Además de estado mayor, la policía patriótica también tenía tropa. Sería un segundo escalón que varios afectados por la trama político-policial contra el Proceso han detectado a medida que se va obteniendo más información y más documentación del funcionamiento de esta brigada política de la época de Mariano Rajoy. Ahora la sospecha rae en miembros del mando intermedio de unidades altamente especializadas del Cuerpo Nacional de Policía, que habrían participado de este entramado para parar el independentismo. Precisamente, entre los policías que habrían ayudado a configurar noticias e investigaciones ficticias contra líderes políticos y civiles soberanistas.
La clave de vuelta para destapar más nombres de policías que habrían participado de esta estrategia son los documentos aportados a la causa Tándem. Un sumario dirigido por el titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga las actividades de empresas del comisario de inteligencia José Manuel Villarejo, ahora jubilado. Uno de los documentos que ha levantado las primeras sospechas es, precisamente, una nota informativa del comisario del 29 de diciembre del 2012, que apuntaría al «chapuza» de la denuncia anónima que comenzó las pesquisas judiciales alrededor de la operación Cataluña. Una denuncia de un supuesto empresario registrada el dos de noviembre del 2012, 23 días antes de las elecciones en el Parlamento de Cataluña avanzadas por el presidente Artur Mas, con el compromiso de convocar una consulta de independencia.
Una denuncia tramitada, curiosamente, por un viejo conocido de las causas contra el independentismo, el inspector Álvaro Ibáñez, con TIP 89140 y jefe del grupo 24 de la UDEF. Este policía firma casi todos los atestados del sumario del caso Pujol en la causa pendiente de juicio a la Audiencia Nacional contra la familia del expresidente. Un inspector que, por otro lado, se salvó de una condena por el caso de los pendrives
Una nota informativa clave
Entre las pruebas recogidas en la causa Tándem, apareció la nota del 29 de diciembre del 2012, con la calificación «de alta fiabilidad», con el sello «de información confidencial» y con «AEC» como «asunto», acrónimo en castellano de Actividades En Cataluña. Esta nota de inteligencia de cinco páginas, a la que ha tenido acceso El Món, destaca un inquietante aviso sobre la «chapuza» que suponía haber puesto en circulación esta denuncia anónima. El comisario Villarejo responsabilizaba el agente de policía que lo había trasladado al juez, el inspector 89140.
De hecho, la denuncia también es bastante jugosa. Básicamente, porque avala la tesis que la operación Pujol, posteriormente bautizada como operación Barna y después operación Cataluña, fue una maniobra para tapar los escándalos que en aquel momento asediaban el actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, como la crisis de Botsuana, el caso Corinna Larsen o las comisiones por obra pública de empresas españolas al extranjero. La nota, además, detalla varios objetivos que se estaban investigando en un plan «de ejecución a medio y largo plazo» pero que ya estaban dando frutos «consiguiendo datos de cierto interés de los objetivos señalados». Estos objetivos son, sobre todo, miembros de la familia Pujol y varios empresarios que, a su parecer, simpatizaban con la causa del Procés.
Crítica abierta a la denuncia anónima
La última hoja de la nota, pero, Villarejo no esconde su malestar por el asunto de la denuncia anónima, tanto por el contenido como por la forma. «Tampoco era procedente haber remitido en noviembre, desde el Grupo de Blanqueo de la UDEF, un anónimo para que el juez del caso Palau lo valorara y al mismo tiempo lo hiciera público a través de la prensa», pone negro sobre blanco Villarejo, con un tono de queja evidente. Así, añadía que «actuaciones de esta naturaleza no benefician de ninguna de las maneras la operativa que se está llevando a cabo a la AEC; y más, cuando los dos folios se han elaborado, son una chapuza tan poco creíble».
En esta línea, reprocha que se haya utilizado la figura de un supuesto empresario retirado que ha decidido explicar todo el que sabía. «Actuaciones descoordinadas generan alertas que hacen dudar de toda la información publicada», alerta la nota informativa dirigida a la cúpula de Interior. Unas constataciones que apuntan al hecho que la autoría del anónimo es de los mismos policías integrantes de este grupo, o como mínimo, de quien remitió esta denuncia al juez, el inspector Álvaro Ibáñez. Además, el hecho que haga constar «informaciones publicitadas» que ahora perderían verosimilitud apunta que ya se habrían publicado noticias o filtraciones falsas de manera previa contra los «objetivos» que apunta la nota informativa.
Incluso, un enfrentamiento con el CNI
Hay que subrayar que la nota informativa señala una posible confrontación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque la denuncia anónima pose por el medio la lista Falciani. En detalle, la nota indica que utilizar el nombre de «el espía suizo» era intentar marear entre el ministerio del Interior y los servicios de inteligencia español que protegían el banco BSCH como «un activo muy importante con el cual siempre han contado para tareas sensibles del Estado». Para Villarejo, «entienden que es un ataque indirecto a la estrategia del servicio de inteligencia, más conciliadora con CiU que la que se está propugnando desde este ministerio, con su titular como principal impulsor de la dureza a aplicar».
