El comisario de inteligencia jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, ya puede convertirse en coleccionista de absoluciones. La Audiencia Nacional ha vuelto a absolver al policía de otra pieza separada de la macrocausa Tándem. En concreto, ha sido absuelto de un delito de soborno pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía. Unos hechos integrados en la pieza separada 29 bautizada como Proyecto Grass. La fiscalía anticorrupción pedía condenar a Villarejo a 12 años de prisión.
En la sentencia, de 150 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, los magistrados de la sección Cuarta también absuelven al eterno socio de Villarejo, Rafael Redondo y al empresario Erico Chávarri que hizo el encargo a ambos. La ponente, la magistrada Francisca Ramis, ha convencido a sus compañeros de toga- Teresa Palacios y Javier Ballesteros, de que la actividad contratada a Villarejo y su equipo fue «privada y al margen de su actividad como policía. Además, añaden que el delito de descubrimiento y revelación de secretos estaría prescrito.
«La conclusión», a criterio de los magistrados, «no puede ser otra que deducir que no se utilizaron ni métodos, ni medios policiales, ni consta ninguna consulta a las bases de datos policiales.» «No consta ninguna intervención policial, ni la utilización de recursos públicos en este caso». Así mismo, resaltan que tampoco hay «prueba de que Villarejo hubiera contactado con otros policías para pedir información o el tráfico de llamadas, que podría ser probable, pero no se ha acreditado».
Un caso del año 2012
El Proyecto Grass se remonta al año 2012, cuando se tramitaba el concurso de la sociedad Acisclo Gestión de Patrimonio SL, sociedad inmobiliaria propiedad de Antonio Erico Chávarri. El principal acreedor en este procedimiento concursal era su exsuegro, Joaquín Molpeceres Sánchez, a través de la sociedad Mercali S.A, con quien el acusado mantenía una «enemistad derivada del proceso de divorcio con su hija y de las consecuencias patrimoniales derivadas de la disolución del matrimonio«. El administrador concursal era Luis Pérez Gil, quien tenía amistad con Molpeceres. Una relación que hizo sospechar a Chávarri que manipularían el proceso concursal para hacerlo culpable.
Por este motivo, Erico Chávarri pidió a Villarejo que investigara para obtener información comprometedora tanto de Pérez como de su exsuegro. Un servicio por el cual la empresa de Villarejo, Cenyt, cobró más de 400.000 euros. Una de las pruebas de cargo de la fiscalía era la tenencia por parte de Villarejo de un listado de llamadas telefónicas, pero el tribunal recuerda al fiscal que debería acreditar cómo las obtuvo. Nada indica, para el Tribunal, que consiguiera los datos aprovechando su función policial.
