La Operación Cataluña entra en una nueva fase. Como mínimo, judicialmente hablando: es la guerra entre sus protagonistas. Una batalla que, de momento, el juez instructor de la causa Tándem, que investiga los entramados de las empresas del comisario ya jubilado del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo, esquiva con todos los trucos que le permite la ley de Enjuiciamiento Criminal. De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con la connivencia de la fiscalía, ha evitado que a las 40 piezas separadas de la causa entre nada de la Operación Cataluña. La última resolución ha sido este mismo lunes, en que ha tumbado la pretensión de los Pujol Ferrusola de personarse como perjudicados.
Pero el comisario Villarejo no lo ve igual, y el pasado jueves registró un escrito ante el juzgado donde, además de denunciar las filtraciones de la documentación del sumario, incorpora de nuevo una historia donde involucra un detective privado que se hacía pasar por abogado de la familia Pujol, un preso de confianza en el centro penitenciario de Estremera –donde el comisario estuvo enchironado– y el ex jefe de los servicios de espionaje de Venezuela, el general Hugo Carvajal. De hecho, el comisario ya planteó este curioso juego de personajes en un escrito supuestamente registrado el 1 de septiembre de 2021, que el juez no se molestó ni a responder. Una historia kafkiana que añade todavía más sombras a los operativos contra el Proceso.
La pieza 28
En concreto, el escrito presentado por Villarejo la semana pasada reprochaba al juez, al ministerio fiscal y a los efectivos de la Unidad de Asuntos Internos que abriera la pieza separada número 28 de la macrocausa Tándem. Una pieza que se habría abierto, según el comisario, con «finalidades perversas» y que ahora «se haría ir como coartada de la ley de amnistía». Así, recuerda que la pieza se abrió a raíz de una denuncia presentada por el exdirector de Método 3, Francisco Marco, al Grupo III de Asuntos Internos, con dos archivos de audio.
Según indica la denuncia, el detective habría estado investigando el comisario y en sus pesquisas habría contactado con una persona que «viviría en la zona de Alicante» que estaría «ofreciendo información que habría atesorado Villarejo en los últimos años, a cambio de precio». Este individuo, según compilación la documentación de la pieza separada, «no se habría podido identificar». El comisario en ninguno de los agentes encubiertos, uno de los sesos operativos de la Operación Cataluña, acusa Francisco Marco de hacerse pasar por los abogados de la familia Pujol Ferrusola, cuando «un preso de confianza de Estremera le ofreció información del mismo comisario».
El CNI, también por el medio
El preso en cuestión aparece en el escrito presentado por Villarejo como Javier Cubero. Este preso se habría enterado de una carta que habría enviado Josep Pujol a Villarejo. Con esta información se habría puesto en contacto con el supuesto abogado de los Pujol. Pero la historia todavía regala más sorprendidas. Atendido el escrito de Villarejo, Cubero es un preso de confianza interpuesto por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la celda de Hugo Carvajal para informar de «todo el que hace el ex jefe del espionaje venezolano». Cubero fue uno de los denunciantes de la formación política Podemos a la Audiencia Nacional. El escrito llega a inferir que Cubero, ahora ya en tercer grado, se encontraba con Carvajal cuando quedó en libertad. Con la información presumiblemente recogida a través de este sistema bastante rebuscado se habría interpuesto la denuncia que habría abierto la pieza separada de dónde, a criterio de Villarejo, habría salido diversa documentación difundida de la Operación Cataluña.
Esta situación constataría, según el comisario, la colaboración del CNI con el detective y, incluso, con los intentos de denunciar la Operación Cataluña a los tribunales. Incluso, el escrito aporta datos de la posible financiación del plan del falso detective para saber qué información tenía el comisario en la prisión. Una historia tan compleja y alambicada que ni fiscalía ni el juez le dan curso. La tesis presentada por Villarejo es que las filtraciones solo sirven para «beneficiar la causa independentista y justificar la ley de amnistía». Todo ello una operación del gobierno socialista español para justificar el acuerdo y el pacto que supone la amnistía.
