Ha sido la primera condena en torno a la operación Cataluña. Además, por una causa que abrió oficiosamente el entramado parapolicial y de la Moncloa para luchar subrepticiamente contra el Proceso de Independencia, el caso Pujol. Se trata del turbio asunto del «pendrive» de los Pujol, por el cual Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y máximo mando uniformado durante los años de plomo de la operación Cataluña, fue condenado a un año de prisión y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos, previsto y penado en el artículo 197.3 del Código Penal. Además, el tribunal le imponía también un año de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, así como 2.000 euros de responsabilidad civil. Un caso en el que tuvieron papel mandos policiales, Fiscalía, judicatura e incluso un exlíder de Ciudadanos, Edmundo Bal.
El próximo 17 de diciembre, el Tribunal Supremo deberá decidir si la sentencia es o no ajustada. Si mantiene la condena o la revoca. Una resolución importante que puede suponer una segunda victoria en firme de la familia del expresidente Jordi Pujol, tras el archivo de la causa del famoso caso de los 3.000 millones, que se mantuvo abierta casi 14 años y que ha servido constantemente de material para la imputación mediática del exlíder convergente.
Precisamente, Pino ha sido uno de los dos comparecientes que este martes han asistido a la primera sesión de trabajos de la comisión de investigación sobre la operación Cataluña. Un testimonio que no ha aportado más que su silencio premeditado con el argumento de cuatro razones: que está jubilado, no está bien de salud, que es policía –y, por tanto, su actividad tiene un especial secreto– y, en último lugar, que si ha ido al Congreso ha sido únicamente por su buena voluntad. Pino no ha querido responder a los audios, documentos y órdenes en las cuales se constataba su participación en el entramado de la cloaca de Interior. Un silencio ensordecedor mientras instaba a los diputados a repasar sus declaraciones en sede judicial en los diversos sumarios de los cuales ha sido protagonista.
Una deliberación ya sin Marchena
En todo caso, la condena de Pino será deliberada y votada el próximo 17 de diciembre por la sala penal del Tribunal Supremo. Una sala que, posiblemente, ya no tenga al magistrado Manuel Marchena como presidente, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciara que sería relevado a partir del 8 de noviembre por caducidad del mandato. El Supremo, en casación, debe valorar si ajustada a derecho la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revocó la primera sentencia, que lo absolvía.
De hecho, el caso de Pino y el pendrive es una muestra de cómo operaba la parte más clandestina de las cloacas del Estado, capaz de manipular o construir pruebas falsas contra los investigados. La instrucción de la causa señalaba cómo intervinieron destacados miembros de la poderosa Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. Por ejemplo, Álvaro Ibáñez Alfaro, (TIP 89140), que casualmente firma casi todos los atestados del sumario de los Pujol en cada una de las investigaciones como, por ejemplo, el estrambótico caso Peñaranda. Es decir, una investigación basada en la confesión de un estafador convicto que acusó a la familia Pujol de tener dinero en la Cataluña Norte y Suiza. Todo resultó un ridículo, además de un fiasco, para la justicia española en el ámbito internacional.
«Muy noble, muy leal, muy Heroica, imperial, coronada…»
Pino fue absuelto inicialmente por la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, aunque la sentencia recogía un sonoro varapalo del juez instructor. Aquella resolución fue lo suficientemente escandalosa porque admitía que la policía obtuvo pruebas sobre los Pujol Ferrusola de un pendrive sin ningún tipo de custodia judicial. Una conducta que el magistrado concluyó que no podía tener ningún reproche penal y otorgaba cierta pátina de patente de corso a la famosa policía patriótica fomentada por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
La sentencia absolvió tanto a Eugenio Pino como al inspector en jefe Bonifacio Díez, Boni, –uno de los operativos más importantes del caso BPA– de los delitos de revelación de secretos, falso testimonio y estafa. Pero, el equipo de abogados formado por Albert Carrillo y Cristóbal Martell recurrieron haciendo una disección del delito de revelación de secretos y su doctrina, y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidieron darles la razón y condenaron a Pino.
El abogado de Pino no se quedó de brazos cruzados y interpuso el recurso de casación donde reclamaba que se hiciera «justicia» en la ciudad de Madrid con esta original y enrevesada fórmula: «Hacer Justicia que imploro en la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Imperial, Coronada, Excelentísima e Invicta Villa y Corte de Madrid en el octavo día del séptimo mes del año de gracia de 2022».
La sórdida historia del ‘pendrive’
El caso nació cuando policías que participaban entregaron en 2015 a la UDEF un pendrive con datos personales reservados y referencias a los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente. El 1 de abril de 2016, el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que entonces dirigía José de la Mata, que instruía la causa de los Pujol, registró un extraño informe de la UDEF. Era el atestado BLA G24. En resumen, el documento analizaba la documentación que había en la memoria USB de los Pujol.
Este informe lo firmaba el inspector Álvaro Ibáñez. El policía afirmaba con todas las letras que la información del pendrive provenía del registro de la sede de la agencia de detectives Método 3, hecho en el marco de las diligencias previas 485/2013, que dirigía el juzgado de instrucción 14 de Barcelona. Es decir, el caso que investigaba el supuesto espionaje político en Cataluña. Según este atestado, el pendrive provenía de la “intervención de varios soportes informáticos, donde se encontraban los documentos» que eran objeto del informe.
El juez decidió registrar el atestado policial y abrir una pieza separada. Ahora bien, el pendrive no llegó físicamente a la Audiencia Nacional hasta el 6 de febrero de 2017. Finalmente, al juez le pareció raro y, audazmente, lo expurgó de la causa para no contaminar el resto de la instrucción. La familia Pujol, perpleja por el intento torpe de la policía española de dar gato por liebre, generó una denuncia de Jordi Pujol Ferrusola contra los implicados, que fue a parar al juzgado de Instrucción 11 de Madrid y que ahora llega, con condena incluida, al Tribunal Supremo.
Se pillan los dedos
El dos de noviembre de 2016, meses después de presentar el informe sobre el pendrive, Pino, como DAO, se personó voluntariamente en la Audiencia Nacional y registró un escrito en el que exponía que, «a finales de 2012 o principios de 2013, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas, le mostró “una memoria USB que provenía de Método 3” y que le habían entregado los detectives de la agencia Antonio Tamarit y Julián Peribáñez, alias los Magos -un apodo por la semejanza del apellido Tamarit con el del famoso ilusionista Juan Tamariz. Esta historia, sin embargo, duró poco. Pino se arrepintió y el 16 de febrero de 2017 cambió su versión. Rectificó y negó que Marcelino Martín Blas le dijera que provenía de Método 3.
Pino no era el único que se pillaba los dedos con el pendrive. En marzo de 2015, su mano derecha, el inspector Bonifacio Díez, alias Boni, de acuerdo con el DAO, entregó al entonces comisario en jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, un pendrive con información de Jordi Pujol Ferrusola. Una información que habría sido grabada en la memoria USB –según una pericial de la Guardia Civil– el 4 de marzo de 2015. Boni declaró el 24 de octubre de 2016, una semana antes que Pino, en la Audiencia Nacional. En su declaración dijo que no recordaba si había aportado al jefe de la UDEF el pendrive, pero dijo que “no sabía nada de Método 3 ni de su posible relación con Método 3”.
En una nueva declaración en 2018, el mismo Boni se autoenmendó y las contradicciones y carencias del relato vuelven a ser evidentes. Y aún se complicó más la historia cuando el mismo juzgado 14 de Barcelona –que instruía la causa de Método 3– informó a la Audiencia Nacional que los archivos que supuestamente contenía el pendrive no se encontraban en su sumario. Boni puso en duda entonces que entregara el lápiz al jefe de la UDEF. Aún se enredó más la toxicidad del pendrive con la declaración de Martín Blas, que negó haber tenido acceso. Vázquez reconoció al juez que Boni “no le había dicho expresamente que el lápiz provenía del DAO pero que tampoco hacía falta, porque todo lo que llevaba Boni provenía del DAO”. Un registro que consta en la causa, de material que sale del DAO, referencia un pendrive del 4 de marzo de 2015 con “información confidencial” sobre los Pujol.
Haciendo limpieza encuentran el ‘pendrive’
Además de todo este lío, hay que tener presente que el pendrive estuvo entre marzo de 2015 hasta septiembre de 2017 desaparecido. Sin ninguna custodia policial. Una desaparición que, si bien ya sorprende por sí misma, aún despierta más suspicacias por la manera en que resucitó. En concreto, “haciendo limpieza del cajón” del inspector en jefe de la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, que se lo comunicó a su superior, el comisario Vázquez.
De hecho, Álvarez Luna admitió al juez que lo entregó a un grupo investigador de la UDEF el 13 o el 14 de marzo de 2015 y que no lo volvió a ver hasta 2017. Finalmente, el jefe de la brigada, un policía llamado José Manuel García Catalán, lo entregó a la Audiencia Nacional el seis de febrero de 2017. En todo este contexto, el oscuro origen del pendrive lo corrobora una extraordinaria conversación entre José Manuel Villarejo, comisario de policía ahora jubilado y uno de los ejecutores de la operación Cataluña, con el jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, el 7 de septiembre de 2017.
Villarejo también explicaba que el pendrive lo había pasado «Ruiloba». Se refieren al exjefe del grupo de cibercrimen de la Prefectura Superior del Cuerpo Nacional en Cataluña, que después fichó por la agencia de detectives que dirigía Francisco Marco. De hecho, la tesis expuesta por Villarejo tiene el reflejo en sus agendas, donde anota la preocupación de Pino por el asunto del pendrive y cómo el ya ex DAO pide ayuda. De hecho, el audio también refleja el bajo nivel del equipo de Pino.
Incluso un líder de Ciudadanos
Uno de los principales protagonistas del escándalo del pendrive es el inspector del CNP Álvaro Ibáñez, jefe del grupo XXIV de la UDEF. Este policía redacta el informe del pendrive donde aseguraba que la información provenía del registro de Método 3. El juez, en primera instancia, no se lo creyó y lo imputó. El policía bien seguro que sabía que la información del pendrive provenía de una entrada ilegal en el despacho de Jordi Pujol Ferrusola el verano del año 2002, debido a la guerra entre CDC y Unión Democrática por las licencias de juego en Cataluña. Los ladrones buscaban información comprometida de Pujol Ferrusola, pero la información no iba más allá de datos sobre su actividad mercantil sin ninguna irregularidad detectada.
La imputación del inspector Ibáñez fue un asunto de Estado. Hay que recordar que este policía es el autor de la mayoría de los informes de la causa de los Pujol y también del caso Palau. El hecho de haber mentido sobre la trazabilidad o el origen del atestado restaría toda credibilidad al resto de informes incriminatorios elaborados por este policía y todo caería como un castillo de naipes. Ante el riesgo, el Estado le envió la patata más crujiente de la bolsa de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, el arquitecto de la acusación de los letrados del Estado contra los líderes del Proceso y exportavoz de Ciudadanos en el Congreso, para defenderlo. Hizo el trabajo y logró que le fuera retirada la imputación.
