Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que hacen definitiva la obligatoriedad del 25% de castellano en las escuelas catalanas continúan provocando reacciones. La última formación en pronunciarse ha sido la CUP, que ha pedido al gobierno catalán «un paso adelante» para reaccionar a la decisión del TSJC. El tribunal ha hecho pública la decisión de estimar parcialmente tres recursos de particulares este miércoles por la mañana para que los centros educativos tengan «una área, una materia o una asignatura troncal en castellano» además de la asignatura de castellano.
En un comunicado, la formación anticapitalista ha reclamado al ejecutivo catalán una reacción que «garantice la inmersión y saque la presión en las escuelas». También le han pedido «abandonar la política de conflicto con el profesorado» en la que la formación cree que está «atrincherada» la consellería de Educación. La CUP también ha pedido a los partidos catalanes «volver al consenso de la inmersión» y «escuchar la comunidad educativa». Para hacerlo, consideran que hace falta un cambio claro en la estrategia de defensa del catalán, así como que el Parlamento no legisle según las sentencias de los tribunales.
El gobierno catalán presentará un recurso al Tribunal Supremo
La consejera de Educación, por su parte, ya ha anunciado que el gobierno catalán recorrerá contra la decisión del TSJC al Tribunal Supremo y que a partir de lunes elaborarán un nuevo decreto que dé protección jurídica en los centros y establezca como se tienen que diseñar los proyectos lingüísticos. La consejera Anna Simó ha tildado de «vergonzoso» el hecho de enterarse de la decisión del TSJC a través de los medios de comunicación y antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley del catalán aprobada de urgencia el curso pasado.
