Los letrados del Congreso han dicho ‘hasta aquí’ y rechazan la petición del Senado de parar la tramitación de la ley de amnistía. En un documento de 14 páginas, lamentan que la cámara alta pretenda asumir «funciones de fiscalización del funcionamiento interno» del Congreso, unas funciones que, tal como recuerdan los letrados, solo corresponde al Tribunal Constitucional. Desde el Congreso ven una «clara injerencia» del Senado, controlado con mayoría absoluta por el PP, en la autonomía parlamentaria y le recomienda «desistir» en el conflicto institucional entre cámaras.
Según apunta en el escrito, los letrados creen que la Mesa no puede parar una iniciativa que ya está tramitada porque «implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara» que, insisten, «no tiene de precedentes». Desde la cámara presidida por la socialista Francina Armengol, descartan, pues, la petición que llega desde el Senado por «improcedente». Con esta respuesta, el informe elaborado por los letrados corta de pura cepa las intenciones de la cámara alta, sin agotar siquiera el plazo que tenía para responder, que acababa el mes de mayo.
Acusaciones al Senado por querer «suplantar el Congreso»
El Congreso dice que el Senado, «bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, no puede intentar subvertir las legítimas excavadas por el Congreso en el marco del procedimiento legislativo» y lo acusa de querer «suplantar el Congreso». En este documento, los servicios jurídicos de la cámara remarcan que el mismo Tribunal Constitucional ya apuntó, en una sentencia de 1986, que el procedimiento legislativo «no es objeto idóneo de un conflicto de intereses».
Con este argumento, el Congreso deja claro que, si el Senado considera que la Mesa del Congreso le ha usurpado competencias, tendría que haber planteado esta petición en el momento que la Mesa tramitó la proposición de ley de la amnistía el pasado 21 de noviembre de 2023. Desde el Congreso recuerdan que el Senado no aprovechó el mes que establece la ley para instar en el TC a revocar la decisión y que ahora ya están «fuera de plazo».
Los argumentos para defender la tramitación de la amnistía
Sea como fuere, los letrados del Congreso continúan defendiendo la legalidad de la ley. Alegan que las dudas sobre si la ley no es constitucional no son tan evidentes como para impedir que la norma se debata en la cámara española. Así, insisten que ni la Mesa del Congreso ni la del Senado son nadie para declarar o no una ley como inconstitucional. Otro argumento que esgrimía el Senado es que la amnistía se tendría que haber tramitado como una reforma constitucional, pero el Congreso remarca que no hay ningún artículo de la Constitución española que así lo indique.
La respuesta del Senado llega justo después de que la presidenta de la cámara, Francina Armengol, rebajara la tensión y asegurase que la respuesta de los letrados del Congreso sería basada en el «rigor» y con «lealtad institucional». Armengol también había hecho un llamamiento a rebajar la «polarización».
