nombre que tenga, es una cosa en la que yo ya no entro.
Sea como fuere, en todos los códigos penales hay delitos para proteger la integridad territorial del país y en España también tiene que existir. En Portugal, los partidos regionales están prohibidos. No es que los partidos separatistas estén prohibidos, es que no puede haber partidos de ámbito regional. En Alemania, hace poco el TC respondió a una pregunta sobre si Baviera podría acontecer un estado independiente si la ciudadanía bávara quisiera, y la respuesta fue que no.

Feijóo también tiene el proyecto de poner fin a la inmersión lingüística en catalán en la escuela. Usted que, a diferencia de Feijóo vive en Cataluña y habla castellano y catalán, ¿cree que el castellano está en peligro y que necesita más protección?
A mí lo que me preocupan son los derechos de los ciudadanos castellanohablantes de Cataluña. La salud del castellano no está en peligro porque es una lengua hablada en todo el mundo con 500 millones de hablantes, no me preocupa. Me preocupa la exclusión del español de la vida pública. El castellano, el español, no está en riesgo en Cataluña, pero está ninguneado institucionalmente.
¿Dónde ve excluido el castellano de la vida pública?
Por ejemplo, en las comunicaciones de la Generalitat con la ciudadanía. Es un idioma que el gobierno autonómico no hace suyo. Al contrario, marca distancias. Un ciudadano de Cataluña puede recibir cartas de la Generalitat escritas solo en catalán. La tarjeta sanitaria de Cataluña está solo en catalán y, en cambio, el DNI está en castellano y en catalán.
Todos los estudios indican que lo que está en retroceso es el conocimiento y el uso social de catalán, y no del castellano. Cuando se empezó a aplicar la inmersión como técnica pedagógica se hizo para garantizar que todo el mundo conociera las dos lenguas, para que no hubiera niños que no dominaran el catalán, para evitar las desigualdades. ¿De verdad hay que cambiarlo?
Niego la mayor. No creo que la inmersión sea positiva para la misma lengua catalana, sino que es contraproducente. Lo que hace falta es que las administraciones proyecten la sensación de que las dos lenguas son propias de la ciudadanía de Cataluña. No quiero que mis hijos piensen que el catalán es una lengua más. Nosotros somos una familia eminentemente castellanohablante, pero quiero que mis hijos consideren el catalán también una lengua propia. Y me gustaría que los catalanes catalanohablantes tengan la misma actitud con la lengua castellana. Y, por otro lado, los niños castellanohablantes también tienen derecho a educarse en su lengua materna. Por lo tanto, sería más equilibrado un sistema en que castellano y catalán tuvieran una presencia equilibrada.
Además del debate sobre la judicialización del 1-O, hay otro debate de fondo que es el independentismo como proyecto político. Ha mencionado que en Portugal no están permitidos los partidos regionales. ¿Quiere decir que se tendría que hacer lo mismo aquí?
No, no, no quería decir esto de ninguna manera.
Aclarado esto, ¿el independentismo no debe tener un canal político para sus reivindicaciones?
Lo puede tener, lo debe tener, lo tiene y lo ha tenido siempre. Prueba de esto es que el independentismo gobierna la Generalitat desde hace muchos años.
Pero el objetivo del independentismo es encontrar algún canal para conseguir la independencia. Y no hay ningún canal político para esto.
El objetivo del independentismo es acabar con un elemento fundamental del marco constitucional democrático de España, la indisoluble unidad de la nación española, recogida en el artículo 2 de la Constitución. Este mismo artículo también dice que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España y la solidaridad entre ellas. Es evidente cuál es el partido que quiere acabar con este otro precepto, que es Vox. ¿Tenemos que asegurar que los partidos que tienen posicionamientos contrarios al marco constitucional puedan romperlo contra el interés general? Yo creo que no.
No tenemos que facilitar que el independentismo consiga su objetivo político contra el ordenamiento democrático y no tenemos que facilitar que Vox elimine el estado de las autonomías. Por lo tanto, quiero que estos partidos tengan la libertad de manifestar sus opiniones, ganar elecciones y participar en el juego democrático, pero no es normal que un país prevea en su constitución la disolución de su territorio.
Vox es un partido. El independentismo es un movimiento amplio y diverso del cual participan varios partidos y entidades, un amplio sector de la ciudadanía que de manera persistente reclama una vía política para poder decidir sobre su país. Si estos colectivos no tienen un canal político, ¿qué tienen que hacer? ¿Una revuelta?
La ilegalidad nunca es un recurso en democracia. No hay ninguna democracia de nuestro entorno que reconozca el derecho a secesión.
¿Y que el independentismo tenga la mayoría en el Parlamento que significa?
Después de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones democráticas se articulan en base a la previsibilidad y la permanencia de los marcos legales. Yo creo que esto es una virtud. El marco legal no lo podemos cambiar cada dos por tres cuando nos dé la gana. Por eso hay mayorías cualificadas.
¿La única opción que ve es que el independentismo renuncie a sus objetivos?
Que acepte el marco democrático que hay y si quiere continuar con su apuesta, que se ha demostrado catastrófica, tiene que conseguir la mayoría parlamentaria donde corresponde, en el Congreso de Diputados. España es un país muy descentralizado y estoy muy satisfecho. Y Cataluña también es muy diversa, no podemos aplicar el principio de divisibilidad infinita, porque nos llevaría a dividir Cataluña también. La famosa ley de claridad canadiense que ahora reivindica Pere Aragonès dice que, si Canadá tiene que ser divisible en determinadas circunstancias, también lo tendría que ser Quebec. Si España fuera divisible, también lo sería Cataluña. Y yo no querría separar la provincia de Tarragona y la de Barcelona del resto de Cataluña por el hecho que hay una mayoría contraria a la secesión.
Entonces, ¿cuál es la receta para resolver de manera estable un conflicto que existe?
Cataluña tiene más problemas, no solo este. Y muchos de estos problemas son comunes para el conjunto de los españoles. Y el PP tiene una propuesta para el conjunto de los españoles que tiene manifestaciones concretas en Cataluña. Por ejemplo, reducir la presión fiscal en Cataluña. Tenemos que intentar que los catalanes dejemos de ser los españoles que pagamos más impuestos, cosa que no es culpa de Madrid, sino de la Generalitat.
Hay el déficit fiscal…
Lo que decía Ernest Lluch sobre esto es que no se puede separar el debate sobre el déficit fiscal del debate del superávit comercial. Las empresas catalanas tienen y siempre han tenido como principal socio comercial el resto de España. Vienen más en Aragón o en la Comunidad Valenciana que en Estados Unidos. Pero es evidente que nuestra propuesta no pasa por contentar los separatistas, sino para contentar el conjunto de los catalanes. Y hacerlo por elevación, que quiere decir rebajar la presión fiscal a los ciudadanos de Cataluña.
Pero si dice que la presión fiscal es sobre todo ‘culpa’ de la Generalitat, ¿qué puede hacer el gobierno español?
Se puede limitar la capacidad que tienen las autonomías en materia de impuesto de sucesiones, de patrimonio…
¿Recortar competencias autonómicas para desactivar un conflicto territorial?
No, no. No soy partidario de recortar competencias. Pero Madrid, una comunidad gobernada por el PP, tiene bonificado casi al 100% el impuesto de patrimonio, de sucesiones… son impuestos que son un lastre para la economía catalana y es culpa y responsabilidad de la Generalitat. De todas maneras, sin necesidad de limitar la capacidad normativa de la Generalitat, tenemos que convencer a la ciudadanía de Cataluña que lo que más interesa para el desarrollo de esta sociedad es que gobierne el PP en España y, por qué no, que también gobierne en Cataluña. Si el PP gobernara en Cataluña, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones desaparecerían.
Esto está muy lejos de ser realidad…
Es difícil. El juego de mayorías y minorías funciona en el ámbito del conjunto de España en cuanto al independentismo y, en el ámbito de la comunidad autónoma, en otro sentido. Por lo tanto, que el PP gobierne Cataluña es difícil, pero no imposible. En todo caso, sí que hay una parte en la que el gobierno español puede hacer algo, que es en el tramo estatal del IRPF. Reducir el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros anuales es una de las propuestas estrella de nuestro programa económico. Esto es una cosa que los ciudadanos de Cataluña agradecerán mucho. Hay medidas como por ejemplo la cuota cero para autónomos que afectan el conjunto de la ciudadanía española, incluidos los españoles que viven en Cataluña, es decir los catalanes.
¿Pero esta es la respuesta al conflicto político que refleja el independentismo?
Hay muchas medidas del programa económico del PP que son atractivas para los ciudadanos de Cataluña. Y esta es la manera de superar el conflicto, por elevación. En lugar de emperrarnos en dar aire a debates que están superados. Muchos ciudadanos de Cataluña, la inmensa mayoría, se sienten identificados con España y creo que es importante hacerla todavía más atractiva. Por lo tanto, el próximo gobierno tiene que reivindicar sin complejos la importancia de España para Cataluña y de Cataluña para el resto de España.
El independentismo hizo su gran crecimiento durante los gobiernos del PP.
Supuestamente, el independentismo creció después del debate del Estatuto, pero entre 2010 y 2012 el PP tuvo grandes resultados electorales en Cataluña y tuvo la capacidad de determinar gobiernos de la Generalitat. La idea de que el PP hace crecer el independentismo es más que discutible. El independentismo ha crecido por una política de propaganda de una agresividad espectacular orquestada por sucesivos gobiernos de la Generalitat, desde que Artur Mas tiene un deslumbramiento independentista sobrevenido que genera una política de confrontación que ha hundido Cataluña de manera galopante.
Mas viró después de que Mariano Rajoy se negara a hablar del pacto fiscal.
Fue un planteamiento que tiene mucho de chantaje. En 2012, Mas le dice al presidente Rajoy ‘o me das el pacto fiscal o tiro hacia la secesión’. Plantear un chantaje así no es manera de empezar una negociación. Pero en todo caso, esto es cosa del pasado.