Ni un suculento poder para repartir ni los temidos enemigos interiores evitan la batalla eterna entre las dos Españas. Un estado construido entre la insurrección y un concepto muy español como es el «levantamiento«, solo superado internacionalmente por el término «guerrilla». El caso Leire Díez es el enésimo ejemplo, pero actualizado, a través de una guerra sucia de lodo y trincheras mediáticas. Todo ello con una variedad de personajes que conforman el reparto de un nuevo episodio visceral de la batalla entre la derecha y la izquierda moderada. Audios, vídeos, ruedas de prensa, encuentros y documentos terminan de dibujar una crisis institucional y política que ha puesto en marcha toda la artillería de cada bando.
La situación actual no solo no es nueva, sino que actualiza la eterna guerra representada en diferentes batallas contra inquilinos de la Moncloa. Ni el pacto de la Transición detuvo el asedio al gobierno de Adolfo Suárez. Y la caída de Leopoldo Calvo Sotelo, con la ayuda de un numerito golpista a cargo de militares nostálgicos y la Guardia Civil, dio paso a los años de pax socialista, dejando el Estado en manos de Felipe González de 1982 a 1996. El líder del PSOE que había abandonado el marxismo en el congreso del partido de Suresnes, terminó de desactivar a los comunistas y pactó no hacer el socialista con Andrés Cassinello, el hombre fuerte del Servicio Central de Documentación (SECED), abuelo del actual Centro Nacional de Inteligencia, tal como acredita el informe Jano, al cual ha tenido acceso El Món. Una vez España se pacificó con los fondos europeos de cohesión (118.000 millones de euros), se situó en el mundo con una economía en crecimiento y una modernización de los servicios públicos, se terminó la broma socialista.
La presión fue brutal por parte de la derecha política y económica con un lema de batalla: «Váyase, señor González». Todo en el marco de escándalos de terrorismo de estado y corrupción que terminaron con la era del PSOE, con una «derrota dulce» porque Aznar no obtuvo la mayoría absoluta en una época en la que aún la había. El PP llegó al poder de la mano de José María Aznar, que mantuvo la aznaridad 8 años, hasta que el fiasco del 11-M y la habilidad de Alfredo Pérez Rubalcaba expulsaron al PP de la Moncloa en la primera gran operación de las redes sociales con el «Pásalo». José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó la presidencia del gobierno español en 2004, pero cayó en 2011 a raíz de la gran crisis de 2008, y dejó paso a Mariano Rajoy, hasta que se le terminó en 2018, con la presión por la nefasta gestión del 1-O, por los clamorosos escándalos de corrupción y la eclosión de la política patriótica.
El turno de Pedro Sánchez y el escándalo de Leire Díez y Pérez Dolset
Pedro Sánchez también sufre ahora con toda la contundencia el virus Moncloa. Las causas judiciales contra su esposa, Begoña Gómez, su hermano, y sus colaboradores, como el exministro José Luis Ábalos, han abierto flancos donde los adversarios han comenzado a disparar a discreción. Pero, en las últimas semanas, Leire Díez, una militante del PSOE con perfil bajo hasta ahora, ha ganado un protagonismo extraordinario, cuando ha salido a la luz que, acompañada de un empresario víctima de las cloacas del PP, Javier Pérez Dolset, había construido un operativo para poder conseguir información delicada sobre mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, responsables de las investigaciones de los cargos socialistas y del núcleo de Pedro Sánchez.
De hecho, si un histórico del PSOE como es Diego López Garrido ya había demostrado que la Guardia Civil es un estado dentro de un estado, y que había servido en funciones de ejército de ocupación como un elemento cohesionador de la España liberal. La UCO, sin embargo, ha dado un paso más. Es una taifa dentro del instituto armado que ha traspasado una puerta que aún no se había cruzado. Ir filtrando a la prensa partes de informes que no solo aún no se han entregado a la autoridad judicial, sino que todavía están por terminar. Una situación que, por ejemplo, Ábalos ha ido denunciando ante el juez instructor que lleva su causa, además de considerar que los agentes se dedicaban a hacer una investigación prospectiva a él y a su entorno laboral, personal y político.
Audios, fotos, vídeos…
El nivel de presión se ha disparado contra la Moncloa a raíz de los audios que comenzó a difundir el diario El Confidencial. Documentos que mostraban que Leire Díez –militante socialista al menos hasta este miércoles– pedía información del comandante Antonio Balas, actual mando de las investigaciones sobre el PSOE, y de un exsubordinado suyo, el capitán José Antonio Bonilla, exmiembro de la UCO y actual jefe de seguridad del servicio de Salud del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El audio se grabó en una reunión en el despacho del abogado del empresario Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo, y con la supuesta presencia de un empresario residente en Dubái, Alejandro Hamlyn, procesado por una de las otras causas que salpican a los socialistas, el caso Hidrocarburos -un fraude con combustibles a escala internacional que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz.
La primera conversación registrada indicaba cómo maniobraban a cambio de obtener información comprometida de guardias civiles, de políticos, de fiscales como José Grinda, el más conocido de la fiscalía especial anticorrupción y encargado de encarcelar a Dolset por el caso Zed. Un caso, sin embargo, donde había maniobras de la cloaca para detenerle los negocios tecnológicos con una investigación bastante turbia. El primer audio fue el primer eslabón de la larga cadena de eventos que han acontecido en los últimos días. De hecho, Pedro J. Ramírez, uno de los personajes más habituales de la constelación de las conspiraciones españolas, relataba en el editorial de este domingo en El Español, que Leire Díez se había personado en su despacho y les había enseñado un vídeo del fiscal Grinda de alto contenido sexual. Un vídeo que ya aparecía en varias notas de inteligencia y conversaciones del caso Villarejo. Precisamente le mostraron el vídeo a Pedro J. Ramírez, que fue víctima de un caso similar y que, casualidades de la vida, su acompañante en las imágenes tuvo como abogado a Teijelo.
Además Pedro J. recordaba que El Confidencial había publicado una fotografía de Díez entrando en la sede del PSOE. Una imagen que le evocó cuando el clásico espía español Francisco Paesa negaba que pasase información al ministerio del Interior y fue captado por Diario 16 entrando en la sede ministerial, en el año 1988, cuando apenas comenzaban las campañas más duras contra el felipismo y, especialmente, contra Alfonso Guerra. En definitiva, la tesis que impone la derecha mediática y política es que Pedro Sánchez utiliza la guerra sucia para tapar la corrupción y como cabezas del operativo sitúan a Díez, Dolset y Santos Cerdán, el número tres del PSOE y uno de los principales negociadores con Junts, con el permiso de José Luis Rodríguez Zapatero, que algunas fuentes sitúan en torno a la causa Hidrocarburos. También añaden un punto de venganza personal que ha animado al PSOE a poder acceder a documentos que pueden complicar la vida a la UCO y a dirigentes del PP.
Esto no terminará aquí: un libro y el informe Colombo
El caso Díez no terminará aquí. La prensa madrileña ya ha comenzado a rebuscar en los estantes de los recuerdos y empiezan a apuntar acciones de Díez desde el año 2020, como sus relaciones con investigados en casos de corrupción en la Junta de Andalucía o una empresa constructora navarra que podría haber financiado al PSOE, así como supuestos favores políticos y «sociales» de los socialistas al PNV o EH Bildu. Es decir, ahora los cañones no solo apuntarán a Díez y los socialistas, sino también a sus socios de gobernabilidad, teniendo presente que Junts y ERC se encuentran neutralizados debido a la inaplicación de la amnistía y el temor de que unas nuevas elecciones ofrezcan una entrada con trompetas y alfombras a la derecha extrema y la extrema derecha de PP y Vox.
Díez, sin embargo, mantiene una tesis muy curiosa que este miércoles ha explicado en la rueda de prensa accidentada que ha protagonizado en Madrid. Según ella, con Dolset tenía una colaboración para escribir un libro sobre las cloacas del Estado. Incluso, en entrevistas a diferentes televisiones españolas defendía este miércoles por la tarde que la prueba de la red clandestina policial sobre la cual buscan indicios o elaboran informes comprometidos es el Informe Colombo que ha difundido El Món. Es decir, que las cloacas del Estado siempre han funcionado y que solo quería dar fe de ello a través de un «trabajo de investigación».
Díez ya ha sido dada de baja como militante del PSOE, tras el estallido del escándalo. Su carrera política cuenta con trabajos como responsable de campañas en redes sociales de Pedro Sánchez y fue directora de Relaciones Institucionales para la empresa pública Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete del líder del PSOE. Pero hace tiempo que su nombre vuela por la esfera mediática de Madrid, sobre todo, a raíz del caso Koldo, que ha derivado en el caso Ábalos, que continúa abriendo frentes. En este punto, entra el presunto conseguidero del caso Koldo, Víctor de Aldama, también investigado por el caso Hidrocarburos. Aldama se ha presentado este miércoles en la rueda de prensa de Leire Díez para acusarla de «mentir en todo» y enfrentarse con Pérez Dolset. «No sabe lo que ha hecho viniendo aquí, se enterará (Leire Díez), Santos Cerdán y el presidente del gobierno», ha amenazado Aldama. Toda una declaración de intenciones que asegura grandes episodios de esta nueva fase de confrontación de las dos Españas.
