Dinamarca asegura que el estado español aún no la ha contactado para volver a llevar a debate la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea de cara a la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que comienza este 1 de julio. En una rueda de prensa este lunes sobre las prioridades de la próxima presidencia del Consejo, que recaerá sobre el país escandinavo, el embajador danés ante la Unión Europea, Carsten Gronbech-Jensen, ha asegurado que “aún no hemos sido abordados” por parte del estado español.

Durante la anterior presidencia polaca, Dinamarca se mostró a favor de la oficialidad del catalán, pero ha asegurado que seguirá los “procedimientos ordinarios” para fijar la agenda del Consejo durante los próximos seis meses. 

La última vez que se trató la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego fue en el Consejo de Asuntos Generales en mayo, pero la propuesta no avanzó por las dudas jurídicas que estados como Alemania o Italia argumentan. La votación finalmente se pospuso ante la falta de unanimidad necesaria, pero algunos países -como por ejemplo Dinamarca- se mostraron abiertamente a favor de la oficialidad.

El embajador danés ante la UE, Carsten Gronbech-Jensen, durante la rueda de prensa de presentación de las prioridades de la presidencia danesa del Consejo de la UE / ACN (Albert Cadanet)

Una posible nueva votación el 14 de julio

Ahora queda en manos de Dinamarca volver a elevar la cuestión a nivel ministerial para una posible votación, que se podría dar el próximo 14 de julio, pero que sin la petición del Estado para volver a debatirlo no puede avanzar. 

En el último Consejo de Asuntos Generales de la UE, que tuvo lugar en junio, la oficialidad del catalán también quedó fuera de la agenda y la Moncloa ni siquiera hizo el intento de incluirla.

Hasta siete estados miembros han expresado reticencias a la hora de aprobar la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. Entre estos países se encuentran Alemania, Austria, Italia, Finlandia, Suecia, Croacia y la República Checa, que pidieron abiertamente que se retirara la votación sobre la oficialidad del catalán porque aún tenían muchas dudas “financieras y jurídicas”.

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