Una cadena de correos electrónicos que ha salido a la luz confirma la implicación del expresidente español Mariano Rajoy, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los Estados Unidos y el gobierno de Andorra en la trama andorrana de la operación Catalunya. Según ha adelantado RAC1, Rajoy habría autorizado una operación para hundir la Banca Privada de Andorra (BPA) y tomar el control de unas supuestas cuentas bancarias de líderes independentistas, que en realidad nunca existieron. La operación, muchos detalles de la cual ya habían sido adelantados en exclusiva por El Món, tuvo lugar entre el verano de 2014 y la primavera de 2015.
Según los nuevos correos, Rajoy habría pactado con el entonces jefe del gobierno andorrano, Antoni Martí Petit, que harían caer la BPA, la entidad donde los Pujol habían guardado dinero entre 2010 y 2014, porque la policía patriótica sospechaba que la BPA ocultaba millones de euros de varios políticos y figuras relevantes del independentismo catalán. Rajoy se reunió hasta en tres ocasiones con Petit, la última tres meses antes de la intervención del banco. Pero las maniobras para hundir la BPA y su filial madrileña las lideró el CNI, no el Ministerio del Interior.
Las maniobras del CNI para implicar a los EE.UU.
Uno de los espías del CNI envió un correo secreto al excomisario José Manuel Villarejo en el que asegura que siguen las órdenes del PG, siglas que se utilizan para identificar a Rajoy. En la comunicación también se explica cómo se quería llevar a cabo la operación, que suponía implicar a los Estados Unidos para tener una justificación externa. La idea era advertir al gobierno estadounidense que la BPA blanqueaba dinero de Venezuela, del cártel de Sinaloa, de la mafia china y de oligarcas rusos con el objetivo de que la Oficina de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos (Fincen) emitiera una alerta contra el banco. El 10 de marzo de 2015 se cumplieron las expectativas y el Fincen envió la alerta, sirviendo en bandeja a los gobiernos español y andorrano el pretexto para intervenir la BPA.
La persona que habría hecho de enlace entre el servicio español contra el blanqueo de capitales (Sepblac) y el Fincen fue BS, código identificador de Basilio Sánchez Portillo, un comandante de la Guardia Civil que también sería colaborador del CNI, según el correo. Gracias a la alerta del Fincen, las autoridades españolas y andorranas pudieron liquidar el banco y extraer toda la información de los clientes con la esperanza de poder implicar algún dirigente independentista. Una década después, ninguna de las acusaciones contra BPA se han podido demostrar —no había habido blanqueo de capitales de Venezuela, del cártel de Sinaloa o de oligarcas rusos— y la parte que afecta a la mafia china ha quedado reducida a fraude fiscal. En Andorra hay causas abiertas, pero ninguna sentencia.
