La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) es un organismo que depende del Parlamento. Cada vez que se debe relevar al director, el Gobierno debe hacer una propuesta y, para ser nombrado, el elegido necesita una mayoría de tres quintas partes de la cámara catalana en primera votación o mayoría absoluta en segunda votación. Y una de las condiciones del cargo es que no puede ser reelegido. Por lo tanto, cada vez que hay relevo, en una institución marcada por la mala fortuna, hay una intensa negociación parlamentaria.
Este diciembre vence el mandato del actual director, el magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Miquel Àngel Gimeno. Por lo tanto, el Gobierno y los grupos parlamentarios ya han comenzado a tener las primeras conversaciones para buscar un sustituto y el nombramiento ya podría ir al próximo pleno. De hecho, algunos grupos incluso creen que Gimeno ya debería haber dimitido porque la reforma de la ley de abril de 2022 reducía el mandato de nueve a seis años. Sin embargo, la misma disposición transitoria de la reforma preveía que Gimeno cumpliera los nueve años de mandato.
Los primeros nombres
En todo caso, el baile de nombres ha comenzado con discretas conversaciones entre los grupos. Sin embargo, quien debe presentar la propuesta es el presidente Salvador Illa, que fuentes conocedoras de la negociación ya apuntan que ha tenido algún encuentro con Gimeno para sondear su opinión sobre algunos nombres. En este sentido, las mismas fuentes apuntan que el mismo director le habría trasladado el nombre de quien nombró como su primer adjunto, Josep Tomàs Salas Darrocha, también magistrado y al frente del Juzgado Penal 22 de Barcelona. Entre sus sentencias está la condena por los daños causados por unos españolistas a Catalunya Ràdio en una manifestación el 27 de octubre de 2017. Este sería el nombre que contaría con un apoyo explícito del actual director y, de momento, podría encabezar las preferencias y el consenso mayoritario de la cámara. De hecho, fue jefe de sección de apoyo a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando Gimeno fue el presidente.
Aún así, también sonaba Olinda Anía Lafuente, actual directora adjunta, para la continuidad. Otras fuentes también apuntaban como figura de posible consenso a la abogada Gemma Calvet, que ha ejercido de jefa de la Agencia de Transparencia de la Autoridad Metropolitana de Barcelona y que podría contar con el apoyo de Junts, pero que no termina de convencer a una parte del PSC. Nombres que estarían dispuestos a tomar las riendas de una institución a la que ha costado encontrar su papel, que gestiona un alto número de denuncias y que no parece tener mucho protagonismo en la vida pública catalana, a pesar de un elevadísimo presupuesto que ha sido de 6.957.216,56 euros para este 2025.
Ahora bien, cualquiera de los nombres debe pasar por el filtro de la mayoría parlamentaria y deben generar, de entrada, un consenso más allá de las barreras ideológicas. Por lo tanto, la mayoría de la investidura formada por PSC, ERC y Comunes, como mínimo, deberían alcanzar el apoyo de Junts, en primera vuelta, para entronizar al nuevo director o directora. Los equilibrios internos, las simpatías y preferencias de cada grupo, con los nombres sobre la mesa, ya han iniciado las conversaciones que pueden incrementar la lista de candidatos.
Una oficina pionera, pero desafortunada
El relevo al frente de Antifraude traerá al cuarto director desde sus inicios. La Oficina Antifraude fue creada por la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, y comenzó su actividad el último trimestre de 2009, con David Martínez Madero, un fiscal especializado en anticorrupción, como director. Pero murió de forma repentina en Milán en el año 2011. Una muerte que la policía patriótica se jactaba de haber provocado. Su sustituto fue un juez, el magistrado Daniel de Alfonso, que provocó una profunda crisis de credibilidad en la institución por sus conversaciones con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su colaboración con la operación clandestina contra el Procés, conocida como operación Cataluña. En una conversación entre él y Fernández Díaz, grabada de manera oculta por alguien y filtrada al cabo de un tiempo, el ministro pronunciaba la famosa frase «la Fiscalía te lo afina«. De Alfonso fue condenado este mes de noviembre a devolver 82.000 euros a la Oficina Antifraude.
De hecho, Daniel de Alfonso llegó al cargo propuesto por Artur Mas, cuando hacía pocos meses había sido investido presidente. Entonces ya costó una intensa negociación, porque CiU no tenía mayoría, ERC se encontraba en plena crisis electoral y el PSC consideraba que ya había hecho bastante al abstenerse para conseguir su investidura. Pero la OAC no podía quedar vacante, con el entendimiento de que había sido uno de los proyectos estrella del tripartito. Mas tuvo dos nombres sobre la mesa, el del magistrado De Alfonso, que entonces podría contar con el visto bueno del PSC y el PP, y el del fiscal Víctor Alegret, una opción que no terminaba de convencer a la oposición.
En el año 2016, una vez dimitió De Alfonso tras el escándalo y fue enviado a Santander en su reincorporación a la magistratura, comenzó un nuevo proceso para encontrar un relevo. En aquella ocasión, con la herida muy reciente del fiasco de De Alfonso y el interinaje de Maite Masià, fue el turno del presidente Carles Puigdemont de proponer un nombre. El actual presidente en el exilio encontró una rara avis, un expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dudaba que fuera delito poner las urnas por el derecho a decidir de Cataluña. Gimeno perdió la presidencia del TSJC ante Jesús María Barrientos, que también competía por el cargo junto con el magistrado Fernando Lacaba. De hecho, algunas voces consideraron que Gimeno fue la primera víctima institucional del Procés.
Una oficina en crecimiento
Gimeno presentó el pasado 16 de octubre la memoria institucional de estos nueve años de mandato. En el balance subrayó la diferencia entre las denuncias que se recibían en 2016, 174, con las 1.480 registradas en 2025, a fecha 1 de octubre. Una cifra que supone un 750% de incremento. En total, en nueve años ha cerrado un total de 6.108 actuaciones. Un volumen de trabajo que algunos grupos perciben que no llega al grueso de la ciudadanía. Las cifras son claras, entre 2016 y 2025, la OAC ha recibido 5.751 denuncias y ha resuelto 6.108 expedientes. Es decir, una tasa de resolución del 106%, porque han resuelto cuestiones que tenían en cola y han añadido nuevas. Las actuaciones cerradas han derivado en más de 3.600 resultados de actuación.
El grueso del trabajo ha sido sobre la contratación pública, la función pública y las subvenciones, que son los ámbitos que concentran más del 60% de las denuncias. En todo caso, sí que en estos nueve años han entrado en funcionamiento modificaciones importantes en la estructura de trabajo de la Oficina, como la aceptación de denuncias anónimas -que suponen un 70% del total-, poner la prevención en el centro y la protección de las personas alertadoras. Precisamente, en este punto, Antifraude destaca que ha protegido a 64 de 158 solicitadas, aunque ha habido quejas de ciudadanos que ostentaban esta protección porque no aseguraba del todo un escudo contra las represalias.
Los alertadores, uno de los problemas
Unas quejas que se trasladaron a Gimeno en su última comparecencia en la cámara catalana, sobre todo por la falta de sanciones por los incumplimientos con los alertadores. Gimeno recordó que solo seis casos, denunciados por personas protegidas, son susceptibles de sanción. A los que hay que añadir tres incoados, uno de los cuales se ha paralizado porque se ha abierto un procedimiento penal y existe la obligación penal de detener el expediente cuando entra en juego la justicia.
Gimeno también argumentó que en el caso de los alertadores solo se puede sancionar si hay una represalia concreta contra el alertador. Pero sí que presumió de tener una «eficacia del 100%» cuando hay riesgo de represalia. «Cuando tenemos la noticia de que algún protegido puede ser despedido o puede ser represaliado, actuamos advirtiendo a la institución, que detiene el riesgo», ha asegurado. Por otro lado, cuando las quejas son sobre empresas por no tener un canal interno de denuncia, Gimeno recordó que no tiene capacidad para sancionar y más teniendo en cuenta que hay empresas que pueden «irse a Fraga» para que no las sancionen.
Deberes pendientes
Uno de los mensajes en el testamento de la gestión de Gimeno es que la ley de la OAC ha «envejecido. Por eso, en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales de la cámara catalana instó a los portavoces de los grupos a «adaptarla a los nuevos tiempos». Por ello, les dejó una especie de hoja de ruta basada en lo que definió como «cinco ejes estratégicos» de la OAC en un futuro inmediato. En primer término, el magistrado apuesta por «fortalecer el liderazgo institucional y el sistema de gobernanza», es decir, dar más presencia a la entidad y al mismo tiempo huir de lo que califica como «marketing mediático». Por otro lado, que la OAC sea un instrumento para impulsar la cultura de integridad en las administraciones públicas catalanas y en el conjunto de la sociedad catalana. También incluye la «mejora de la protección efectiva de las personas alertadoras». En el mismo sentido, propone «fortalecer la actuación en la lucha contra la corrupción». Y, en quinto término, «reforzar la capacidad técnica y operativa de la OAC».
