No ha habido fumata blanca contra la sequía. La cumbre celebrada este viernes ha acabado después de prácticamente cuatro horas de reunión y sin ningún tipo de acuerdo. El gobierno catalán, no obstante, ya ha advertido que tirará adelante con las medidas a pesar de no haber rubricado este pacto con los partidos parlamentarios. El impedimento para llegar a un acuerdo han sido principalmente las sanciones previstas en el decreto del gobierno catalán por aquellos municipios que incumplan el límite de agua establecido para paliar la sequía. Ha sido la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, quien ha comparecido para confirmar esta falta de acuerdo y exponer la propuesta del Gobierno que no han aceptado el resto de formaciones.
Jordà ha detallado las propuestas del Gobierno, que se pueden dividir en los siguientes siete puntos, y que no han convencido los partidos que este viernes se han encontrado en una reunión de emergencia para hacer frente a la sequía:
- Periodo diferido de aplicación del régimen sancionador por haber excedido la cantidad de agua disponible hasta el 1 de julio del 2023 -el gobierno catalán había pactado esta fecha con Juntos por Cataluña después de varias reuniones-.
- Incorporar la tramitación de urgencia de la Ley de Contratos del Sector Público por las obras relacionadas con la garantía del abastecimiento.
- Abrir una partida extraordinaria de los presupuestos para hacer frente a la situación de sequía y compensar los municipios con subvenciones.
- Permitir que la ACA pueda convocar una línea de subvenciones por la mejora de la eficiencia hidráulica.
- Modificar el Plan Especial de Sequía para permitir que las piscinas municipales o asimilables se puedan llenar por razones de salud pública relacionadas con el exceso de calor.
- Modificar o sustituir los caudales asignados al abastecimiento de poblaciones.
- Compromiso de que el Gobierno y los partidos trabajen conjuntamente en la redacción del Decreto Ley antes de su aprobación
El horizonte de las municipales
Jordà ha lamentado la falta de acuerdo y ha dicho que el decreto «no pretende multar» sino proteger el agua en un contexto de emergencia al cual llegaremos en tres meses si no llueve. «La vocación del decreto era disuadir. No hemos encontrado la voluntad suficiente, ha saltado este único punto», ha explicado. La consejera se ha preguntado si la cumbre habría acabado de una forma diferente si no hubiera al horizonte unas elecciones municipales muy próximas. «Desde un grupo concreto se nos ha dicho que no veían claro las sanciones a pesar de que los importes eran básicamente para disuadir«, ha explicado.
Además, la consejera ha señalado que las sanciones no eran el principal punto del acuerdo y ha recordado que había una partida prevista para apoyar en los municipios. De hecho, el detalle de estas ayudas a los ayuntamientos era el siguiente según el documento de acuerdo del gobierno catalán:
- 50 millones para los ayuntamientos para que puedan hacer obras. Se vehicularían a través de una nueva línea de subvenciones de la ACA con los mismos porcentajes de financiación que las líneas de subvención vigentes.
- Ampliación de la dotación presupuestaria de la línea de subvenciones abierta por la ACA de 15 millones a 40.
- Apertura de una nueva convocatoria durante el mes de mayo para cofinanciar los gastos en el transporte de camiones cuba y obras de emergencia.
- Apertura de una nueva convocatoria de subvenciones para la redacción de planes directores de abastecimiento municipal.
- Apoyar a la redacción de planes de emergencia y ahorro municipal para los municipios de menos de 20.000 habitantes.
El PSC, contrario al régimen sancionador, dinamita el acuerdo
El PSC ha defendido en una comparecencia posterior que ya había comunicado en el Gobierno que pediría la retirada del régimen sancionador previsto al decreto y que el ejecutivo había acordado con Juntos por Cataluña gracias a un pacto para establecer una moratoria. Los socialistas han insistido en la retirada de las sanciones, el que ha dinamitado las negociaciones. Los socialistas intentarán eliminar las sanciones durante la tramitación de la ley, dado que no se han salido en esta cumbre.
«En cuanto al electoralismo, no nos sentimos nada interpelados por la afirmación de la consejera, sobre todo viendo el que pasó a Santa Coloma», ha defendido la diputada socialista Sílvia Paneque en respuesta a la acusación de Jordà, que ha visto en la falta de acuerdo una relación con las próximas elecciones municipales.
Juntos carga contra el gobierno catalán por su «debilidad»
El portavoz del grupo parlamentario de Juntos, Albert Batet, ha lamentado las «actitudes y enrocamientos ideológicos» que han imposibilitado un consenso de mínimos y ha cargado contra el gobierno catalán por ser «débil» y actuar «pensante en el partido y no en el país». Batet ha explicado que Juntos mantiene su posicionamiento contrario a las sanciones, pero ha dado el brazo a torcer y ha acordado la moratoria de las sanciones hasta el 1 de julio. El tono de Batet ha estado muy duro hacia el gobierno catalán, a quien ha acusado de «carencia de liderazgo». «Defendemos los ayuntamientos. El gobierno catalán no puede centrifugar responsabilidades. No se puede enfrentar la emergencia desde las sanciones e imponiendo tarifas», ha espetado antes de concluir su intervención.
