El embajador belga en España, Geert Cockx, ha asegurado que el gobierno de su país retomará los trámites para oficializar el catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea cuando tengan los “informes pendientes” que están elaborando los servicios jurídicos de la Comisión Europea. En un acto en la sede de las instituciones europeas en Barcelona, Cockx ha asegurado que Bélgica quiere “tirar adelante” la medida durante la presidencia de turno del Consejo de Asuntos Generales de la UE, que ostentará hasta junio. «Cuando tengamos los informes pendientes, por supuesto que avanzaremos», ha remarcado el embajador.
Con todo, Bélgica ha descartado que la oficialidad del catalán se pueda tratar en la primera reunión de los ministros de Asuntos Exteriores, que tendrá lugar el próximo 29 de enero. Después del fin de la presidencia de turno de España, tanto la Generalitat como la Moncloa abrieron conversaciones formales con el gobierno belga para intentar que la oficialidad del catalán no quedara diluida con el cambio de presidencia. El gobierno español es consciente de que la estabilidad de la legislatura depende, en gran medida, de que el proceso para hacer oficial el catalán en la UE se mantenga vivo.
Debate en pausa hasta que haya cambios sustanciales
La oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea se encuentra parado. En las últimas semanas, no ha habido adelantos tangibles y en el próximo Consejo de Asuntos Generales solo se tratará en el ámbito técnico. La presidencia belga espera una propuesta alternativa sobre la oficialidad de las tres lenguas que sea “compatible con los tratados”, por lo cual tiene que ir acompañada de un análisis del impacto administrativo, jurídico y financiero de la medida. En cualquier caso, consideran que pasarán meses antes de tener novedades. “Todavía tardará tiempo en publicarse».
La presidencia belga está pendiente de dos informes: uno de los servicios jurídicos del Consejo de Asuntos Generales, que tiene que dictaminar si la propuesta se ajusta a la legislación europea, y uno de la Comisión Europea, que se centra en el impacto del funcionamiento de las instituciones comunitarias. En una comunicación inicial, Bruselas estimó que el servicio de traducción al catalán, vasco y gallego costaría unos 132 millones de euros el año, una cantidad que el estado español se ha comprometido a asumir.
