«Menores víctimas de tráfico de seres humanos». Esta es la alerta que ha emitido Eva Giralt, que ha comparecido como portavoz del Colegio Oficial del Trabajo Social de Cataluña en la comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) que se ha celebrado esta mañana en el Parlamento de Cataluña. Giralt ha introducido la preocupación del sector con estos delitos cuando se han expuesto las carencias del sistema para atender la diversidad de perfiles de los niños y jóvenes tutelados y extutelados.
En todo caso, Giralt ha asegurado que «preocupa muchísimo la situación de un colectivo especialmente invisible, el de las menores víctimas del tráfico de seres humanos». En esta línea, ha advertido que, entre 2011 y 2025, Cataluña no ha desplegado un modelo propio de centros especializados ni unidades específicas de detección dentro de la DGAIA. «Estamos atendiendo víctimas de esclavitud moderna con recursos ordinarios, sin la protección especializada que requiere y que no existe».
Así, ha reclamado «un modelo sólido basado en protocolos específicos que requieren las víctimas de redes criminales». «Tenemos una deuda pendiente muy importante, necesitamos circuitos especializados de detección y protección que hoy dependen demasiado de la buena voluntad de las entidades expertas», ha añadido.
Un doble sistema
Giralt ha querido incidir especialmente en cómo el sistema de protección de los niños atiende la diversidad de perfiles. En este contexto, ha enfatizado que la llegada de jóvenes migrantes supuso un «reto mayúsculo» y Cataluña «hizo un gran esfuerzo de acogida que hay que reconocer, pero también es cierto que, de facto, se ha generado un doble sistema«. Es decir, «circuitos diferenciados para jóvenes migrantes, con recursos a menudo segregados y con menos oportunidades de acogida familiar». A pesar de tener una estrategia catalana de acogida, muy bien planteada sobre el papel, en la práctica la integración en los recursos ordinarios todavía es una asignatura pendiente.
Salud mental
La portavoz del Colegio de Trabajo Social ha remarcado la «situación crítica» de los menores acogidos en salud mental. «A pesar de los esfuerzos de algunos programas piloto, la realidad cotidiana es que las listas de espera para una primera visita a los centros de salud de niños y jóvenes oscilan entre los 45 y los 56 días, con seguimientos muy espaciados que suelen ser una sesión cada dos meses», ha detallado. «Los equipos educativos de los centros se encuentran gestionando trastornos de conducta graves y sufrimiento psíquico extremo, sin el apoyo clínico estructural necesario, porque la figura del terapeuta a menudo es opcional y no una pieza obligatoria en el engranaje», ha añadido. «Necesitamos que salud y derechos sociales vayan absolutamente de la mano», ha rematado.
